lunes, 10 de noviembre de 2014

John Locke

Por Arturo Damm Arnal (*)
Comienzo por la pregunta básica con relación a la ley: Leyes, ¿para qué?, y respondo con la única respuesta correcta: Para garantizar los derechos de las personas, tanto los naturales, aquellos con los que la persona es concebida (vida, libertad y propiedad), como los contractuales, aquellos que la persona, por así haberlo acordado con alguien más, adquiere voluntariamente, no habiendo más derechos que los señalados (naturales y contractuales), siendo derecho todo aquello que demanda, de un tercero, con relación al portador de dicho derecho, el cumplimento de alguna obligación, que puede ser negativa, en el sentido de estar obligado a no hacer un mal, obligación que por lo general tiene que ver con los derechos naturales (no matar, respetar el derecho a la vida; no esclavizar, respetar el derecho a la libertad individual; no robar, respetar el derecho a la propiedad privada), pudiendo también ser positiva, en el sentido de estar obligado a si hacer un bien, obligación que por lo general tiene que ver con los derechos contractuales (cumplir con la parte de lo acordado, lo cual implica hacerle el bien a la contraparte, tal y como sucede, por ejemplo, con los contratos de compra venta: si cada parte cumple con su obligación la contraparte se beneficia).

El fin de las leyes debe ser garantizar el respeto a los derechos, naturales y contractuales, de las personas, y solamente esas son leyes justas, definidas, precisamente, como aquellas que reconocen plenamente, definen puntualmente, y garantizan jurídicamente, los derechos de las personas, derechos que no deben ser confundidos, ni con necesidades, ni con intereses, necesidades e intereses que no deben ser identificados con derechos, ni definidos como tales, definición e identificación que es hoy, no la excepción, sino la regla, y cuyo resultado son leyes injustas, por las que se obliga a unos (los contribuyentes) a satisfacer necesidades de otros (por ejemplo socialismo, basado en la redistribución del ingreso: el gobierno le quita a A lo que es de A para darle a B lo que no es de B) o por las que se obliga a otros (los consumidores) a pagar rentas, en el sentido tullockiano del término[1] (por ejemplo mercantilismo, basado en la restricción de la competencia a favor de los productores nacionales, quienes gracias a ello les cobran a los consumidores un precio mayor al que les podrían cobrar si estuvieran sujetos a la mayor competencia posible, lo cual supone redistribución del ingreso del consumidor hacia productor).

El fin de las leyes debe ser garantizar el respeto a los derechos de las personas, no la satisfacción de sus necesidades (socialismo), tampoco la defensa de sus intereses, mucho menos pecuniarios (mercantilismo), y el problema que enfrentamos hoy es que, arbitrariamente, los legisladores han definido como derechos necesidades e intereses, y la aplicación de esas leyes da como resultado, no la preservación y acrecentamiento de la libertad individual, sino su limitación, en el mejor de los casos, o su abolición, en el peor, razón por la cual se trata de leyes injustas, consecuencia del positivismo jurídico, que no es más que la ficción por la cual se cree que es justo todo lo que los legisladores definen, redacción y promulgación de leyes de por medio, como tal, como si la justicia, es decir, la obligación de respetar los derechos de la persona, fuera consecuencia de la ley, y no la ley, es decir, aquello que expresamente prohíbe violar los derechos de las personas, consecuencia de la justicia.

Hoy, en muchos casos, los términos están invertidos, y se cree que es justo lo que la ley, y por lo tanto el legislador, dice que es justo, siendo que es al revés: es ley (verdadera ley, de la que habla Locke) lo que la justicia, y por lo tanto el derecho (tanto natural como contractual), señala que debe ser ley. Sólo en este caso se preserva y acrecienta la libertad individual. En cualquier otro se limita o abole.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.

[1] Renta, en el sentido tullockiano del término, es la diferencia entre el precio que paga el consumidor por estar el oferente protegido de la competencia, y el que pagaría si dicho oferente tuviera que enfrentarla.

(*) Arturo Damm Arnal. Economista, filósofo. Liberal (casi anarcocapitalista, por ello minarquista). Profesor universitario. Periodista. Colaborador de La Crónica y Asuntos Capitales. Artículo publicado por Asuntos Capitales el 9 de Noviembre de 2014.