miércoles, 3 de septiembre de 2014

Hay que terminar con los ajustes

Por Albertop Benegas Lynch (h) (*)

A través de cargas fiscales excesivas y manipulaciones monetarias se vacía el bolsillo de la gente para sostener un Estado desbordado, que impide el florecimiento de la economía.

Resulta muy curiosa cierta terminología empleada en algunos países. Sorprende el uso de la palabra “ajuste” en el sentido de apretarse el cinturón y el consecuente empobrecimiento, sea por el período que sea.

Si se observa esto con un mínimo cuidado, se percibe que dicho ajuste en los bolsillos de la gente ocurre en la medida en que el Leviatán se expande y arrebata el fruto del trabajo ajeno a través de cargas fiscales inauditas, manipulaciones monetarias y deudas internas y externas crecientes, todo para financiar gastos públicos siderales en el contexto de regulaciones asfixiantes.

En esta línea argumental, en la medida en que se revierta esa política, devastadora para el bolsillo de la gente, disminuye el ajuste y se permite el florecimiento de la economía para que cada cual siga el camino que considere más apropiado; se dejan así de lado los caprichos y las arbitrariedades de los megalómanos instalados en el poder.

Podemos hacer un símil con corredores en una competencia de cien metros llanos. Si se pretende que los participantes se desempeñen lo mejor posible, pero, simultáneamente, se les cargan mochilas con piedras cada vez más pesadas, lógicamente no se logrará la meta del mejor desempeño, sino que será cada vez peor.

Sin embargo, se suele hacer referencia al “ajuste” cuando se apunta a aliviar la carga y no cuando se la acrecienta. Este punto ilustra el clima de ideas que prevalece: es tragicómica y muy cobarde la articulación del discurso de muchos políticos que no se atreven a enfrentar los problemas, por lo que se limitan a proponer la “reasignación” de la parte que succiona el aparato estatal sin mencionar la indispensable liberación de recursos de los bolsillos de la gente.

En diversos países los políticos que se postulan para cargos electorales repiten que ellos son bondadosos (y desinteresados) y sugieren mantener o incluso acrecentar la dimensión del monopolio de la fuerza, una noción miope, equivocada y sumamente dañina. Como queda dicho, el ajuste en el nivel de vida de la gente se debe precisamente a los manotazos de los tentáculos del aparato estatal.

Antes de la Primera Guerra Mundial, el promedio de la participación del gobierno en la renta nacional en los países civilizados era de entre el 5 y el 8%, mientras que en la actualidad ese mismo guarismo está entre el 40 y el 70%. Estas expansiones insólitas contraen los ingresos de los gobernados; es decir, de cada vez menos disponen los titulares que trabajan, mientras los recursos en manos de la burocracia se incrementan cada vez más. 

Este ajuste feroz bloquea la posibilidad de que cada uno use lo que es suyo en el sentido de sus preferencias.

Alan J. P. Taylor abre su monumental obra English History 1914-1945 (Oxford University Press) con las siguientes líneas: “Hasta agosto de 1914, un inglés sensible y cumplidor de la ley podía transcurrir su vida y no percatarse de la existencia del Estado, más allá del correo y de la policía. Podía vivir donde quisiera y como quisiera. No tenía ningún número de cédula de identidad. Podía viajar al extranjero y dejar su país sin pasaporte y sin permiso alguno. 

Podía cambiar su signo monetario por otro sin restricción ni límite de ninguna naturaleza. Podía adquirir bienes de cualquier país en el mundo en los mismos términos en que compraba bienes localmente. Para el caso, un extranjero podía pasar su vida en este país [Inglaterra] sin permiso y sin informar a la policía. A diferencia de otros lugares del continente europeo, no se demandaba servicio militar [?] El inglés pagaba impuestos en una escala modesta: menos del 8% del ingreso nacional”.

Luego vinieron los tremendos ajustes en los ingresos de la gente debido al antes mencionado agrandamiento de los aparatos estatales con los pretextos más inauditos e increíbles, pero básicamente para darles más cabida a los que viven de lo que producen los demás, extendiendo el poder sobre las vidas y haciendas de quienes suponen que el gobierno está para protegerlos.

Liberar cuantiosos recursos acaparados por la órbita estatal implicaría, en ese mismo instante, una transferencia de ingresos a los gobernados, quienes los asignarán en forma acorde con las preferencias de sus congéneres para prosperar. Esto ocurre así consuman o inviertan, y en este último caso, aunque inviertan en dinero, puesto que de este modo transfieren poder adquisitivo a otros, ya que habrá una masa monetaria menor en circulación persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios.

La inmensa ventaja del proceso de mercado frente a la politización consiste en que, en el primer caso, el que acierta en los gustos de los vecinos aumenta su patrimonio y el que yerra, lo disminuye. En el segundo caso, en cambio, los incentivos se apartan de aquel proceso para reemplazarlo por las inclinaciones de los funcionarios de turno.

Es perentorio terminar con los ajustes que provocan gobiernos desorbitados que día a día recaen con más peso sobre el presupuesto de los sufridos contribuyentes. No parece comprenderse que los incentivos inherentes a la sociedad abierta operan en dirección al bienestar de la gente. No es que los que componen el sector privado sean mejores personas que los que trabajan en el sector estatal, sino que los incentivos son sustancialmente diferentes: la forma en que se toma café y se prenden las luces son distintas en uno y otro sector.

Por supuesto, toda esta descripción no tiene lugar cuando irrumpen en escena los amigos del poder que la juegan de empresarios, rodeados de privilegios y mercados cautivos, lo que representa una vil explotación de todos, muy especialmente de los más necesitados.
No parece comprenderse tampoco que el conocimiento está disperso y fraccionado, y que se coordina a través del sistema de precios. Cuando el gobernante con controles absurdos pretende conocer las preferencias y las capacidades de los millones de actores, en verdad concentra ignorancia con su soberbia y genera desajustes fenomenales.

Para liberar recursos, desde luego, no sólo deben venderse activos fiscales inútilmente retenidos, subsidios que carcomen capital y, por ende, conspiran contra los salarios al disminuir las tasas de capitalización, sino que debe reducirse la planta de funcionarios estatales que no cumplen faenas productivas y que son contraproducentes al efecto del bienestar de la gente. Pero es importante destacar que si el mercado laboral es libre, la necesaria reubicación de recursos absorberá ese trabajo en campos productivos, con lo que se elevarán salarios en términos reales debido al aprovechamiento de los aludidos recursos liberados. Nada bueno puede lograrse “haciendo pozos y volviéndolos a tapar”, lo cual es incluso más inocente que dedicarse a combatir a los que producen a través de disposiciones autoritarias alentadas por personajes arrogantes instalados en el poder (en el presupuesto reciente de Grecia apareció que por cada maceta en el ámbito estatal habían once jardineros).

Por su parte, los burócratas declaman sobre cómo deben administrarse las vidas y las haciendas de otros, para lo cual cobran emolumentos sustanciales (cuando no usan los dineros públicos en provecho propio) y lo curioso es que se toman a sí mismos en serio e imponen sus recetas sin mencionar que ellos son el problema; deben dejar que la gente administre sus pertenencias en paz, en lugar de aplicar los ajustes que provocan las adiposas estructuras políticas vigentes.

Es una hipocresía que los políticos reiteren a cada rato que les preocupa “la gente” y que su prioridad es “la gestión”. Indudablemente, salvo contadas excepciones en el mundo, les falta mucha biblioteca, y ni siquiera han rozado la teoría del public choice, que les concierne directamente.

No es posible compatibilizar el gasto público, más allá de lo necesario para seguridad y justicia, con lo que la gente prefiere, ya que las erogaciones estatales van siempre en otra dirección (y si fueran en la misma, no tiene sentido consumir recursos para hacer lo mismo que hubiera hecho la gente).

Entonces, conviene utilizar bien los términos. El ajuste que padece la gente se debe a las cargas que surgen de los aparatos estatales sobredimensionados. Para aliviar o eliminar el ajuste debe sacarse el peso que recae sobre la gente.

(*) Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE. Artículo publicado por el blog de ESEADE el 1 de Septiembre de 2014.