jueves, 15 de mayo de 2014

Una democracia autoritaria, sin calidad ni consensos

Editorial de La Nación (*)
La declinación argentina en materia de infraestructura institucional quedó otra vez evidenciada en el último ranking de la Fundación Libertad y Progreso (**)
Desde 2007, la Argentina cayó 41 puestos en el Índice de Calidad Institucional (ICI) que elabora la Fundación Libertad y Progreso sobre la base del promedio de indicadores reconocidos por organismos internacionales para ese tipo de medición. Se trata de la vigencia del derecho en los países, la rendición de cuentas de sus gobiernos, la libertad de prensa , la percepción de la corrupción , la competitividad global, la libertad económica y la posibilidad de realizar negocios.
El lamentable desempeño de nuestro país debe llamarnos a una profunda reflexión. No es la primera vez que desciende en forma abrupta en rankings que miden su calidad institucional. Con anterioridad, nos anoticiamos de las bajas notas que hemos merecido en materia de lucha contra la corrupción, de acceso a la información pública y de respeto a las reglas de juego económicas.
Durante la última década, también hemos caído en calidad educativa. Ya no tenemos casas de estudios en el selecto grupo de universidades de mayor prestigio del mundo y un amplio sector de nuestros alumnos secundarios ni siquiera puede dar muestras de una mínima eficiencia en las pruebas internacionales PISA. No somos un país competitivo en muchos aspectos y, cada vez con mayor frecuencia, se nos relega por no resultar confiables.
El año pasado, esa falta de credibilidad derivó en que se nos excluyera de una medición internacional sobre inclusión social, junto con Venezuela.
Los datos proporcionados por nuestro Gobierno no son creíbles. El flamante nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional, que en teoría venía a reemplazar largos años de mentiras y desmanejos en el Indec, ya empezó a mostrar fisuras, mientras se siguen escatimando datos clave como pobreza e indigencia, entre otras tantas variables manipuladas políticamente.
En ese contexto, no era esperable que la nueva medición del ICI resultara favorable para la Argentina. La caída de 41 puestos en calidad institucional la iguala a Madagascar, mientras hemos descendido aun más que El Salvador, que cayó 32 puntos, y Belice y Fiji, que descendieron 31.
El control de cambios, las políticas económicas erráticas y el avance sobre la libertad de prensa y la Justicia explican, según la fundación a cargo del ICI, el derrumbe institucional del país en esa medición donde la Argentina ocupa el puesto 134 entre 192 naciones auscultadas. El tope de la nómina, como ha venido sucediendo en los últimos ocho años, aunque en distinto orden, lo ocupan Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza y Dinamarca. Corea del Norte se encuentra en la última posición de la lista. Venezuela, que también se ubica entre las naciones con peor desempeño, es curiosamente uno de los países al que nuestro Gobierno rescata y defiende. En Venezuela, en grado extremo, y en muchos de los países como en el nuestro, se somete a la ciudadanía a graves limitaciones como la falta de información veraz y la manipulación de las estadísticas, se avasalla a la Justicia y a los poderes legislativos, se cambian constantemente las reglas de juego en materia económica y se desprecia la seguridad individual, además de la jurídica, que a tantos inversores ha ahuyentado y ahuyenta, entre otros muchos factores que transforman a esas democracias en autoritarismos encubiertos.
La pregunta que debiera guiarnos es si nuestro país puede recuperar su calidad institucional y de qué o de quiénes depende que ello suceda. La respuesta no puede ser otra que positiva, pero requiere de una enorme autocrítica y de un esfuerzo de proporciones por parte del Gobierno, claro está, pero también de nosotros como sociedad, pues muchas veces toleramos este tipo de situaciones, ya sea en forma consciente o porque nos ha ganado el desánimo. Basta con mirarse en el espejo de otros países que han recuperado posiciones en calidad institucional para entender que se puede mejorar. En un plano más lejano, es lo que ocurrió con Ruanda. En el más próximo, es lo que sucede con Chile, Perú y Colombia. Son países que, según el informe sobre el ICI, han mantenido políticas consistentes a pesar de la sucesión de gobiernos de distinto signo político, lo cual ha generado condiciones de seguridad para la inversión y un continuo proceso de crecimiento económico, junto con un avance en materia de seguridad.
En el caso de América, un dato interesante del ICI es que países con problemas de calidad institucional como Belice, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Ecuador y Venezuela han mostrado fenómenos comunes como las estatizaciones de empresas, las políticas populistas, los avances sobre la prensa y el intervencionismo económico.
La declinación argentina en materia de calidad institucional da cuenta de un Estado que pretende intervenir en todo, pero que no tiene capacidad para controlar nada, especialmente la corrupción administrativa que lo rodea. Refleja un Estado donde los organismos de control no sirven, pues han sido cooptados por un poder político que nunca se controlará a sí mismo; donde la falta de independencia del Banco Central torna utópico que se pueda enfrentar una tasa de inflación cada vez más elevada, y donde, indirectamente, las autoridades han sido cómplices del crimen organizado, al negar durante mucho tiempo su existencia.
Como sociedad, debemos hacernos cargo de la responsabilidad que nos toca y trabajar duro para recrear los consensos -como bien lo señala el último documento de la Iglesia- que nos permitan recuperar esa calidad. Cuanto más demoremos, será más difícil restaurar los daños.
(*) Editorial de La Nación. Artículo publicado el 11 de Mayo de 2014.
(**) Libertad y Progreso es un centro de investigación en políticas públicas creado a partir de la fusión entre CIIMA, Foro Republicano y Futuro Argentino. "Nos unimos para formar un centro de pensamiento crítico e investigación aplicada a resolver los problemas de la ciudadanía, promoviendo los valores y principios de la República Representativa Federal,,,(...)...Somos una fundación sin fines de lucro, privada e independiente de todo grupo político, religioso, empresarial o gubernamental. No aceptamos dinero del Estado. Nuestro fondos provienen únicamente de aportes individuales de personas, fundaciones y empresas comprometidas con el futuro del país..."