viernes, 3 de octubre de 2014

Inflación y voracidad fiscal

Por Editorial de Revista Criterio (*)
La situación inflacionaria de la Argentina, que en el último lustro parece ubicarse entre 25% y 40% anual, según sea la vara con que se la mida, genera enorme cantidad de desajustes en la vida cotidiana de los ciudadanos: desde la dificultad para planificar el gasto del hogar hasta la imposibilidad de preservar el valor de los ahorros en la moneda local. Para las personas de menores recursos, la inflación afecta de manera directa su subsistencia, dado el aumento de los bienes de consumo más imprescindibles, como los alimentos y la vestimenta. La alta inflación, que parecía un tema del pasado –y en el mundo sí forma parte del pasado–, ha vuelto con fuerza y atraviesa de manera horizontal toda la vida económica del país. No hay sector que no se vea afectado por este flagelo.
Por otra parte, a lo largo de los últimos setenta años, la Argentina acumula un complejísimo sistema impositivo, producto de la suma sistemática de reformas, nuevos gravámenes y modificaciones permanentes, cuya problemática no puede achacársele a un gobierno o partido político, sino de manera consistente a cuanto dirigente haya pasado por los poderes del Estado. Los recurrentes incrementos de la presión tributaria, incluyendo el uso del “impuesto inflacionario”, están íntimamente relacionados con el sostenido aumento del gasto público, que refleja cierta voracidad de la clase política para financiar su gestión, a costa del sector privado.
Con el esquema federal previsto en la Constitución Nacional, un ciudadano con capacidad contributiva está sometido a tres niveles de imposición: el federal, el provincial y el municipal, todo lo cual coadyuva a complejizar aún más el sistema. Dos aspectos que determinan la legitimidad de un sistema impositivo y constituyen la base de su permanencia en el tiempo son el nivel de gasto público respecto del producto nacional como también la existencia de un acuerdo de la Nación con las provincias expresado en una nueva ley de coparticipación federal.
En general, las distintas subas de impuestos o la creación de nuevos tributos, se presentaron como mecanismos de emergencia tendientes a conjurar alguna crisis coyuntural. La promesa siempre fue que, obturadas las causas, se volvería a la normalidad. Podemos poner como ejemplo los distintos incrementos a la tasa correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo origen la encontró en un porcentaje menor a la mitad del actual 21%. El gravamen a los débitos y créditos bancarios fue impuesto por el gobierno de la Alianza como un mecanismo para solucionar problemas financieros de ese momento. Tal erogación podía –en su origen– tomarse como un pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
En el año 2000 se modificaron las escalas del impuesto a las ganancias, con la llamada “Tablita de Machinea”, aumentando la base de ciudadanos que debían aportar a dicho impuesto. Tales escalas suponían un esquema progresivo, que significaba mayores erogaciones a quienes tuvieran más capacidad contributiva.
En este contexto, la política económica de los últimos 12 años tendió a mantener los esquemas tributarios heredados de otras administraciones y agrandar la base de recaudación mediante nuevos gravámenes o el incremento de los existentes. El aumento del impuesto a las ganancias a las empresas, el reciente tributo a los automotores de lujo y el crecimiento paulatino y muy elevado de las retenciones a las exportaciones son sólo algunos ejemplos. En este breve e incompleto racconto no nos detuvimos en los impuestos provinciales y municipales, que también se han incrementado de manera sostenida en los últimos años.
Sobre este esquema de acumulación impositiva se posiciona el fenómeno de la inflación, que descalabra todos los aspectos de la vida económica. Quizá el desajuste más palmario sea la combinación de inflación sistemática, aumento salarial por medio de las paritarias para los trabajadores sindicalizados y la inmovilidad de las escalas impositivas. Así, un eventual aumento salarial que pretende mantener el poder adquisitivo puede verse afectado por mayores descuentos relativos al impuesto a las ganancias. La inflación y la paritaria le sacan una enorme ventaja a los topes que fijan las leyes impositivas. Ergo, quien trabaja y gana un salario que en 2001 estaba sujeto a una determinada retención, hoy debe pagar otra retención mucho mayor. Es permanente el reclamo sindical por la elevación del mínimo no imponible, que no es más que un parche porque no modifica el sistema vigente desde 2001.
La misma situación se da con otras escalas impositivas, como el monotributo o el impuesto a los bienes personales. La inflación ha desactualizado de manera significativa las bases originales, generando entonces que, a veces, quien tiene un pequeño emprendimiento, cuyos fundamentos se reconocen como monotributista, deba inscribirse en la escala de “responsable inscripto”, con los costos que ello significa.
Los impuestos y su pago componen la fuente de ingresos con los que el Estado debe otorgar los bienes públicos necesarios para cumplir con su rol: salud y educación públicas, seguridad, jubilaciones, defensa común y justicia pueden ser algunas de las mayores fuentes de erogación de los impuestos recaudados. Por otra parte, es también un rol primordial el desarrollo social y la construcción de pisos de igualdad para que cada ciudadano pueda –o al menos intente– llevar adelante su plan de vida. La vivienda digna, la asignación universal por hijo y otros planes de promoción y asistencia social se inscriben en este universo.
La manera de recaudar impuestos es materia de permanente debate. La teoría tributaria sugiere gravar más los stocks que los flujos, es decir, gravar más el ahorro o la riqueza de las personas y no las actividades productivas, para no afectar el circuito más saludable de la economía que permite crear empleo genuino. Por el contrario, en la Argentina los impuestos a los flujos son los más relevantes: Ganancias a las empresas, IVA, Retenciones, Ingresos Brutos y crecientes tasas municipales a la producción.
Está pendiente un debate profundo sobre el sistema impositivo argentino. La actual situación es insostenible por dos razones: el incremento despiadado de la presión fiscal sobre el aparato productivo, con afán recaudatorio y con bajo retorno en bienes públicos primarios; y el descalabro en su progresividad y equidad, que genera la inflación y su impacto sobre la vida de la gente.
El problema de la inflación requiere de voluntad política para ser corregido de una vez por todas. Un segundo problema, que globalmente podemos llamar inequidad fiscal, requiere de un enorme análisis y concertación entre las diversas fuerzas políticas para intentar generar un sistema equitativo y eficaz, que incentive la producción y el desarrollo, y grave la riqueza y la renta. Esto implica repensar el Estado a nivel nación, provincias y municipios para prestar bienes públicos de calidad, y no que sea presa de la voracidad de los gobernantes de turno.
De no atacarse con decisión ambos problemas, el Estado continuará transformándose en una maquinaria insaciable de captura de recursos, generando mayor informalidad y pérdida del sentido ciudadano necesario para cumplir con los impuestos y controlar su aplicación, pilar fundamental de una república democrática.
(*) Revista Criterio. Director: José María Poirier. Artículo Editorial publicado el 3 de Octubre de 2014.