sábado, 11 de octubre de 2014

Ausencias que se hacen sentir

Por Nestor Scibona (*)

En la Argentina sería conveniente buscarle otro nombre al concepto de institucionalidad. Por sus múltiples componentes y acepciones es difícil de definir en pocas palabras; en muchos aspectos está más desvalorizado que el peso; como todo polisílabo no es fácil de pronunciar y, a raíz de todo esto, los políticos suelen eludirlo por considerarlo "piantavotos". Pero quizá si se lo rebautizara como un conjunto de condiciones para ser un país normal y previsible, mucha gente podría advertir que la calidad institucional tiene relación directa con su calidad de vida. Algo similar a la relación entre la calidad educativa y el capital humano del país: su ausencia, temprano o tarde, se hace sentir.
Por lo pronto, la cultura política pasó a relativizar la división republicana de poderes. Si un presidente no controla el Poder Legislativo se acepta que tendría comprometida la gobernabilidad, como si fuera imposible cualquier acuerdo sobre políticas de Estado. Pero la alternativa opuesta son los excesos; especialmente cuando el Congreso delega facultades en el Poder Ejecutivo. No es una cuestión teórica ni intrascendente. Por caso, en los doce años de vigencia de la ley de emergencia económica, el gobierno K reemplazó la renegociación de contratos por una reestatización encubierta de servicios públicos, con tarifas políticas divorciadas de los costos. Resultado: hubo una explosión de subsidios (que hoy realimentan por vía fiscal la inflación que se buscaba atenuar años atrás) y una implosión de inversión, privada y pública. La Argentina debe importar al contado 25% del gas natural que consume y otros combustibles para generar electricidad. Esto deteriora el superávit comercial y acentúa la escasez de dólares, pero no evita en verano los apagones en el área metropolitana de Buenos Aires. En las principales rutas troncales apenas se amplió la capacidad de transporte y se deterioró el resto de la red vial, al igual que la competitividad. Tuvo que ocurrir la tragedia ferroviaria de Once para que el Gobierno decidiera renovar todas las líneas suburbanas con la importación de nuevos trenes chinos, después de años de despilfarro de recursos. Justo ahora, cuando flaquean las reservas del Banco Central.
La delegación de facultades le otorga también carácter permanente al blanqueo gratuito de dólares no declarados, que acaba de ser prorrogado por decreto hasta fin de año pese a sus magros resultados. Nada que ver con el "traje a rayas para los evasores" que prometía Néstor Kirchner. En cambio, pagan un fuerte aumento real de impuestos los trabajadores y contribuyentes alcanzados por Ganancias y Bienes Personales, debido a la desactualización de pisos y escalas frente a la mayor inflación. Otro tanto ocurre con las empresas, que tributan cada vez más sobre ganancias contables. En otros países, como Chile, por ejemplo, hay normas que requieren mayorías especiales en el Congreso para modificar impuestos.
La Argentina ha configurado a través de décadas una intrincada maraña tributaria. Según el especialista Antonio Margariti, hoy rigen 96 impuestos, de los cuales 45 son nacionales (10 de ellos al trabajo); 23 provinciales, más otras 5 "obligaciones fiscales" y 23 municipales de distinto tipo. Pero eso no es todo: desde 2007 hasta mediados de 2013 el régimen tributario agregó 64.390 artículos (a través de leyes, decretos, resoluciones, instructivos, sistemas de retención y percepción, normas aduaneras, disposiciones provinciales y municipales, etcétera), que equivalen a nada menos que 24 tomos de 1440 páginas promedio cada uno. Y el sector privado debe dedicar unos 143 millones de horas anuales de trabajo a entender y cumplir esas normas, añade.
Vale recordar aquí que, jurídicamente, nadie puede alegar desconocimiento para no cumplirlas o evitar sanciones. Lo mismo ocurre con las leyes que, a nivel nacional, ya se aproximan al número 27.000. En 1998 había surgido la iniciativa de elaborar un Digesto Legislativo para depurar y derogar leyes anacrónicas o contradictorias entre sí, pero poco y nada se avanzó. Hubiera sido tan importante como la actualización de los códigos Civil y Comercial, cuestionada ahora por la oposición debido al afán del oficialismo de saltear las formas legislativas.
La desactualización de normas trae otras complicaciones. Por caso, en la Capital Federal aún rige un código urbano de 1977 que permite construir edificios con muy pocas cocheras (o ninguna en algunos casos). Resultado: no hay lugar físico para estacionar en muchas zonas y el "remedio" son las multas fotográficas y/o las grúas. Dicho sea de paso, las multas de tránsito se ajustan por el precio de los combustibles (en dos terceras partes son impuestos), que en los últimos años subieron más que la inflación y se están acercando a valores internacionales.
Por otro lado, resulta contradictorio que el gobierno de CFK subsidie los créditos para la compra de autos 0 km, pero no deje de subir los costos de patentamiento o transferencias, que pueden superar 7% del valor del vehículo (sin considerar impuestos). La clave está en el destino de esos costos burocráticos.
Federalismo desvirtuado
Si bien la Constitución de 1994 dispuso el diseño de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, todos los gobiernos nacionales que se sucedieron en estos 20 años vinieron esquivando ese bulto. Pero fue durante la era K cuando el federalismo fiscal más se desvirtuó, hasta convertirse en un virtual unitarismo (en buena medida con la anuencia de muchos gobernadores). La nueva ley de hidrocarburos, que ya tiene media sanción del Senado, es la prueba más reciente. Máxime si se recuerda que Cristina Kirchner dejó unilateralmente fuera de la refinanciación de deudas con la Nación a las cuatro provincias cuyos mandatarios cuestionaban el primer texto.
Según Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), 2 de cada 3 pesos recaudados en la última década fueron al Tesoro Nacional. Una parte se redistribuyó discrecionalmente entre gobernadores e intendentes "aliados", pero más dependientes de la Casa Rosada. Otra provino del fenomenal aumento del gasto público, disimulado en presupuestos "dibujados" y convalidado por decretos de necesidad y urgencia, sin pasar por el Congreso. En ambos casos los destinos fueron obras públicas o mayor empleo estatal. FIEL estima que actualmente el empleo público representa 22% del total y 38% del empleo formal. A diferencia de Brasil, donde hay rigurosos exámenes de idoneidad, en la Argentina el ingreso a la administración pública se asimila a un seguro eterno de desempleo, a una contraprestación política o a ambas cosas a la vez.

Cuando el gasto total (46% del PBI) ya no pudo ser cubierto por la presión tributaria record (41% del PBI), fue creciendo el impuesto inflacionario surgido del abuso de la "maquinita" del BCRA. Que fue convalidado por la reforma de su Carta Orgánica en 2012, cinco años después de que se suspendiera la ley de responsabilidad fiscal. No hizo falta, en cambio, otra ley para dañar el sistema estadístico y la credibilidad del Indec. Y hasta la resistencia a lanzar billetes de 200 o 500 pesos parece el último capricho en pie para tratar de ocultar lo inocultable. Para un jubilado con el haber mínimo, 38 billetes de 100 pesos no son más plata que 19 de 200.
(*) Nestor Scibona. Periodista y analista político. Artículo publicado en La Nación el 11 de Octubre de 2014