lunes, 2 de marzo de 2015

¿Quien sigue?

Por Ernesto Tenembaum (*)

Para cualquiera que tenga cierta experiencia en la vida, es natural pensar que la gente cambia: tiene algunos momentos brillantes, la mayoría olvidables y metidas de pata espantosas. Piensa una cosa, y más adelante llega a otra conclusión. Pasa con los tenistas --Del Potro tuvo un momento excepcional cuando ganó el US Open y luego no logró levantar--, con los músicos --durante treinta años, Serrat compuso algunas de las mejor canciones del idioma castellano, pero en los últimos veinte tal vez no estuvo a esa altura--, y con los otros, los que somos más mediocres y desconocidos.
Eso que ocurre con los seres humanos en general, también pasa con los jueces. Para poner algunos ejemplos. ¿Quien es León Arslanián: el valiente camarista que condenó a Videla, el defensor del menemista Alderete, el civil que reformó la peligrosísima bonaerense, el ministro de Justicia de Menem, el hombre de consulta de Duhalde? ¿Cual de todos? ¿Quién es Raúl Zaffaroni: el defensor coherente y sólido del garantismo, el juez de la dictadura, el propietario de seis departamentos donde se ejercía la prostitución, el amigo de Boudou? ¿Quién es el ex juez Gabriel Cavallo: el que restituía niños desaparecidos, el que derogó las leyes de punto final y obediencia debida, el que defendió luego a Ernestina Herrera de Noble en el caso en que se investigaba el origen de sus hijos? ¿Quien es Luis Moreno Ocampo: el joven y carismático fiscal adjunto del juicio a las Juntas, el que concedió la constitucionalidad del indulto, el que defendió al cura Grassi en una causa espantosa, el que ayudó a condenar tiranos alrededor del mundo? ¿O quien es María Romilda Servini de Cubría: la jueza que intentó censurar a Tato Bores irritada por las denuncias que la vinculaban al encubrimiento del narcogate, o la magistrada más elogiada por Abuelas de Plaza de Mayo? Hay que decir que, en algunos casos, como el de Norberto Oyarbide, es más difícil encontrar contradicciones. Hay gente que es realmente coherente.
Y si eso pasa en la historia de cada persona, lo mismo, pero más, muchísimo más complejo, ocurre con el periodismo, el kirchnerismo o el Poder Judicial. Las personas son distintas de sí mismas y, mucho más, de las otras con las que conviven. Es muy complicado demostrar, en este contexto, la existencia de uniformidades, ideas en común, conductas consensuadas o planificadas para llegar a un objetivo determinado. A veces, ocurre. Pero muy excepcionalmente.
Enojadísima por la enorme marcha que se realizó el miércoles en la Capital Federal y en distintos puntos del país, la presidenta Cristina Fernández difundió una carta titulada "el bautismo de fuego del Partido Judicial". De la misma manera en que sucedió años atrás con el periodismo, Fernández intentó construir la idea de que todos los jueces que se atrevan a investigar a sus funcionarios son parte de una corporación que los unifica, y que pretende derrocarla. Antes, una caricatura, una información o una opinión podían ser engranajes de una conspiración mayúscula y debían ser tomadas como tales. Ahora, ocurrirá con las decisiones de los jueces que rasguñen el prestigio ya deteriorado de sus funcionarios.
Es difícil saber si ella cree lo que dice o es simplemente una construcción para la gilada, como quien dice: un discurso para que muchos seguidores repitan en cada discusión.
En cualquier caso, quizá convenga recordar los avances que la democracia logró en el Poder Judicial desde 1983 y poner en contexto algunas de las reflexiones presidenciales.
Con todas sus contradicciones, la Justicia argentina fue la que condenó a las cúpulas de la dictadura durante la década del ochenta y a casi todos los genocidas en estos últimos años. Al menos uno de los jueces que formó parte de ese tribunal estuvo en la marcha. Y aquel fiscal que pronunció el conmovedor alegato no fue porque enfrenta una delicada condición de salud. La justicia argentina restituyó a los nietos que habían desaparecido. En la cabeza de la marcha del miércoles, además, no estaba el juez que entiende en la causa de la apropiación indebida de Papel Prensa, sino la jueza que forzó que los hermanos Herrera Noble se sometieran al análisis de ADN que finalmente dio negativo. La justicia argentina es la que puso preso al ex presidente Carlos Menem y el fiscal que tenazmente logró eso estaba en la cabecera. En Hacer la Corte, uno de sus mejores libros, Horacio Verbitsky enumera la cantidad de funcionarios menemistas que estaban siendo investigados por la Justicia en la década del noventa. Contabiliza más de sesenta casos y eso que el libro fue escrito en 1993, cuando el menemismo recién comenzaba. Como corresponde a cualquier sistema democrática, el Poder Judicial fue incorporando jueces en distintos períodos, que en alguna medida representaba el equilibrio de fuerzas de cada momento. Por eso los hay alfonsinistas, menemistas o kirchneristas, muchos de ellos enfrentados entre sí, o que cambian a través del tiempo. De hecho, la Corte Suprema de Justicia ha tenido tres períodos claramente diferenciados, de los cuales el mejor de ellos fue el abierto en el 2003, tras la asunción de Nestor Kirchner.
En la marcha estaba la jueza que forzó que los hermanos Herrera Noble se sometieran al análisis de ADN que finalmente dio negativo. 
Nada de esto cambia que haya causas que avanzan y otras que se cajonean, que haya fallos injustos, jueces vinculados a la Side de todos los períodos --incluido el actual-- más dificultad para condenar ladrones millonarios de guante blanco --kirchneristas incluidos-- que rateros o descuidistas, como en todo sistema capitalista. O que se haya usado a jueces venales para procesar a Mauricio Macri por una causa realmente débil o perseguir a candidatos en campañas con armados miserables reproducidos por la prensa kirchnerista. Los defectos y las virtudes existen en toda organización. El texto de la tercera carta de Cristina post Nisman arma una ensalada de conspiraciones utilizando los tres datos que le sirven, y ocultado los diez que la contradicen. Es un clásico. Si lo hace 678, ya aburre. Si lo consumen los chicos de la Cámpora, uno siente cierta tristeza por ellos, pero tienen una vida por delante para percibir el engaño. Si lo cree la Presidenta, es otra cosa.
Lo que sí puede ocurrir es que toda esa complejidad, esa heterogeneidad, encuentre un punto en común ante una agresión externa indiscriminada: por ejemplo, si un vicepresidente investigado por un hecho de corrupción logra desplazar al juez de la causa, al fiscal, y a un prestigioso procurador, luego de un discurso cargado de denuncias que no comprobó. Cada uno de sus miembros reaccionará a su manera, por su historia, por su caracter. Pero el clima general empezará a teñirlos a todos. Por eso, personas tan distintas entre sí, convocaron a la marcha del miércoles pasado. Y muchísimas otras, tan distintas entre sí, concurrieron. La perplejidad del kirchnerismo frente a ese fenómeno, que lo deja atontado, se percibe en el revoleo de etiquetas que le ponen a los hombres que allí fueron: de derecha, de nueva derecha, idiotas, cómplices de los asesinos, narcotraficantes, antisemitas, macristas, paraguas de la muerte, todos somos Stiusso. Un boxeador golpeado deambula en medio del ring sin entender las coordenadas y dice cualquier cosa. El problema es que de ese boxeador depende el rumbo de su país durante unos meses.
Más allá del griterío, unas horas después de la contundente marcha de paraguas, se produjeron dos episodios de caracter judicial que permiten pronosticar uno de los elementos que marcará el último tramo del Gobierno de Cristina Fernández. El primero de ellos fue la confirmación en Cámara del procesamiento del vicepresidente Amado Boudou, quien parece condenado a sentarse en el banquillo de acusados de un juicio oral por cohecho luego del 2015. El segundo fue la detención, por pedido de la Justicia uruguaya, de Alejandro Vanderbruele, una de las piezas claves de la apropiación ilegal de la empresa Ciconne Calcográfica, que la Justicia argentina atribuye a Boudou. En esas decisiones intervinieron tres jueces argentinos y uno uruguayo.
La pregunta obvia es: ¿Quién sigue? ¿Máximo por la causa Hotesur, Milani por los delitos de lesa humanidad, la presidenta y su canciller por el Memorandum con Irán?
Nadie sabe lo que se siente entre paredes que uno no habita, pero algunos síntomas permiten percibir la manera en que estas noticias afectan a la conducción del poder político argentino. Además de la misiva presidencial, han convocado a una marcha para el 1 de marzo bajo la consigna: "La democracia no se imputa", o sea para que los funcionarios no sean investigados por hechos ilícitos. La consigna "vamos por todo", ahora se transformó en "no nos metan presos".

Parece inverosímil, pero en la Argentina 2015 nada lo es ni lo será.
(*) Ernesto Tenembaum. Psicólogo, periodista y analista político. Artículo publicado por "Mendoza Post" el 23 de Febrero de 2015