domingo, 9 de noviembre de 2014

Lo Stato

Por José Antonio Riesco (*)
¿Qué hacer con el Estado...? Es el planteo que se escucha en los medios académicos de expertos en derecho constitucional, teoría del estado y sociología política, también lo hacen periodistas especializados a través de los “mecos” de difusión masiva y no faltan políticos, gremialistas y empresarios que expresan sus inquietudes y sugerencias. Un miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, viene insistiendo que todo cambiará para bien si el régimen presidencialista se sustituye por uno de tipo parlamentario. En lo mismo está el físico y epistemólogo Mario Bunge, argentino y radicado en Canadá y también el Dr. Marcelo Castro Corbat (2da. República).

El Estado  –decimos-- designa el nivel de decisión y administración de los asuntos comunes a que la sociedad accede en un determinado punto de su desarrollo y complejidad, y en el cual la acción individual y/o familiar no resulta suficiente para la resolución de aquéllos. El hombre y la mujer construyen la vida social  –como personas y/o integrando grupos y asociaciones--, y la medida de su dignidad y participación en las funciones culturales, económicas y políticas definen la índole autocrática o democrática de la organización total.

La unidad y persistencia del grupo así organizado requiere de un centro de poder político con fuerza y autoridad adecuadas para imponer las reglas y objetivos que hacen al grupo como un todo. Al gobierno del Estado le compete, pues, establecer y sostener la estrategia fundamental de unidad, organización y crecimiento de la sociedad.

“-El Estado ha de ser el regulador decisivo del sistema social y ha de disponerse a la tarea de estructurar la sociedad a través de medidas directas o indirectas”. (García Pelayo)
En el marco así diseñado, la relación funcional más directa con el pueblo corresponde a la administración y esta ocupa una alta proporción de la existencia y actividad del Estado. En ello el rol de la burocracia, si logra actuar con eficacia técnica y sensibilidad social, se dirige a cumplimentar dicha conexión entre el poder y la comunidad y con eso resulta el brazo mediante el cual se efectivizan las políticas públicas.

Dos criterios que no se dan la mano:
Nos limitamos, por ahora, a dos puntos de vista, a)  el que reivindica aquello de que “el mejor gobierno es el que gobierna menos”, una frase que, con otro sentido,  pronunció  el alemán Johann Gottlieb Fichte a principios del siglo XIX y que retoman los profetas del  anti Estado, o al menos que lo ven como culpable principal de las crisis y decadencias que exhibe el siglo XXI. Son los partidarios del máximo achicamiento posible del aparato político y administrativo que, valido de su derecho a la coerción, sería autor de las perturbaciones que sufre la sociedad contemporánea.

El otro punto de vista, b) está sostenido por una corriente de pensamiento más actual y que cuestiona al Estado tal cual se lo ve en el presente y que, se afirma, en su afán de responder “al sistema” deja fuera de sus determinaciones a los “nuevos actores” de la realidad social y política (Ong, movimientos sociales, sectores sindicales, etc.). Luego de declarar fracasada la aplicación de procedimientos “gerenciales” en la modernización del Estado, considera que la acción del Estado es “insuficiente” para expresar y resolver las condiciones y exigencias de la “sociedad civil” en su versión actual. 

La teoría del Estado “mínimo”:
Fue expuesta hace más de una década por Robert Nosick, profesor de Harvard University, fallecido en 2002 con apenas 63 años, y cuya obra principal “Anarquía, Estado y Utopía” (FCE, 1991) impactó hasta convertirse en “un clásico” (G. Etxeberría), acaso por que restablece la concepción individualista del sujeto social, de tanta utilidad para los luchadores por el retorno del liberalismo.

Los derechos individuales  (libertad, propiedad, etc.  –sostuvo Nosick--  son indisponibles y constituyen un espacio inalienable, tal cual (siguiendo a Locke) se daban en el “estado de naturaleza”. En cuanto se respete este sentido los cambios formales  (institucionales) llegan al presente “por evolución”, pasando por una  organización de la sociedad como “micro Estado” para acceder finalmente al  “Estado mínimo”. Tal, a la vez, y pese al parentesco, su discrepancia fundamental con el anarquismo. 

Pasa, empero, que no va mucho más allá. En el tipo “mínimo” los derechos son individuales y no pueden ser negados ni restringidos, tal “status” es lo único que justifica al Estado, ello con el dicho carácter de “mínimo” cuyas funciones no deberían exceder de la defensa y la policía. No está mal como “meta-ética” dando contenido moral a la política. Nosick discutió a Locke en más de un aspecto, aunque tomó de él la hipótesis de que, antes de constituir la organización política, “los hombres vivían en estado de naturaleza” con pleno goce de sus derechos naturales. Lo que ni Locke ni Nosick probaron es que en ese “status” pre estatal, los hombres en su mayoría eran buenos. Con mayor sensatez Tomás Hobbes dejó sentado que, en tal “estado”, los hombres eran lobos de los hombres (homo hominis lupo), o sea, antes de que el rigor de la ley los pusiera en vereda. 

Tampoco surge de tales argumentos   --y en lo posible que nos ayuden a entender el siglo en que vivimos--  cuál fue el papel y la medida de la fuerza militar, uno de los núcleos vitales de poder del Estado, en la implantación y la expansión del liberal-capitalismo a lo largo de los siglos. A no ser que haya ocurrido como en tiempos de los Papas medievales sin armada propia o suficiente que, cuando los austriacos presionaban sobre los territorios del Vaticano, solicitaban el auxilio de los ejércitos de Carlo Magno. 

En tiempos de Oliverio Cromwell (1651) la batalla victoriosa contra la flota holandesa le permitió a Inglaterra convertirse en la más poderosa talasocracia comercial. Más cerca  de nosotros la conquista militar de Irak y Afganistán (zona muy rica en gas y petróleo) por parte de los ejércitos “occidentales”, no parece haber sido para recuperar el Santo Sepulcro. Con la “campaña al desierto” que comandó Julio A. Roca, la Argentina emergente habilitó la expansión en miles de leguas de las tierras que multiplicaron la economía agropecuaria.
No es difícil advertir que Nosick reeditó una modalidad de razonamiento que fue propia de los pensadores “contractualitas” de los siglos XVII y XVIII, como Hobbes, Locke o Rousseau, aunque él no aceptó el origen contractual del Estado, afirmando, en cambio, como ya vimos, que fue por evolución. 

También cabe tener presente que la suya tiene más de lógica que de aprehensión de los dictámenes del decurso histórico, lo cual le otorgó una neta “libertad de maniobra” para construir su modelo del Estado Mínimo. Una fórmula “política” adecuada para haber entusiasmado a los intelectuales y dirigentes sociales empeñados en un planteo retroactivo del Estado liberal del pasado. El sueño al que, abruptamente, puso término la crisis financiera de los años 1929/30 y mucho más la de 2008.

Contra el Estado “insuficiente”:
La otra cara. Nos referimos a la publicación “Frente a la Crisis, ¿Qué hacer con el Estado?”, cuya compilación realizan Carlos La Serna, César Peón y Iván Ase, 2010, ediciones Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), con el auspicio de la Universidad Nacional de Córdoba, la SAAP y la Agencia Nacional de C. y T.  Los nombrados, junto a otros autores, desarrollan la temática propuesta, todo en el marco del Vº Coloquio Internacional del IIFAP. Trataremos de ser fieles a los conceptos y reflexiones del trabajo.

Sin proponer la eliminación del Estado “sistémico” (el que se corresponde con el orden capitalista tradicional) se sostiene que el proceso contemporáneo, con la globalización y la emergencia de un nuevo tipo de sociedad civil, aparece desbordando las capacidades estatales para realizar las transformaciones necesarias de carácter socioeconómico y, a la vez, alcanzar la representatividad y eficacia que aquéllas demandan.  Habiendo fracasado  –dicen-- el intento de modernización de su estructura mediante la incorporación de la “gerencialidad” como tecnología administrativa, el Estado se ha tornado “insuficiente”.

No se acepta un repliegue sobre “lo nacional y/o regional” que implicaría un retorno al modelo, ya experimentado, de “bienestar social” al cual las circunstancias nuevas han tornado inviable.  Tampoco un Estado dirigido a paliar emergencias o fallas del mercado, o con un criterio mercantilista; la actual es una sociedad en transformación que impone una “modernización reflexiva”. Acorde con el pensador inglés Anthony Giddens (1995, Amorrortu) se señalan los siguientes “riesgos” propios de la sociedad moderna:
destrucción de la naturaleza, pobreza extendida (capitalismo de mercado), autoritarismo (pérdida de legitimidad del sistema político), y violencia generalizada (desinstitucionalización).

Hay en este aporte dos conceptos importantes que vale retener: .a) mundos de vida,  o sea los espacios de la sociedad civil que no están orientados por fines corporativistas sino por valores y aspiraciones comunes; b) reflexibilidad: la capacidad analítica y discursiva creciente de amplias capas sociales. (sic). 

“Hablamos de los procesos de universalización económica, política y cultural, de la destradicionalización, de los cambios en la vida cotidiana y de su epílogo, la reflexibilidad y la política o plan de vida”. (La Serna, p.71) Se propone, pues, lo que el autor llama "política de identidad” de una representación y unas prácticas renovadas, que no se agotan en lo individual, local y/o nacional, ya que se manifiesta en el campo regional e internacional.  Se mencionan, al respecto, a Green Pace, Foro Social Mundial, Transparencia Internacional, etc., y en el orden nacional a las Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, Minería a Cielo Abierto y otros. (p. 72)

Qué tipo de Estado..? Ante todo  se reivindica la “variable política” luego de una etapa donde la tecnocracia se hizo cargo de la administración y sus relaciones con la sociedad, lo que llevó a “un fracaso”. Sin dudas que hay un papel fundamental del Estado, pero no basta; se torna indispensable, por eso, una  co-gestión con las organizaciones de la sociedad civil “en la propia gestión pública y en el proceso más amplio de la conducción social”. Aquí es donde, en el libro, aparece citada la propuesta del  mexicano Luis Aguilar Villanueva de una "nueva gobernanza” más allá del actual procedimiento gubernativo. Nota: el concepto de gobernanza implica una relación activa del Estado con el conjunto de la sociedad y con sus expresiones sectoriales, y no meramente que se cumplimenten sus leyes o gobernabilidad.

Una Nueva Gobernanza   --para Aguilar Villanueva--  significa “pensar la gobernación de una sociedad (localidad, región, país) como una actividad colectiva, agrupada, compuesta, producto de una  dirigencia colectiva o de un sistema directivo” o sea “es el proceso de dirección de la sociedad, definido y ejecutado en modo compartido de interdependencia  – asociación  – coproducción  – corresponsabilidad entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales. Es  co-gobierno. Por consiguiente, el modo de gobernar contemporáneo pasa de la vieja Subordinación (mando y control) a la Coordinación, de un estilo jerárquico a uno por redes, de pirámides a puentes”, (p. 215)

De nuestra parte valoramos que surjan discusiones como ésta en torno a una cuestión antigua, como teoría y práctica, en el pensamiento y en el ejercicio del poder, ya que no hay pruebas ni en la prehistoria de que los seres humanos agrupados hayan podido vivir y crecer sin construir una cierta forma de organización política. Todavía más, a despecho de las hipótesis iusnaturalistas no es fácil entender un “estado de naturaleza”, previo al Estado y sin que éste no haya sido el agente constitutivo de un agrupamiento relativamente consolidado y ordenado.

Es pues, un asunto fundamental y mucho más en estos días en que ya no se profetiza la próxima desaparición del Estado (se lo hizo en las últimas décadas del siglo XX) ni parece a la mano un achicamiento tal que establezca el imperio (valga la paradoja) del “laissez faire”. Y menos luego de lo ocurrido con la quiebra de Lehman Brothers y sus derivaciones en el resto del mundo, sobre todo por los costosos auxilios del tesoro público que sigue demandando la crisis desatada en 2008. Semejante retroceso es algo en lo cual únicamente piensan los  ideólogos proto-anarquistas, sean liberales exagerados o de otra cofradía similar, aunque lo hagan desde el diván del psicoanalista.

Con lo anterior decimos que los planteos del equipo de investigadores dirigidos por el profesor Carlos La Serna, para consolidar los méritos que le reconocemos, debería brindar un poco más de precisión en su crítica y reflexiones. En el trabajo hay ideas interesantes pero que solamente flotan. No está claro, por ejemplo, al proponer un Estado nuevo, y parece que totalmente,  con qué se lo sustituirá al cesante, salvo el esbozo de un  neocorporativismo, ahora integrado por los emergentes actores de las organizaciones sociales (movimientos sociales, Green pace, foro mundial, etc.).  Ni que se hará con la “sociedad civil” preexistente que, a no dudarlo, va a resistir su desalojo del poder o de sus vecindades. 

También es importante  el modo cómo funcionará la estructura administrativa del nuevo Estado y no basta con denunciar el fracaso de la tecnocracia y de renegar de la “gerencialidad”. Un Estado sin técnicos corre siempre el riesgo de parecerse a una toldería y no hay consignas de renovación que puedan cubrir los costos del desorden, la ineficiencia y la corrupción. No está  de más recordar la experiencia de la “revolución cultural” con que Mao y sus muchachos quisieron profundizar la revolución china. Fue un desastre.

Nos parece necesario un cambio, el Estado creció y se convirtió en un mazacote burocrático que a la sociedad le cuesta mucho, pero mucho más de lo que produce. Las funciones llamadas de “bienestar social” se mantienen pese a que ya no se habla de un Estado de esa índole, y es un hecho la caída vertical del nivel de calidad de sus servicios. A todo esto nos hemos convertido en una “sociedad dual” donde una parte vive en condiciones buenas o regulares, mientras otra (millones) soportan la miseria, la indigencia, la desocupación o el trabajo en negro. Luego del régimen militar (1976-83) la clase política, salvo excepciones, no se mostró renovada en profundidad lo que repercute notoriamente en el manejo de las instituciones. 

Pero es indudable que la Argentina cuenta con una estructura socioeconómica y cultural que integran trabajadores, técnicos, profesionales, chacareros, docentes, empresarios, etc. con fuerte arraigo en las buenas y malas costumbres, ante todo la baja medida de disciplina social que caracteriza a los de arriba y a los de abajo. Y a esta realidad no se la  puede reemplazar con cualquier cosa. También es necesario el reconocimiento de las expresiones más dinámicas de los reclamos sociales y atender sus demandas incorporándolas a una dimensión orgánica que supere el clientelismo y el caos. Máxime que la respuesta del Estado implica una rendición de cuentas de lo actuado y lo por actuar a que todo ciudadano tiene derecho. Lo que se identifica con la palabra accontability (Peruzzotti-Smulovitz, 2002)

El proyecto que comentamos nada dice al respecto ni se indica un procedimiento político para sustituir lo “tradicional” por lo nuevo. a) Será por persuasión y negociaciones...? Como no estamos en el estado de “naturaleza” eso implicará la participación incuestionable de quienes (líderes, élites, agrupaciones) cuenten con  fuerza y recursos preexistentes. De cuyos trámites resultará si se mantienen o no las pautas del  Constitucionalismo: división de poderes, independencia de los jueces, presidencialismo o  parlamentarismo, etc.   b) O será por coerción..?, a cuyo efecto se hace necesario controlar el centro productor de la misma, es decir el Estado; con lo cual ingresamos en la hipótesis de la revolución. Algo que no asusta dado a que la historia está llena de tales fenómenos. Las que sí asustan son las revoluciones que fracasan y dejan a los pueblos en los brazos de una tiranía que tanto puede durar uno o dos años o medio siglo.

El Estado en el “neocapitalismo”:
Desde que finalizó la 2da. guerra mundial las naciones del llamado círculo cultural de Occidente, Europa, América y otras como Japón y en parte la India, funcionan dentro de la fórmula del “neocapitalismo”. Con lo  vivido a partir de la Gran Crisis (1929/30 y  sus secuelas), perdió legitimidad técnica y política la sacralidad del “mercado libre” como núcleo dinámico de la economía, y a nadie se le ocurrió, en la postguerra, que era  razonable una vuelta al pasado. Lo que no llevó a renegar de la propiedad privada y de los derechos y obligaciones que resultan de los con tratos, tampoco de  una competencia factible.

Porque en medio de la reconstrucción de las naciones devastadas  –y de la toma de conciencia subsiguiente sobre las causas y efectos de la hecatombe-- cobró forma destacada el socio inexcusable del capitalismo, o sea el Estado. En  el mundo se hizo presente una suerte de tendencia pesada al respecto.

Es preciso advertir que el proceso de transformación en la relación entre la economía y los poderes públicos  –en especial en los años 30 bajo el impacto de la gran crisis-- no estuvo motivado exclusivamente por la demanda de salvataje de las empresas y que también reclamaron los sindicatos Stato, siempre lo Stato sumamente preocupados por la cantidad y duración del paro. El Estado actuó por esas causales, pero ante todo porque era el responsable político principal de evitar que la sociedad se desintegrara. Máxime que en medio de las condiciones imperantes se movían corrientes, como el fascismo y el comunismo, que proponían y trataban de imponer modelos societales absolutamente incompatibles con la democracia y la dignidad del ser humano. Un elemento de juicio éste al que suelen no concederle importancia los fanáticos del anti-estatismo absoluto.

No era, por supuesto, la primera vez que el Estado establecía una relación activa con la economía; la idea de que el intervencionismo estatal es una novedad del siglo XX constituye uno de esos mitos de la argumentación pero nada más. Cuando Enrique VIII de Inglaterra en el siglo XVI autorizó los préstamos de dinero a interés, le generó  un notable impulso al capitalismo financiero. El “mercantilismo” del siglo XVII con Colbert le dio a Francia un gran potencial económico y le permitió a Luis XIV sostener sus guerras y la expansión del país. Un decreto ley de Luis Bonaparte, en 1854, habilitó las sociedades de capital y con ello el desarrollo de Francia dió un salto hacia delante. 

El canciller Otto von Bismarck construyó el imperio mediante acuerdos (de mutuo beneficio) del gobierno de Prusia con los Junkers, los grandes industriales, y a veces con el socialista Lassalle. Alemania y Japón, después de 1945, se reconstruyeron mediante una pública y concreta política de coordinación de los objetivos gubernamentales con los intereses de las grandes empresas más las exigencias sindicales.

Todavía en la  primera edición de su obra (1972), el economista Gary D. Brown sostenía que “en los Estados Unidos se consideró conveniente emplear el enfoque mixto, es decir, una combinación entre el sector privado y el sector oficial. En el área de la investigación científica el gobierno financia directamente bastante más de la mitad de la tarea que se realiza”. (p. 205). Y es reconocida la incidencia fundamental de la innovación tecnológica en la competición internacional. El Estado financia al capitalismo.

En la postguerra del siglo XX que citamos, hubo ciertamente un esfuerzo extraordinario de las naciones para que, superado el ciclo de la economía de guerra, se restableciera la libre empresa como soporte de la reconstrucción y el desarrollo. A esto lo comprendieron, a su modo, las fuerzas sindicales, no obstante que la militancia de muchos intelectuales y obreros en los partidos de izquierda, algunos solidarios con la ex Unión Soviética (PC francés e italiano), reclamaban “otra cosa”.  Pese al poderío electoral de los PC no lograron el control de los gobiernos frente a la superioridad de la Democracia Cristiana, en un caso, o a sus combinaciones con otras fuerzas de centro. Cuando el socialismo accedió democráticamente al gobierno en Francia (PSOI) no impuso la colectivización. En Inglaterra el Laborismo ganó las elecciones en 1945 y se mantuvo gobernando hasta 1951 en que retornaron los Conservadores con una política que sólo en parte desmanteló las “nacionalizaciones”.

Alemania es la patria originaria de la Socialdemocracia que, durante casi un siglo, fue fiel a sus raíces doctrinarias, aunque sólo a medias; salvo en algunos discursos nunca predicó ni practicó la “dictadura del proletariado”. El congreso del Partido de esa filiación (1959), declaró “la obsolescencia del marxismo” y se constituyó en cómoda alternancia de la Democracia Cristiana en el gobierno de la nación. En la  Constitución de 1949 hay una cláusula según la cual “la propiedad obliga”; tampoco el  PSD convalidó los reclamos de los grupos de la izquierda dura contra el Tribunal Supremo de Justicia que se negó a 
sentenciar a favor del principio de socialización de la riqueza. (cf. Dietrich, 1968:227)

En Francia como en Italia tampoco se impuso el socialismo. Los socialistas (PSU-SFIO) conquistaron  la presidencia para F. Mitterrand en 1981 y realizaron un plan de medidas  limitadas: algunas nacionalizaciones, derogación de la pena de muerte, salario familiar, disminución de la jornada laboral, etc. La popularidad del Presidente (quien fuera ministro de provincias durante la rebelión de Argelia) sufrió un serio golpe por el apoyo a la Guerra del Golfo y la adhesión al Tratado de Maastrich. 

No hubo campo, pues, para el socialismo en la posguerra, pero también es un hecho que ya nadie creía en el “laissez faire” con excepción  –dirá el economista Arthur Lewis--   de “las personas que se encuentran al borde de la locura”. Nadie atendió a las vociferaciones de Frederick Hayek contra cualquier forma de planeamiento; en la Argentina ocurrió otro tanto con las de Federico Pinedo (su etapa liberal) o también de José Aguirre Cámara y Alvaro Alzogaray. No soportaron los planes quinquenales de Perón y luego hicieron otro tanto con los del desarrollismo. El capitalismo, pues, no murió y se limitó a colocar flores en la tumba de Adam Smith para reinspirarse con otra forma de seguir a cargo de la economía y, por esa vía, de la sociedad. Pero estuvo obligado a reconocer cambios importantes. No pudo más explotar a los trabajadores (una de las antiguas formas de la acumulación) pero lo hará con los consumidores que son mucho más cuantitativamente. Es la hora del neocapitalismo, se produce para el consumo de las masas de uno y otro nivel clasista, a las que por medio de una ingeniosa publicidad comercial se las induce a gastar los ingresos que mejoran 
gradualmente. Es también la oportunidad de las grandes empresas y de las multinacionales, con un rol fundamental de la innovación tecnológica para estar,  permanecer y crecer en el mercado, dentro y fuera de las fronteras nacionales. 

La publicidad no es una novedad aunque sí su concepción. La vieja idea era que a través del mercado cada individuo, al seleccionar un producto y comprarlo, actuaba como si emitiera un voto libre cada día. 

Lo nuevo, empero, modificó esta situación; ya no se trató de un aviso en la prensa o en la radio que ofrece el producto señalando sus virtudes o contenidos. No, ahora el operativo se dirige a persuadir al ciudadano de lo que debe consumir, le induce su comportamiento, o sea se adueña de la percepción y de la decisión del sujeto. Todavía más, a esos fines se incorporan al trabajo publicitario técnicas y recursos que se piden presta das a la “psicología profunda”, algo que emparentó a tal actividad en el capitalismo con lo que ya habían experimentado los regímenes totalitarios. Lo denunció Vance Packard en 1947. (v. Las formas ocultas de la propaganda) y más actualmente Stuart Ewen (1991: 314).

En cuanto al insumo tecnológico tuvo un avance que ya no permitió identificar a la técnica con meras operaciones prácticas o manuales. En devolución de todo lo que largamente hizo la técnica en beneficio de la ciencia, ésta hoy, pura y/o aplicada, .le inyecta “logos” que multiplican sus posibilidades. En esta etapa la tecnología ya no es cuestión de “fierros” sino que anda por muchos rubros, desde la computación, la medicina, la administración, las comunicaciones, el armamento, los transportes y los alimentos. Se constituyó en un componente inestimable de toda actividad social y en especial de la económica, o sea aparece inserta en la competencia de los actores del mercado, lo cual implica inversiones de envergadura. La robótica se expande sin retorno.

El financiamiento de la tecnología y su avance está normalmente en manos de los capitalistas, pero hay casos en que el Estado aporta y mucho, puesto que la exploración del espacio y la disponibilidad de un determinado potencial militar, con su impresionante avance tecno-científico, corre por cuenta del presupuesto público y desde allí suele transferirse a las empresas privadas con fines industriales y comerciales, de modo directo o indirecto. En el neocapitalismo hay veces en que el Estado financia a los negocios privados, o sea ayuda a que éstos se mantengan en la mejor posición en el mercado internacional.

Con el neocapitalismo adquirió plena justificación la presencia y la acción de un Estado activo y de mayores atribuciones, que no actúa únicamente sobre las relaciones económicas por una actitud mercantilista o similar, sino ante todo porque se ve responsable del destino de la sociedad. Si es Estado no puede ser indiferente a los peligros de desintegración del grupo total. Algo esto último que sólo de soslayo suele figurar entre las motivaciones políticas de ciertos liberales dogmáticos, acaso convencidos de que sigue siendo válido (si alguna vez lo fue) aquello de que si le va bien al individuo necesariamente le va bien al grupo (Adam Smith). Eran días de plena “guerra fría”  cuando el proyecto expansivo del comunismo totalitario planeaba sobre el Viejo Continente mientras en América Latina y otras partes del mundo la guerra revolucionaria de igual signo extendía sus tentáculos sobre los campos y las ciudades. 

Mientras, las oligarquías gobernantes miraban para otro lado, o hablaban del bloque comunista como “un mercado más”.

En parte por estas razones y por la presión de los sectores sociales postergados las  políticas gubernativas se orientaron hacia la extensión e intensificación de las políticas y valores del Estado social de Derecho o de “bienestar social”. Es un programa que impuso obligaciones al ejercicio del derecho de propiedad y también restricciones, que aplica recursos del Estado a la cobertura amplia de la vivienda social, la salud pública, la educación gratuita y los derechos previsionales. Todo lo cual importa aumentar el volumen del presupuesto público y, conjuntamente, a una mayor presión impositiva. Medidas que se legitiman jurídicamente a través del llamado constitucionalismo social (Italia, 1948, Alemania 1949, Argentina 1949) que se despliega en la legislación y se convalida por la jurisprudencia.

Sobre los diversos tipos de acciones del Estado, y especialmente atendiendo a la experiencia latinoamericana, y sin excluir la de otros lugares, se ha formulado la siguiente clasificación:
“a) Acciones de regulación del comportamiento de los agentes económicos. b) Acciones de producción de bienes y  servicios:  i. acciones de producción de servicios esenciales a la naturaleza del Estado,  ii. acciones de producción de bienes y servicios que se realizan en forma alternativa o paralela al sector privado;  c) Acciones de acumulación: i. acciones de instalación de capital para realizar sus acciones de producción,  ii. acciones de instalación de capital que constituyen por sí mismas economías externas;  d) Acciones en el campo del financiamiento: i. acciones que proporcionan al Estado recursos para cumplir sus funciones de producción y acumulación,  ii. acciones dirigidas a transferir ingresos dentro del sector 
privado.” (cf. Cibotti-Sierra, 1973:15).

Tales campos de acción y decisión del Estado activo conllevan novedades institucionales como son los nuevos ministerios (seguridad social, trabajo, ciencia y técnica, etc.) y se amplía el esquema, de hecho o formal, de relaciones con las organizaciones de intereses sobre las cuales influye el gobierno y que, a su vez, es influido por ellas. En la nueva realidad estatal se advierte una intensificada conexión de reciprocidad entre las funciones públicas y los “grupos de presión”, a veces éstos como meros agentes de especulación y otras en coincidencia con los objetivos  gubernamentales que convalida la opinión pública. La secretaría o ministerio de “planeamiento”, en numerosos países en vías de desarrollo, o la “oficina del presupuesto” en Estados Unidos, ofrece una relevante contribución al planteo y logro de las metas que combinan los intereses oficiales con los privados. Junto a otras carteras, suele ser un atractivo escenario para la faena de los “loobys”. 

Aunque se mantiene el funcionamiento del mercado en rubros como la producción, el comercio, el transporte y el crédito, por los motivos que venimos señalando se afirmó la denominada “economía mixta” con plena vigencia en la actualidad. En ésta se da una destacada participación del Estado por sus inversiones, el crédito oficial, las nacionalizaciones y, como se dijo antes, el control indirecto de las acciones económicas mediante la política impositiva, los subsidios, el tipo de cambio exterior y las normas regulatorias.. El Estado provee, asimismo, inversiones en “economías externas”: las obras públicas costeadas por el presupuesto público (infraestructura material, carreteras, diques, fuentes de energía, puertos y aeropuertos, etc.), a ello se suman los gastos oficiales, por ejemplo, en educación (formación de mano de obra técnica, y todo o casi todo lo relativo a “investigación y desarrollo”.

La caída del Estado de “bienestar social”:
Con el cierre del ciclo del “laissez faire”, iniciado con la Gran Crisis (1929/30), en la postguerra de 1945 en adelante salieron a la superficie necesidades públicas que habían madurado largamente y que correspondían a la democracia de masas. Tal el pleno empleo, los derechos laborales y previsionales, la demanda de educación y servicios sanitarios, las viviendas sociales, etc. O sea, muchas cuestiones que se habían registrado sin respuestas durante el viejo capitalismo; de ello tomó conciencia la dirigencia política que se puso al frente de los Estados, a su modo y con algunos rezongos la clase de los empresarios debió aceptarlas, sin desconocer además la presión de los sindicatos, las iglesias, los partidos de izquierda  y la prensa. Fueron empero los gobiernos manejados por los partidos de centro y/o derecha los que dieron las leyes y planes para que el cambio fuera realidad. La historia a la izquierda le debe los bochinches y no mucho más, Al menos si está de por medio la libertad y la dignidad de los seres humanos.

En el marco del neocapitalismo (y de la economía mixta), como ya se dijo, cobró presencia la “cuestión social” que, con sus respuestas institucionales se expresó en el Estado social de Derecho, y cuya legitimidad fue impresa en el llamado “constitucionalismo social”. Con lo cual, sin renegar de la acumulación del capital, esencial para sostener la producción y los servicios, fueron implantadas leyes y medidas que importaron una verdadera “distribución de la riqueza”. La sociedad en su conjunto dispuso, entonces, de mayores recursos para gastarlos en alimentos, remedios, vestidos, muebles, vehículos, libros, y también ahorrar, viajar o divertirse.  A veces descuidando las inversiones reproductivas.

Cuando el mundo  --al menos el llamado “occidental”--  se engolosinaba con el “bienestar social” logrado, alrededor de la década del siglo XX entre los años 70 y 80 de pronto sonó la alarma. Desde distintos ángulos se hizo fuerte la crítica contra las condiciones en que venía cumplimentándose el programa de Welfare State, denunciando sus efectos negativos para las finanzas públicas y para la rentabilidad de las empresas, en especial los excesos de intervencionismo estatal, el alto costo de los impuestos y la pérdida de competitividad internacional. Con plena convicción los ortodoxos (filósofos políticos y economistas) marcaron duramente al déficit fiscal, al endeudamiento externo, a la emisión descontrolada de dinero y a la inflación, como los indicadores más elocuentes de la situación.

En algunos países primero y seguidamente en muchos otros, el Estado de Bienestar Social quedó privado de una opinión pública favorable, e incluso se dio la paradoja de que en la Argentina el presidente Carlos Menem, encargado de desmantelarlo, gobernó dos períodos consecutivos (1989/99) con el apoyo en una mayoría electoral que masivamente integraron los trabajadores. En los gabinetes ministeriales tuvieron presencia dominante los expertos y tecnócratas, mientras en el país se hicieron populares ciertos intelectuales extranjeros como Guy Sorman (francés) y Mario Vargas Llosas (peruano-español), calificados predicadores de la buena nueva, el neoliberalismo. 

Con un diagnóstico: tal cual viene actuando el Estado –se dijo--  aparece convertido en una antigüedad, ineficiente, cara y ajena a las rutilantes tendencias emanadas de la  globalización. Y la consiguiente consigna: llegó, pues, el punto de poner en marcha una auténtica “modernización” con el retorno a la economía de mercado, a las privatizaciones y a un sistema político democrático pero en un Estado de competencias muy reducidas. Algo así como  “a la cucha..!!”.

“Para  que se cambió…?” es la pregunta que, desde su especialidad, se formuló  Manuel Villoria a propósito del reclamo de modernización de los “mercadistas”. Y  respondió: “Se moderniza para conseguir desembarazar la economía de mercado de los pesados lastres que el sector público arroja sobre ella, de forma tal que los distintos países puedan competir en condiciones más ágiles y flexibles en la nueva economía globalizada, siendo los beneficios finales del proceso  --más riqueza--  el instrumento de legitimación más importante para los gobiernos y sus administraciones. Tal fue el espíritu del proceso en sus inicios, en la década de 1980. Con los beneficios no para los más débiles sino para una parte de la clase media y sobre todo las “élites económicas con un incremento neto en sus beneficios y una mayor libertad de acción para sus estrategias”. En todo lo cual, concluye, el modelo de Estado podría ser un supermercado”. (p. 86: Modernización administrativa y gobierno postburocráticos”.)

Si tomamos el caso de Argentina vale la siguiente aclaración: en el ciclo neoliberal que llega desde 1989 a 2002 se realizaron determinados cambios como fue la privatización de empresas públicas, la eliminación del sistema ferroviario, y la transferencia parcial desde el centro a las provincias de funciones educativas y sanitarias. Pero la masa cuantitativa de la burocracia no disminuyó y el endeudamiento exterior creció de manera extraordinaria, hasta culminar con el “corralito” que importó la confiscación ilegal de los ahorros privados por los bancos. Hubo sí altas marcas de corrupción. De otro lado ciertos rubros del presupuesto público fueron acrecidos para mantener los gastos de salud pública, viviendas, educación, servicios previsionales y otros.  Qué paradoja…!

No se me ocurre decir nada en contra del mercado, la competencia, las privatizaciones, puesto que no me atrae que la sociedad marche hacia un sistema donde el individuo sea absorbido por lo colectivo. Un modelo que ha sido, históricamente hijo legítimo del capitalismo salvaje tal cual se lo practicó en el siglo XIX y parte del siguiente. Ni  cabe cuestionar, en lo esencial, la afirmación de que la economía de “mercado libre o capitalismo competitivo es una condición necesaria de la libertad individual” (Milton Friedman). Una verdad que no alcanza para explicar por qué millones de personas adhieren a los partidos socialistas en Europa, o miles de millones viven hoy bajo regímenes de ese signo; tampoco tendría sentido que documentos de gran difusión se escribieran hace 150 años, y su influjo persista actualmente, tal “El Capital”  (1864) de Marx y la “Rerum Novarum”  (1891) del Papa León XIII. 

Si la acumulación de capital es una precondición del multiplicador de la riqueza social, no tiene nada de sensato que ello se cumpla al costo de la miseria y la explotación de una porción importante de los seres humanos que pueblan el planeta. Las campañas colonialistas de los siglos XVIII al XX para civilizar a las naciones de África y Oriente,  no dieron el resultado proclamado y menos para imponer el “mercado libre” con excepción del opio, aunque sí el  tráfico de esclavos, la rapiña de las materias primas y el copamiento “manu militari” de puntos estratégicos para instalar factorías comerciales y de guerra. 

De ahí que al avanzar el siglo XX los regímenes estatistas se instalaron en Medio Oriente (Egipto, Siria, Jordania, etc.) mientras el colectivismo sentó plaza en China, Vietnam y otros, como antes en Rusia. En estos casos más que las predicciones de Marx fue el modelo de “capitalismo de Estado” (de neto origen germano) lo que entusiasmó a los revolucionarios a cargo de la modernización de tales naciones.

De todas maneras, en el caso de Asia, después de la exitosa reconstrucción y cambio de modelo en Japón, típica economía donde se practica la combinación de las políticas públicas y las empresas privadas, lo que se observa hoy muestra una fuerte tendencia propia de la “economía mixta”. También el llamado “socialismo de mercado” en China y Vietnam donde el desarrollo técnico y económico (incluida la expansión al mercado internacional) cuenta con una importante y creciente participación del capital extranjero, mientras el Estado   –pese a que no incorporó las libertades occidentales--   es el principal conductor y promotor del proceso nacional en cada caso.

La otra Gran Crisis:
Nunca se vio a una gran nación capitalista que afrontara responsabilidades económicas como lo que ocurrió en Estados Unidos a partir de que en setiembre de 1908 se produjo la quiebra de Lehman Brothers y sus créditos hipotecarios impagables. Fue el punto de llegada de un capitalismo duro desde la gestión de Ronald Reagan y sobre todo durante el último tramo de la presidencia de George W. Bush y que, como herencia y sin beneficio de inventario, aterrizó en la de Barack Obama. Hasta hoy no se supo con precisión cuantos millones (o miles de millones..?) debió transferir el tesoro norteamericano a esa y otras empresas para el salvataje.  Estamos en noviembre de 2011, en la nación más liberal de la tierra el presidente Obama pareció clamar por un cambio de las actitudes del congreso, ante la posible emergencia del default. Pensando como von Hayek o von Mises ¿No será que este es un problema del mercado y lo mejor que puede hacer el gobierno es no meterse..?

Se sabe, entretanto, que Mr. Obama, se mostró indignado cuando, en una visita a Wall Street, se enteró que los CEO de las empresas derrumbadas por la crisis, al retirarse de sus altas funciones gerenciales, llevaron en sus bolsillos muchos millones de dólares. ¿Es la ética del mercado libre…? – También pudo conocerse que, al momento de estallar la Lehman Brothers, que lo financiaba, el prestigioso historiador Paul Kennedy   --aquél que años atrás supo preanunciar la decadencia de Estados Unidos-- se encontraba en Roma dictando una conferencia bajo el rótulo de dicha financiera. Poco después Kennedy publicó una comparación de la política económica de Hugo Chávez y lo que había predicado Adam Smith sobre esos temas.  Alguien, entonces, tuvo la ocurrencia de decir que era lo mismo que comparar a Galileo con Berlusconi.

En estos mismos días, aludiendo a las noticias preocupantes sobre la extensión de la crisis a Europa, y ello agravado por las preocupaciones originadas en EE.UU., la prensa informó que los dirigentes de las 17 naciones que forman la Unión Europea se reunieron en Bruselas. Allí decidieron un salvataje a Grecia por 159 mil  millones de euros de los cuales 59 mil serán con aporte de los acreedores privados, y 109 mil a cargo de los gobiernos, el Banco Central Europeo y el FMI, en suma por los Estados.  En  este momento todo sigue incierto y peligroso.

Burocracia y administración
Una reforma del Estado, que sea relevante y no mero ejercicio de macaneo propagandístico, requiere tomar en serio el gran rubro de la “administración”. Sin el aporte de ésta, en la estructura del Estado se produciría un vacío que dejaría en el aire a los presidentes, los ministros e incluso al discurseo de los legisladores. 

Un rubro este que, por los déficits en la cultura de buena parte de la clase política, hace posible su permanencia en la rutina, y digamos esto ya que pareciera pecaminoso, en el lenguaje de los ideólogos, mentar palabras como “eficacia” o “eficiencia”. Protagonista fundamental del aparato administrativo “en acción” es lo que se llama “burocracia”, en sus diversos planos.“La organización administrativa del Estado no sólo ha aumentado en extensión y se ha enfrentado con problemas que antes caían fuera de su atención, sino que se ha hecho mucho más compleja. Lo que antes era un sistema sencillo y relativamente homogéneo se ha transformado en un sistema complicado constituido por una pluralidad de componentes y de subsistemas difícilmente controlables.” (García Pelayo, 96)

En otra parte supimos decir que cuando a la mañana ingresa la burocracia a sus lugares de trabajo (cientos, miles y millones de  personas), con toda su variedad funcional y de jerarquías, se produce el más significativo acontecimiento que pueda captar la percepción sociológica. Un fenómeno que no se le escapó a las ciencias sociales cuando en su elenco pensaba y escribía Max Weber, a quien –aún para declararlo teóricamente periclitado--  es obligatorio citar en tren de no mostrar carencia de erudición. El científico alemán advirtió con todas las letras cómo en el primer Estado organizado, Prusia, la pertenencia a la burocracia implicó una posición honorable, por sus servicios y por la actitud mental de sus agentes. 

También Max Weber anticipó el poder del “conocimiento” en manos de aquélla, y que hoy, para no herir la petulancia de los tecnócratas, solemos llamar simplemente “experiencia”.
Las indagaciones sustantivas sobre las organizaciones, y dentro de ellas, la burocracia, por los autores (Gouldner, Riesman, Etzioni y otros), se han elaborado con una prolija atención a lo que a diario hacen y rehacen los protagonistas del quehacer administrativo. 

La burocracia protagoniza el frente de contacto (a veces de batalla) entre las políticas públicas --las de la constitución, las leyes, los decretos. las  ordenanzas, los reglamentos, los tratados--   y la masa permanente de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, pobres y ricos que a diario expresa y multiplica la demanda de servicios, tanto para pagar los impuestos, solicitar una cama de hospital, denunciar un delito, tramitar la jubilación o llenar un formulario para exportar automóviles. Es en ese campo de trabajo donde, sin perjuicio de otros, “el hombre común” de la democracia se encuentra, para bien o para mal, mano a mano con el Estado.  

La sociedad Estado-Mercado
Del mismo modo, pues, que hemos insistido en el rol imprescindible del Estado en las economías nacionales, hay que decir otro tanto sobre el escenario internacional. Con esto no estamos viendo en los acontecimientos el brote de una suerte de religión de “el estatismo por el estatismo mismo”. Se trata sí de reconocer la realidad y sus tendencias de largo plazo y desde esa plataforma, con la prudencia del caso aunque sin demoras, elaborar la cuestión fundamental: Qué hacer con el Estado..? si es que no nos atemoriza su posición activa en la problemática de la sociedad, dentro y fuera de las fronteras nacionales. O sea no perder el tiempo en un debate superado históricamente.

En fecha cercana “The Economist” de Londres, al que no se puede acusar de estatista, llamó la atención de los políticos demócratas y republicanos de EE.UU. sobre la afligente situación de muchas personas que por carecer de formación técnica actualizada padecen de falta de trabajo, lo que se agrava por los problemas de la crisis financiera. El consejo de ese importante órgano de prensa especializada, es que se torna necesario “una mayor y más calificada inversión pública en educación y capacitación” de ese sector. La misma situación se da en varios países desarrollados. “No basta con el libre mercado”. Es la conclusión de Ceferino Reato el autor de la noticia, cuyo comentario se registró en la Revista Fortuna, y 
quien agrega: “The Economist” es de filiación liberal, pero este análisis “es mucho más serio y profundo de lo que en la Argentina se tiene de esa doctrina”.

El replanteo del Estado va más allá de sus límites jurídicos e institucionales. Si ha de ser una expresión  auténtica de la sociedad, ésta debe verse como  parte inescindible de la misma realidad social y política. 

El Estado no cabe ser entendido sino como expresión organizada de aquélla en el plano donde se elaboran y resuelven las cuestiones que la miran como un todo. Y no puede menos que reflejar sus méritos y sus vicios, a no ser que se trate de un artificio sin otra utilidad que la satisfacción de los teóricos que lo diseñaron.

Después de todo lo visto, parece que por alguna razón profunda la “economía de mercado” sigue funcionando aún con las correcciones y agregados que ya debió soportar y que parecen sin retorno. La aceptación del Estado como su socio fundamental es un hecho, una forma consolidada. Tal tipo de economía está basada en la propiedad privada y no se puede negar que donde ésta desaparece, en ese destino la acompañan las otras libertades. Hay demasiada experiencia con lo que son los regímenes colectivistas como también la hubo con el capitalismo liberal. A los cultores dogmáticos del mercado libre hay que llamarlos a la realidad, tanto como al Estado burocrático y desordenado donde los demagogos actúan sobre la sociedad, y la economía, sin freno ni sensatez.

De un lado, advertirles a los economistas que se quedan al margen de la realidad cuando reducen el mercado a un grupo de variables económicas, e ignoran o relativizan a las otras (políticas, culturales, sindicales). Y de otro, cuestionar el afán de cierto populismo degenerado de producir cambios sustanciales con criterio y acciones de patoterismo e improvisación.

Bien se ha dicho que “la crítica socialista acerca de la irracionalidad del capitalismo es válida, pero la alternativa socialista es inviable … todo lo que se necesita es un Estado que pueda organizar mercados eficientes, gravar a aquellos que tienen capacidad contributiva y utilizar los recursos para asegurar el bienestar de todos. Por alguna razón   --aunque la conclusión suene pesimista--   los Estados no han tenido éxito en esta tarea tan simple, casi en ninguna parte”. (Oszlak, 1996:76).

De manera correlativa el sistema de instituciones fundamentales (la clásica división de los poderes) requiere de un adecuado  aggiornamiento,  a una altura del tiempo en que la sociedad ya no tiene paciencia para aguantar respuestas de fondo que dependen del torneo de oratoria y de cabildeos en el parlamento. Este, con su costumbre de la “deliberación” insiste en el viejo ritmo del siglo XIX, cuando todo  indica que el Estado está, por la época y las energías sociales desatadas, expresado por “la decisión”, aunque no pueda eludir de actuar con responsabilidad política y técnica. 

Mientras la Teoría del Estado denuncia la rémora al respecto, los dirigentes partidarios insisten en tener varios cientos de legisladores con bancas en la capital de la República. Y ello para jugar a la ilusión de que co-gobiernan. A todo esto el Ejecutivo hace todo lo importante, para bien o para mal, dentro o fuera de sus competencias, con una ley de plenos poderes en materia de uso y abuso del presupuesto público para sembrar clientelismo y demagogia, y domesticar a los gobiernos locales. A cambio, la eminente función de “control” (legal y democrático) que en estos tiempos compete al Congreso no se realiza o se estrella contra una mayoría regimentada.

(*) José Antonio Riesco. 
Córdoba, República Argentina – octubre 2011

Referencias:
♦ Brown, Gary D.: Principios de Economía; Buenos Aires, El Ateneo, 1977.
♦ Dietrich, Bárbara: Función de las instituciones judiciales; Barcelona, Anagrama, 1971.
♦ Engels, Wolfram: Futuro de la economía social de mercado: Bs. As.,  Eudeba, 1980. 
♦ Ewen, Stuart: Todas las imágenes del consumismo; México, Grijalbo, 1991.  
♦ García Pelayo, Manuel: Las transformaciones del Estado contemporáneo, p. 23; Madrid, alianza, 1977.
♦ Gibotti-Sierra: El sector público en la planificación del desarrollo; Siglo XXI, México, 1973. 
♦ Heller, Teoría del Estado; México, FCE, 1963.
♦ La Serna, Carlos y otros: Frente a la crisis, ¿Qué hacer con el Estado?- 2010, cit.
♦ Milocco-Messina-Foscarini: Reflexiones sobre la sociedad postmoderna y la globalización; Rev. Académica de 
Economía, ISSN, 1690-8352., 2009.
♦ Peruzzotti-Smulovitz: Controlando la política; Buenos Aires, Temas, 2002.
♦ Oszlak, Oscar: “Estado y Sociedad”; en El rediseño del Estado (Compilador B. Kliksberg), México, FCE-Inadp, 
1996.
♦ Samuelson, Paul: Curso de Economía Moderna; Madrid, Aguilar, 1960.
♦ Reato, Ceferino: Liberales Raros; Buenos Aires, Revista Fortuna (2011).
♦ Seé, Henri: Origen y evolución del capitalismo moderno; México, 1952. 
♦ Villoría, Manuel: "Modernización administrativa y gobierno pos burocrático”; en La Nueva Administración 
Pública,  Madrid, Alianza, 1997, p. 77. 
♦ Ver: Las transformaciones jurídicas y en los cometidos estatales; en Organización jurídico-política del Estado 
(Seminario en la Universidad de Belgrano: Germán  J. Bidart Campos, Mario Justo López, Alberto A. Spota y 
otros). Ed. De Belgrano, Buenos Aires, 1981.
♦ Riesco, José Antonio: Fin y función del Estado; ed. FEPA, Bs. As. 1981; - Teoría del Estado contemporáneo; 
Córdoba, ed. Alveroni, 1995.