martes, 2 de diciembre de 2014

La previsible decadencia del modelo K

Por Aldo Abram (*)
Desde principios de 2011, la Argentina viene mostrando un proceso de desaceleración de la economía que se fue agravando con el correr de dicho año y que se ha profundizado en lo que va de 2012. Si bien las cifras de actividad oficiales se negaron a reconocer esta realidad hasta las elecciones, comenzaron a reflejarlas partir de fines del año pasado. La pregunta es por qué está pasando esto.
Algunos hablan de una crisis internacional, con origen en los problemas de deuda soberana de la eurozona, que estaría afectando al país. Sin embargo, esto no parecería tener el mismo impacto en nuestros vecinos. Sólo la Argentina lidia con un proceso de fuga de capitales que presiona al alza el tipo de cambio local; mientras el resto tiene dificultades en sostener el valor del dólar en sus mercados, debido al flujo de inversiones externas. Nuestro país fue el único de la región que disminuyó sus reservas internacionales durante 2011. Entonces, el problema parece ser doméstico y no de contexto mundial. Tiene que ver con la imposibilidad de vivir por encima de nuestras posibilidades para siempre, en algún momento se acaba el ahorro y el crédito y la “fiesta se acaba”. En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner empezó su camino hacia un modelo populista de redistribución del ingreso. El instrumento principal para llevar a cabo este tipo de políticas es el gasto y la inversión pública. Si bien encontró un Estado quebrado y sin crédito, también recibió una economía que había comenzado a reactivarse a fines de 2002, fundada en la recuperación de la demanda interna, a lo que se sumó un contexto mundial que le permitió navegar con vientos favorables. Por lo tanto, la recaudación tributaria tendió a crecer mucho más rápido de lo esperado, brindando los recursos para recomponer la situación fiscal e incrementar fuertemente las erogaciones estatales.
Un factor adicional para el aumento de la presión impositiva fue la buena performance internacional del precio de los commodities, de gran relevancia en la producción y exportación argentina. No sólo permitió un mayor crecimiento, sino que con retenciones, restricciones a las ventas externas y congelamiento de precios, fue fuente de recursos extras para la redistribución de riquezas. Sin embargo, el crecimiento del gasto público pronto tomó un impulso mayor al incremento de los ingresos. Ante la carencia de crédito, se buscó aumentar la presión tributaria sobre la producción agropecuaria, intentando llevarla a niveles confiscatorios, en algunos casos. La exitosa rebelión fiscal del campo echó por la borda esta posibilidad; pero las erogaciones del gobierno continuaban subiendo y alguien tenía que pagar la cuenta. Por ello, se confiscaron los ahorros de los aportantes al sistema previsional de capitalización y se los obligó a abonar sus aportes al régimen de reparto estatal. Sin esta última medida, el gobierno hubiera entrado en déficit primario durante 2009.
En búsqueda de otras cajas
El problema es que esta medida no fue suficiente y, de todas formas, los recursos alcanzaban a cubrir una porción cada vez menor del pago de ven cimientos de deuda. La solución fue apropiarse de otra “caja”, las reservas internacionales del Banco Central, que inicialmente se utilizaron para pagar pasivos externos con organismos internacionales y, a partir de 2010, todos los nominados en moneda extranjera. El uso intensivo de las arcas del Banco Central implicó un fuerte incremento de la emisión para prestarle pesos al gobierno y, también, para comprar divisas que se usaban para pagar los pasivos externos del Estado. Así es como, para financiar el gasto electoral de 2011, se lo exprimió hasta llevar la relación de reservas con sus pasivos financieros a niveles tan bajos que la autoridad monetaria perdió capacidad de manejo del mercado cambiario. De allí que se decidiera ir a un control de cambios y se exacerbaran las medidas proteccionistas.
El desbarajuste fiscal que el gobierno gestó para ganar los comicios presidenciales (replicado en las provincias por la mayoría de los gobernadores) se volvió insostenible. Inicialmente, el Poder Ejecutivo planteó la reducción o eliminación de gran parte del festival de subsidios indiscriminados de los últimos años. Sin embargo, el alto costo político y algunos eventos que golpearon duro la imagen presidencial lo llevaron a dar marcha atrás. Era necesario volver a incrementar la caja; lo que se logró modificando la Carta Orgánica del Banco Central para reducir las restricciones que tenía para usarlo como fuente de financiamiento. Pues bien, si con el uso hecho hasta ahora hemos perdido la posibilidad de un mercado cambiario libre, con un saqueo mayor del Banco Central será imposible recuperarlo; por lo que estamos condenados al control de cambios y a la cerrazón de la economía.
Otra “caja” de recursos para la redistribución de riquezas es la que surge de las inversiones pasadas en infraestructura, transporte y energía. Esto le permitió al gobierno subsidiar el consumo de estos servicios y bienes obligando a sus oferentes a vender a un precio menor al de mercado. En algunos casos, cuando el costo superó el de las tarifas, el gobierno se hizo cargo con los recursos de los contribuyentes. En el caso del transporte, con transferencias directas a las empresas y, en el de la energía, asumiendo el costo mayor de tener que importarla.
Este fue un rasgo que diferenció a este gobierno de otro con similares objetivos, como el de Venezuela. El Presidente Chávez basó la redistribución del ingreso en la expropiación creciente de la propiedad privada; lo que ha resultado un fracaso, debido a la incapacidad del Estado de manejar las empresas. Por ejemplo, Sidor es una de las compañías estatizadas, hoy produce un tercio de lo que producía cuando la manejaba Techint. Desde 2002, solo dos países petroleros redujeron la producción de hidrocarburos, a pesar del fuerte incremento de su precio. Uno fue Venezuela, donde la producción es dominada por PDVSA, la petrolera estatal. El otro, la Argentina.
Expropiar la renta
El gobierno “K” tuvo clara la ventaja de dejar que la producción quedara en manos privadas. En el caso del sector agropecuario, sigue siendo la gente del campo la que siembra, cosecha o cría ganado. En el sector energético, son los empresarios con experiencia en la materia los responsables de la producción. Sin embargo, una vez maximizada la riqueza, el modelo le permite al gobierno apropiarse de la mayor parte de ella para redistribuirla a voluntad. Es cierto que esto funciona mejor que lo del “chavismo”, pero en el corto plazo. Si uno le quita gran parte de sus ingresos a alguien, es esperable que no tenga el necesario incentivo a producir e invertir lo suficiente. Por lo tanto, en el tiempo, esos bienes y servicios tenderán a escasear.
Desde 2003, muchos economistas y especialistas venimos advirtiendo que si no se corregía el rumbo tendríamos problemas de oferta de energía en el futuro. Pues el futuro nos alcanzó. La respuesta razonable para recuperar el autoabastecimiento sería restablecer condiciones y precios de mercado para el sector. De hecho, la historia argentina de los últimos 75 años demuestra que, cuando esto fue así, la producción de hidrocarburos se incrementó fuertemente; por ejemplo, en la Presidencia de Frondizi y en los ´90. En cambio, cuando la injerencia del Estado fue mayor, la evolución del sector fue pobre o negativa. De esto último, el mejor ejemplo es el período del gobierno “kirchnerista” que intervino fuertemente en el mercado de producción y distribución de energía. No es extraño que, además de Venezuela, sea el único otro país petrolero que desde 2002 bajó sus niveles de producción. (Ver gráfico)
La respuesta ideológica del gobierno fue expropiar el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la empresa española Repsol, cuando todas las compañías que operan en la Argentina (incluida Energas, la estatal creada por el “kirchnerismo” para explotar en exclusividad la extensa y rica plataforma submarina argentina) tuvieron, más o menos, la misma mala performance. Cosa que vimos era lógica dada la pésima política sectorial del gobierno “K”. De esta forma, se violentaron las leyes locales, los tratados internacionales y la Constitución Nacional, que regulan la forma en la que tiene que hacerse una expropiación. Este avasallamiento de la seguridad jurídica tendrá un alto costo en término de inversiones y desarrollo futuro. Además, queda claro que, con el actual rumbo, la posibilidad de recuperar el autoabastecimiento se diluye definitivamente.
YPF se transformará en una fuente de recursos para sostener los subsidios a la energía y al transporte, además de un “botín de guerra” donde aumentar los afiliados del gremio o colocar “soldados K” con muy buenos sueldos; por lo que es de preverse que pronto dará pérdidas. Recordemos que, antes de ser privatizada, tenía 10 veces más empleados de los que necesitaba y su resultado anual era negativo en alrededor de US$ 2.000 millones, a valores actuales.

No cabe duda que esta historia de decadencia del modelo continuará; ya que las “facturas” de las erradas políticas económicas “K” seguirán llegando. Más allá de algunas fintas que permitan postergar su pago, las “cajas” a saquear escasean y la economía seguirá resintiéndose. Llevará tiempo tocar fondo y habrá espacio para nuevas violaciones de la libertad económica y de los derechos de propiedad; por ejemplo en sectores del transporte u otros relacionados con la energía. Costará mucho remontar el desastre en que terminará esta gestión populista. Esperemos que, en esta ocasión, los argentinos aprendamos de la experiencia y nos dejemos de tropezar periódicamente con la misma piedra.
(*) Aldo Abram. Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Artículo publicado en Desafío Exportar (Revista de Comercio Exterior), Año 8, Nº 82:16-19. (2012)