viernes, 6 de marzo de 2015

Un Estado deshecho

Editorial de la Revista Criterio (*)

La muerte del fiscal Alberto Nisman mostró, una vez más, una realidad cruel: el Estado argentino no está estructuralmente capacitado para llevar adelante sus funciones más básicas. El episodio, por sus características trágicas, sacudió de tal manera a la sociedad, que no resulta ya posible evadir esta realidad que –a fuerza de mala praxis, incompetencia y ausencia– aflora en carne viva.No es nuestra intención ni entendemos que colaborará opinar sobre lo sucedido. No obstante, la actuación de la Justicia y de las fuerzas de seguridad lideradas por el teniente coronel Sergio Berni, la reacción del oficialismo encabezado por la Presidente, de la oposición  y de la sociedad civil, la enorme cantidad de conjeturas que se tejieron y continuarán hilvanándose a partir de semejante tragedia, la multitudinaria marcha convocada por los fiscales el 18 de febrero pasado, y otras muchas vicisitudes que este caso trajo son, quizá, una prueba más de lo que sostenemos en el primer párrafo.
Para comenzar a buscar las razones que sustentan al Estado, basta echar una rápida mirada al Preámbulo, para encontrar allí unas cuantas directivas generales: construir la unión nacional, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad.
En los albores de la celebración del bicentenario de la Independencia, ante estas situaciones resulta difícil encontrar aquellos elementos o sucesos que permitan observar la consolidación de los objetivos planteados en el Preámbulo. Por el contrario, pareciera que una diagonal atraviesa nuestra historia, que presenta al Estado como una herramienta al servicio de distintos grupos de interés y no tanto como el instrumento para llevar adelante los fines para los que fue pensado.
Si bien es cierto que la captura del Estado por ciertos sectores no es patrimonio del actual oficialismo y quizá tuvo su expresión más macabra con el proceso de reorganización nacional, no lo es menos que en la etapa democrática iniciada en 1983, pero los últimos doce años han consolidado la tendencia, a caballo de una bonanza económica motivada, en gran medida, por la coyuntura internacional. Las causas son múltiples, las culpas también, y la sociedad civil en su conjunto no es ajena a este deterioro.
El Estado, justo es decirlo, está integrado por un conjunto de entidades multifacéticas, gigantescas, sumamente difíciles de manejar y gobernadas por el statu quo, que incluyen los tres poderes clásicos, el Ministerio Público, los estados provinciales y los municipales. Internamente, también está atravesado por una enorme multiplicidad de intereses corporativos, pequeños nichos de poder prebendario, ineficiencias y muchos otros defectos.
La clase política accede a su manejo, pero no logra o no quiere realizar las modificaciones necesarias que desincentiven la maquinaria estatal a mantenerse en esa situación. Por el contrario, varias actitudes del poder político parecieran exacerbar estas tendencias. La sociedad civil, pese a los enormes esfuerzos asociativos que ha venido haciendo a través de los años, no ha logrado romper esta inercia.
¿Será la muerte del fiscal Nisman la que nos sacuda de nuestro letargo y motive en la sociedad, en su acepción más amplia, un necesario espíritu de reconstrucción? La respuesta no es sencilla y la tarea es ciclópea.
Quizá sea bueno ensayar tres aproximaciones.
La primera se vincula al rol que le vamos a exigir al Estado. ¿Es una herramienta al servicio de cierta ideología, para ser usada por quienes circunstancialmente asuman el poder? ¿O, por el contrario, su rol tiene que ver con darle a los ciudadanos un marco de desarrollo, igualdad sustancial de oportunidades que incluyan educación, salud, acceso a la vivienda, amparo de los más desfavorecidos, libertad para elegir su propio plan de vida y protección de la vida y la propiedad, todo lo cual está claramente expresado en el texto constitucional? Entendemos que la respuesta afirmativa al segundo interrogante es el rol que nuestra Constitución ha pensado para el Estado.
En segundo lugar, es necesaria una sana ambición general de transformación. El Estado, hoy, está colonizado por facciones con características mafiosas, servicios de inteligencia de toda calaña, corrupción e intereses totalmente desalineados con sus objetivos básicos. El primer paso, entonces, es tomar real conciencia de la situación y provocar un cambio categórico. Debería ser entonces la sociedad civil la que le reclame a todos los candidatos un compromiso real, efectivo y concreto, sobre lo que harán con el Estado.
La tercera aproximación tiene que ver, entendemos, con aquellas condiciones necesarias para que el Estado asuma su rol, y pueda someterse al escrutinio público; y las podemos resumir en cuatro:
–Transparencia y plena publicidad de los actos de gobierno.
–Mecanismos reales y eficaces para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
–Funcionamiento eficaz de los organismos de control previstos en la Constitución Nacional.
–Sistema estadístico veraz y profesional.
Confirmar su rol, asumir un compromiso transformador y consolidar  las condiciones necesarias, parece ser un muy simplificado camino crítico para comenzar, con espíritu reformista, la reconstrucción del Estado argentino.
Cuando, en el juicio a las Juntas en 1984, la sociedad tomó conciencia del resultado que significó entregar la maquinaria estatal a los militares, motivó el grito de ¡Nunca más! Y hoy podemos alegrarnos con que la alternancia política se realizó, en los últimos 32 años, en el marco de la Constitución.
La muerte del fiscal Nisman, que fue precedida por otra cantidad de muertes fruto de esta coyuntura, como la tragedia de Once, o más atrás en el tiempo, el mismísimo atentado de la AMIA y otros muchos ejemplos, podría ser el “Nunca más” al Estado deshecho, ausente y secuestrado por grupos de interés.
Por otra parte, el mundo del siglo XXI presenta desafíos gigantescos. Las decisiones que el Estado tome, en el contexto internacional, tienen repercusiones inmediatas.
El denominado “Estado Islámico”, que reseñamos en nuestro número anterior, no es un tema menor. El comercio y los mercados internacionales requieren de un Estado en forma para participar de manera solvente en el concierto de las naciones, con ambición de relevancia. El crimen organizado es transnacional. La interacción profesional con las fuerzas de seguridad de países vecinos es fundamental. Estos son sólo algunos ejemplos, que no agotan una interminable lista de retos.
¿Con qué Estado enfrentaremos los desafíos del siglo XXI?
La triste circunstancia de la muerte del fiscal Nisman puede ser el motor para emprender la tarea de rehacer el Estado. La sociedad civil, los ciudadanos y los políticos hemos convalidado, en más y en menos, este profundo deterioro. Las razones, como dijimos, son infinitas. Los debates, interminables. Urge poner de pie al Estado.
Hay, vale la pena recordarlo, mucha y valiosa experiencia acumulada en las distintas áreas del Estado. Puede encontrarse también capacidad e idoneidad en una enorme cantidad de funcionarios públicos de carrera en todos los ámbitos estatales, que dentro de sus limitaciones son receptivos a las demandas de los ciudadanos, y aplican sus saberes. Existen, finalmente, ejemplos de un Estado que funciona, o que funcionó en el pasado. La empresa INVAP S.E., una sociedad formada por la Provincia de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica es un caso de una actividad estatal de largo aliento y resultados concretos.
Este año habrá elecciones presidenciales. La fragmentación que hoy se avizora, puede significar una oportunidad. Un gobierno de coalición –cualquiera sea su signo político– necesitará garantizar la gobernabilidad. El funcionamiento eficaz del Estado, que lo saque de su hipertrofia, requerirá de una sólida concertación que implica que quienes piensan distinto pacten un funcionamiento constitucional eficaz, a pesar de las disidencias. Los ciudadanos, en quienes reside la soberanía de acuerdo con nuestra Carta Magna, tendrán la última palabra.
(*) Revista Criterio. Editorial de la Edición de Marzo de 2015