sábado, 23 de agosto de 2014

La Semana 34 – La Re-Reestructuración

Por Germán Gegenschatz (*)
“Creo que se debería ir por el camino de mejorar, y mucho, la propuesta del gobierno. O bien formular una propuesta diferente. Un mero rechazo opositor o la insistencia ciega del gobierno en no cambiar la propuesta serían, ambas, posturas impropias del momento que vive nuestro país, y de la gravedad del tema.”

Una de las razones que dificulta al gobierno acordar con los fondos buitres es que se los dejó de ver, y de mostrar, como bonistas no reestructurados hace ya mucho tiempo. Puesta la etiqueta de buitre y escalado verbalmente el conflicto resulta políticamente difícil de acordar, sería casi como explicar que se ha transado con el diablo.
Planteado así el escenario puede recibir la misma etiqueta de buitre, en carácter de socio local, cualquiera que se salga de la estrategia oficial, o proponga alternativas diferentes.
La propuesta denominada Pago Soberano de Deuda Pendiente de Canje, esta en pleno proceso, en realidad es una suerte de Re-Reestructuración de la deuda. En este punto del proceso conviene destacar los hechos más relevantes en este tema e ir sacando conclusiones.
Hechos relacionados a la protección de la soberanía.
Para el canje del 2005 se dictó el Decreto PEN Nº 319/2004 firmado por el presidente Néstor Kirchner, en su el Art. 8° expresamente dice: “Autorízase la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales … ubicados en la ciudad de NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana.”
Para el canje del 2010 se dictó el Decreto PEN Nº 1953/2009 firmado por la actual presidente, en su Art. 3º expresamente dice: “Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, … a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales … ubicados en la Ciudad de NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana”.
Estas fueron las condiciones impuestas por Argentina y aceptadas por el 93% de los bonistas reestructurados en los exitosos canjes de 2005 y 2010. Es decir, en ambos canjes se resignó: ley aplicable, jurisdicción y derecho a oponer la defensa de inmunidad soberana. Agrego que los prospectos de los bonos incluyen estas resignaciones.
Por tanto la primer conclusión es: si la propuesta del gobierno fracasa, en todo o en parte, las normas que mencioné son las que regirán las disputas judiciales para quienes decidan no aceptar la Re-Reestructuración, o que no puedan cobrar su crédito por cualquier motivo. Recordemos que con normas iguales ya perdimos al menos un juicio.
Que cambia en el proyecto de pago soberano.
La Re-Reestructuración se presenta como una solución al tema de la deuda. Veamos entonces, que cambios propone el gobierno para evitar que al default de selectivo se le sume un default de toda la deuda reestructurada:
- Se cambia el lugar de pago a nuestro país (para eludir el freno al pago impuesto por Griesa).
- Para los bonistas reestructurados se designa como Agente Financiero local a Nación Fideicomiso S.A. y deja abierta la posibilidad de elegir otro Agente Financiero.
- Para todos los bonistas queda abierta la posibilidad de cambiar la ley aplicable y la jurisdicción optando por nuestras leyes y tribunales.
- Para los holdouts (buitres): se abre una cuenta de Pago Soberano de Deuda Pendiente de Canje,en la cual se depositará de la misma forma que se le paga a los demás bonistas, y los que quieran cobran lo podrán hacer en condiciones equitativas para todos sus acreedores, según la interpretación convencional y generalmente aceptada del término pari passu.
La segunda conclusión la resumimos en 4 aspectos:
1- La ley no es obligatoria para los bonistas. Aún cuando se sancione la ley, para ser aplicada requiere de que cada bonista preste su conformidad.
2- Los cambios propuestos por el gobierno afectan a toda la deuda, la que siempre estuvo en default (holdouts) y la reestructurada en los canjes 2005 y 2010.
3- La ley no autoriza a ofrecer a los holdouts algo mejor que lo recibido por los bonistas de los canjes 2005 y 2010.
4- La propuesta, tal como se publicó, parece dirigida fundamentalmente remover el estado de default selectivo. Este objetivo se busca ofreciendo otro lugar de pago fuera del alcance de Griesa.
Si todo sale bien que futuro nos espera.
Todo sale bien significa que, por la ley que propone el gobierno, los bonistas reestructurados vengan a cobrar a Argentina (se soluciona el default selectivo), y que los holdouts acepten cobrar lo mismo que los reestructurados, con más someterse a nuestras leyes y jueces (solución al default).
Si sucede esto el 2014 se sumaría a la deuda Argentina, según datos oficiales, las siguientes deudas: por el acuerdo con el Club de París: u$s 9.700 millones, por el acuerdo con Repsol: u$S 6.150 mill. y por bonos que no ingresaron a los canjes de deuda: u$S 11.739 mill. Resumiendo la deuda pública neta Argentina[1] crece a más de u$s 89.000 millones de los cuales más de u$S 18.000 mill. vencen en el 2015.
La tercer conclusión es una pregunta ¿Hay divisas para pagar si todo sale bien?.
La Re-Reestructuración.
Desde el 2001 Argentina no tiene crédito externo porque siempre estuvo en default, cada vez de menor cuantía, pero siempre con parte de la deuda en default. Para solucionar este situación es que se pagaron juicios del CIADI, a los acreedores del Club de París y la indemnización a Repsol.
La sentencia del juez Griesa cerró las probabilidades de que el gobierno logre financiamiento externo antes del 2015 que era la intención. Ahora, con las tres primeras conclusiones cabe plantearse seriamente si este intento será o no exitoso.
Creo que el gobierno, en el mejor de los casos, puede estar más entusiasmado que convencido del éxito de esta Re-Reestructuración. Me parece que las incertidumbres y temores se están resolviendo por el lado político de empujar a todo el arco opositor a votar a favor o en contra de un proyecto que genera mas dudas que certezas.
Digo esto porque si la ley sale y fracasa las culpas se comparten, y si no sale el default es casi un hecho inevitable y la culpa irá a quienes no votaron a favor. Pero no parece estar funcionando, parte de la UCR, la izquierda, el PRO y el Frente Renovador no acompañarían la ley, lo cual coloca al gobierno jugando en soledad y al todo o nada su proyección política hacia el 2015.
La gravedad de la situación requiere orientar el esfuerzo a mucho más que a una movida política de coyuntura, fundamentalmente porque no es un tema menor. Afecta a todos y por décadas.
No tengo dudas que la medida del Juez Griesa de impedir el cobro de sus acreencias a buena parte del 93% de los bonistas que entraron en los canjes es excesivamente desproporcionada. Si la comparamos con los derechos de cobro que protege, no hay proporción de montos ni mucho menos si se pondera los perjuicios que provoca a terceros.
Con la misma lógica pienso que exponer al país a los nocivos efectos de generalizar un default selectivo al total de la deuda, ese 93% reestrucurado, es un remedio igualmente desproporcionado para solucionar el problema de pago que plantea el Juez Griesa. Nuevamente no hay proporción entre el monto reestructurado que se expone al default y el dinero necesario para arreglar con los holdouts de alguna forma de aquí a 5 meses.
Creo que se debería ir por el camino de mejorar, y mucho, la propuesta del gobierno. O bien formular una propuesta diferente. Un mero rechazo opositor o la insistencia ciega del gobierno en no cambiar la propuesta serían, ambas, posturas impropias del momento que vive nuestro país, y de la gravedad del tema.
Lo que revalorizaría al gobierno sería convocar sinceramente a las distintas fuerzas políticas, para elaborar una propuesta de solución compartida y definitiva de este problema.
El desafío es sumar a la vehemencia en la defensa de los intereses nacionales, la unión y la inteligencia aplicada a encontrar una solución a la deuda, transformando así ese interés tan valioso y convocante que es el amor a la patria en una realidad concreta y efectiva. Sepamos que no hay logro colectivo que se logre en soledad ni improvisadamente.
(*) Germán Gegenschatz. Abogado - Dipl. Historia Política Argentina
 Buenos Aires, 22 de agosto de 2014.

[1] Deuda pública neta excluye a los pasivos debidos a organismos del propio Estado como la ANSeS, el Banco Central o el PAMI. La deuda pública bruta, es decir, incluyendo todo, es de aproximadamente u$s 202.630 millones que equivale a un 39,5% del PBI total estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en aproximadamente u$s 512.950.