lunes, 29 de febrero de 2016

Bajar la presión tributaria ya

Por Roberto Cachanosky (*)
Es falso que para bajar la presión impositiva primero haya que reducir la evasión y luego las tasas
A propósito del gradualismo económico que se debate en estos días, se presenta una situación curiosa. Se argumenta que hay que bajar gradualmente el gasto público para evitar una crisis social. Ahora bien, siendo que el gasto público se financia con impuestos o bien con el impuesto inflacionario, la pregunta es: ¿por qué el contribuyente, que soporta una asfixiante carga tributaria puede seguir perdiendo nivel de vida y soportarlo sin que se produzca una crisis social y el que vive sin producir a costa del contribuyente no puede esperar? ¿Acaso el que vive a costa del contribuyente tiene alguna prerrogativa ante la ley, lo cual sería inconstitucional? No se entiende por qué el contribuyente tiene que seguir siendo explotado por el ñoqui o por el que vive de subsidios como si fuera su derecho a ser mantenido indefinidamente porque si el ñoqui o el subsidiado tienen que buscar un trabajo sería una política de ajuste. Una actitud de falta de solidaridad.
Acá hay una muy mala interpretación de lo que significa bajar el gasto público. En primer lugar no es solo hacer que los ñoquis vayan a trabajar, algo que, en todo caso, sería un acto de justicia, también es decirle a quienes reciben subsidios sociales que no los van a recibir para siempre, que tienen que re empadronarse y que en caso de surgir algún trabajo acorde a sus habilidades tendrá dos opciones: a) tomar el trabajo, cobrar el sueldo y además el 50% del subsidio por 6 meses o b) si no toma el trabajo automáticamente deja de cobrar el subsidio.
Por otro  lado, bastante gasto público se podría podar mediante una revisión de los contratos de obra pública que, en muchos casos, han sido verdaderos bolsones de corrupción.
Resulta realmente disparatado que a los ñoquis que están en el estado viviendo del trabajo ajeno le ajusten los salarios por inflación y a los contribuyentes que pagamos ganancias o bienes personales nos tengan con mínimos no imponibles de 14 años atrás sin indexar. No se entiende por qué en un caso se denuncia costo social y en el caso de los que producimos y somos exprimidos con impuestos no tengamos costo social.
Es falso que para bajar la presión impositiva primero haya que reducir la evasión y luego las tasas. Es exactamente al revés. Para poder reducir la evasión impositiva, primero hay que simplificar el sistema tributario y reducir las tasas de los impuestos. Al reducir las tasas de los impuestos disminuye el premio por evadir y el que está fuera del sistema considera que es más conveniente entrar al sistema que asumir el costo de ser detectado por no pagar los impuestos.
Creo que en Argentina nos fuimos del otro lado de la curva de Laffer. La teoría de Laffer era que a medida que crece la tasa del impuesto sube la recaudación. Pero llegado un determinado punto, si el estado sigue subiendo la tasa del impuesto, comienza a recaudar menos porque estimula la evasión o bien disminuye la actividad porque la presión tributaria hace que no sea rentable producir.
En Argentina, la voracidad fiscal es tan grande que el estado ha aumentado hasta tal nivel la presión impositiva que estimula la evasión y desestimula la producción y la inversión. Tanto exprimió al contribuyente que éste produce menos y, por lo tanto, la base sobre la que recauda es cada vez menor. Dicho de otra manera, si antes el estado aplicaba un 20% de impuesto sobre $ 1000 de base imponible,  recaudaba $ 200. Ahora aplica una tasa del 30% pero sobre una base imponible de $ 600 con lo cual recauda $ 180. Aumentó la carga impositiva un 50% pero recauda un 10% menos porque la economía produce menos y la evasión es mayor. Las altas cargas impositivas maginan a la gente del sistema formal y hacen que la economía se achique, de manera que por más que aumenten las tasas de imposición ya sea nominalmente o bien en términos reales no ajustando por inflación los balances, los mínimos no imponibles y las deducciones no van a recaudar más. Por eso considero que es un error de estrategia postergar la reducción de la carga tributaria, en particular de ganancias.
Lo que se necesita desesperadamente es que la economía crezca. Que la gente produzca más. Uno de los mayores obstáculos para captar inversiones y producir más es, justamente, esta locura de sistema tributario que ha dejado del kircherismo. Mi visión es que habría que hacer exactamente la inversa. Bajar ya la presión impositiva para agrandar la economía y sobre una mayor riqueza recaudar más o lo mismo que antes.
Por supuesto que pueden intentar sostener estas tasas de imposición y buscar reactivar la economía con deuda externa recurriendo a la receta keynesiana, pero habrá que tener en cuenta que se estarán distorsionando las variables económicas al recurrir al endeudamiento externo, no se solucionarán los problemas heredados y una vez que se acabe el financiamiento externo volveremos al punto de partida.
Me parece que hemos caído en tal locura de gasto que el estado no aplica un sistema tributario para financiar sus gastos de funcionamiento sino que parte de la siguiente premisa: ¿cuánto puedo exprimir al contribuyente para llevar la carga tributaria al máximo y así financiar la colección de programas populistas que tengo en el presupuesto? El principio es cuánto puedo explotar al contribuyente, no qué gastos necesito para tener un estado austero y eficiente.
¿Por qué una persona puede estar dispuesta a vivir en sociedad sacrificando parte de sus ingresos y libertad? Para resguardarse de los ladrones errantes. De otros grupos de delincuentes. Si uno se une a grupos más amplios para defenderse de los depredadores tendría más posibilidades de defenderse de ellos. Sin embargo el populismo estatista y distribucionista terminó por transformarse en el gran depredador. Los que producen le delegaron transitoriamente el monopolio de la fuerza a un grupo de personas para que los defienda de los depredadores y ese grupo de personas terminó utilizando el monopolio de la fuerza para depredar a los que producen y mantener a los que no producen.
En síntesis, tengo la impresión que el camino indicado no es postergar  la disminución de la carga impositiva sino, por el contrario, anticiparla para estimular la generación de más riqueza que es igual al ingreso y así tener más ingresos fiscales por ampliación de la base imponible.
De lo que se trata es de ir para el otro lado de la curva de Laffer, si es que queremos que el estado deje de ser un depredador y sirva para lo que fue creado: defender el derecho a la vida, la libertad y la  propiedad de las personas.
(*) Roberto Cachanosky. Economista (UCA, 1980) Director de Economía para todos. Artículo publicado el 28 de Febrero de 2016 en la Edición 615

El Papa y nosotros

Por Germán Gegenschatz (*)
En Argentina, la Iglesia Católica y sus miembros tuvieron tradicionalmente un accionar y un compromiso directo en la vida social, educativa, política, militar y científica, desde el nacimiento de nuestro país. Hoy en día quizás menos, pero sigue muy presente.
Si recordamos que el presbítero Damasio Larrañaga descubrió y clasificó varias especies vegetales y fósiles rioplatenses, que el presbítero Melchor Fernández fue profesor de física experimental, que el presbítero Saturnino Segurola introdujo las vacunas el Río de la Plata, que el presbítero Feliciano Pueyrredón (hermano de Juan Martín de Pueyrredón) vacunó contra la viruela en San Pedro y Baradero o que Bartolomé Muñoz fue literato, astrónomo, cartógrafo, arqueólogo y naturalista y actuó en política. En el campo militar y político recordamos a Fray Luis Beltrán a cargo de la Artillería del Grl. San Martín, a Manuel Alberti, párroco de San Nicolás y miembro de la Primera Junta, a el Diputado constituyente Dean Gregorio Funes, entre otros.
En este transitar histórico, las posturas distaron de ser homogéneas. Fray Mamerto Esquiú supo arengar la sumisión de la iglesia a las normas constitucionales y las autoridades civiles, aunque sabemos que no siempre fue así. Las tensiones resumidas en la frase “religión o muerte” de los federales y “civilización o barbarie” de los unitarios, tenían también componentes diferenciadores respecto del rol de la iglesia en la sociedad civil.
Se debate a diario, desde hace mucho tiempo, el rol de la religión frente a un estado laico y democrático. En este marco, con raíces históricas profundas, se debate la actuación del Papa Francisco, sus gestos y dichos, que para peor es argentino. Digo esto porque Juan Pablo II fue un Papa tan o más político que Francisco, sin embargo, en nuestro país primó una mirada más orientada a lo apostólico que al impacto político de su apostolado, mientras que con Francisco se lo mira más por el impacto político local de su apostolado. Es menos Papa que Jefe de Estado, se lo juzga más por peronista que por católico, sus acciones y palabras son para las elites argentinas de contenido e intenciones políticas concretas y actuales. Además, es justo reconocer que es una mirada estimulada, de alguna manera, por gestos recientes y pasados del mismo Papa.
Desde el llano, cada facción destaca el significado político de los gestos del Papa, para el Kirchnerismo un Rosario vale tanto como una ley de amnistía que viene del cielo, que se debe acatar como si el presidente y el juez fuesen un par de párrocos. Desde el poder, ante el mismo hecho, se destaca el contenido apostólico del Papa, se lo regaló para rezar.
Esta discusión de incumbencias y límites no tiene solución, menos aún en la Argentina de hoy. La clave es tolerar al otro y escucharlo, tal es la forma pacífica de convivir. Es en ese marco de convivencia, donde las aportaciones para la vida social, económica y política de las religiones pueden ser valoradas. Es en la medida de la eficiencia de la labor apostólica que la Iglesia provee hombres y mujeres probos para la comunidad y para el ejercicio del poder y cuando esas aportaciones se transforman en lucha política para buscar imponerlas, se pierde todo beneficio y queda solo el conflicto eterno y estéril. Lo mismo sucede si el gobierno o quienes se le oponen, se quedan en interpretaciones temporales y utilitarias de la misión apostólica del Papa, allí es cuando se producen fracturas o grietas, como se dice hoy en día, clausurando todo el potencial propio de una comunidad organizada, por encima de sus diferencias.
Hoy sucede un poco esto, nuestra sociedad no está encontrando la forma de organizarse por encima de sus diferencias. Todavía son demasiados los que desconfían de la ley y la justicia, las ven como impedimentos a la realización de sus ideas políticas más que como instituciones que permiten la vida en comunidad, clara herencia intelectual de las dictaduras. Todavía son demasiados los que desconfían de la distribución de poder emergente de las elecciones, piensan que sin neutralizar al otro no hay futuro para nadie, en el fondo no creen en el sistema democrático. La historia de la humanidad nos muestra que las sociedades avanzan cuando se organizan como comunidad, por sobre sus diferencias y sin eliminarlas. Estas últimas son las que permiten perfeccionar los aciertos e ir corrigiendo los errores, caso contrario, quedan encerradas en espirales más o menos violentos mientras la regla es el empobrecimiento de sus ciudadanos.
Vivimos una especie de torneo para ver quien justifica mejor su odio hacia el otro, nada más estéril para el conjunto e inútil para cada uno. Conocemos sobradamente, la poca estima que Jorge Luis Borges tenía hacia Rosas, sin embargo, pese a su inquina, en su poema “Rosas” ve con claridad que el odio inmortaliza lo detestado, cuando escribe:
“Ya Dios lo habrá olvidado
y es menos una injuria que una piedad
demorar su infinita disolución
con limosnas de odio”
Creo que el Papa cumple un rol en el mundo del cual somos parte integrante. En este sentido, la primera lectura que se impone a cuanto hace y dice es la apostólica, luego se pueden hacer todas las derivaciones que se desee, sabiendo que cuando extremamos las interpretaciones desnaturalizamos los mensajes. Argentina debe comenzar a hurgar más en las coincidencias que en las diferencias, empezar a construir desde allí. Nosotros mismos debemos resistir las pasiones y entrar en razones, evitando el odio hasta que se transforme en perdón.
Por Germán Gegenschatz. Abogado. Diplomado en Historia Política Argentina. Artículo publicado en Comunidad y Política, Semana 9
Buenos Aires, 26 de febrero de 2016

Trabajo de Parto

Por Enrique G. Avogadro (*)
"Sabiduría no es destruir ídolos, sino no crearlos nunca" Umberto Ecco
Cuando, ya hace algunos años, acuñé el apelativo ¿Frente para la Qué? para referirme a la facción del PJ encabezada por los Kirchner, lo hice pensando en las grandes batallas que ambos cónyuges habían planteado contra quienes consideraban sus mayores enemigos, en todas las cuales habían sido derrotados: el campo y las retenciones, el grupo Clarín (Ley de Medios, Papel Prensa y la falsa apropiación de los Noble-Herrera), la Justicia y su "democratización", los códigos de forma y fondo y, sobre todo, la reelección eterna para su líder supérstite, que quedó enterrada ya en 2013.
Así como Héctor Magnetto encarnaba al demonio en la prensa, Claudio Bonadío lo hacía en los tribunales federales; a ambos, el kirchnerismo les deseó los peores males y, con ambos, fracasó. En el caso del último, el viernes rompió la bolsa e inició el trabajo del tan añorado parto de la honestidad al llamar a Cristina Kirchner a prestar declaración indagatoria juntamente con Axel Kiciloff, Alejandro Vanoli y los otros ladrones que conformaron el Directorio del Banco Central hasta que el bunker se derrumbó. La cita será el 13 de abril y, a partir de entonces, el Juez dispondrá de un breve lapso para determinar si los procesa por los graves delitos relacionados con la venta de dólares a futuro a precios que, ya de origen, resultaban ridículamente bajos; presumo que, además, el magistrado extenderá su investigación a quienes se beneficiaron con esa costosísima operatoria diseñada, sobre todo, para poner otra enorme bomba al gobierno que la sucediera y, de paso, enriquecer a algunos vivos.
Algo debe haberse filtrado y, empujado por el viento norte, llegado desde Comodoro Py al Calafate, provocando un natural pánico; hasta podría ser la explicación del tan prolongado silencio de la auto-exiliada. A partir del viernes mismo, sus ya escasos adherentes convocaron a la revolución, ante la posibilidad concreta de tener que cambiar el objeto de su reclamo de libertad de Milagro Sala a la arquitecta egipcia; pretenderán, también, que ésta será una presa política. ¿SS Francisco le enviará un rosario?
Todos los jueces federales porteños tienen causas en las cuales Cristina está imputada por corrupción y, quizás, la resolución de Bonadío lleve a sus colegas acelerar los tiempos; sería lo mejor ya que, seguramente, Mauricio Macri pondrá exclusivamente sobre sus hombros la responsabilidad por la celeridad de esos procesos, y la sociedad entera reclamará en consonancia. Hasta el Consejo de la Magistratura estará atento al desarrollo de los acontecimientos y, seguramente, también activará el trámite de las distintas denuncias del inexplicable enriquecimiento de algunos de esos magistrados.
Así, adquirirán nuevas velocidades las causas de Hotesur (Lázaro Báez, Recalde, Cristóbal López, Máximo Kirchner, etc.), del memorandum con Irán (Timerman, D'Elía, Esteche y, sobre todo, el asesinato de Nisman), de Ciccone (Boudou), de Aerolíneas (Jaime y Embraer), del gas importado (de Vido y Enarsa), de la financiación de las campañas electorales (Antonini Wilson y el narcotráfico), de los subsidios al transporte (Jaime y los Cirigliano), de la inexplicable fortuna del matrimonio (Santa Cruz, Seychelles y Angola) y tantas otras cuya sola enumeración excede los límites de esta columna.
Mauricio Macri, después de una de las semanas más exitosas de su gobierno, inaugurará el martes 1° las sesiones ordinarias del Congreso, y lo hará con un discurso que aún nos intriga: ¿cuál será el tenor de la pieza, sin duda acotada por la loable brevedad de la que hace gala el Presidente?
El equipo económico que lo acompaña logró devaluar y salir del cepo cambiario sin que se produjera una crisis mayúscula, con la que soñaban quienes lo instrumentaron -Kiciloff y Moreno- en 2011, y fue un suceso remarcable, tanto como lo será el próximo acuerdo con los holdouts que permitirá a la Argentina salir de un default al cual sólo se llegó por voluntad expresa de Cristina. Así, envuelta en sus falsas banderas que mezclaban nacionalismo trucho, populismo corrupto y compulsión por el saqueo, la ex Presidente obligó al país a endeudarse a tasas siderales, y a caerse del mundo globalizado; nos dejó aliados de los exitosos regímenes, todos tan respetuosos de los derechos humanos, que aún gobiernan en Cuba, en Venezuela, en Irán y en Rusia; ¿qué mejores socios podíamos pedir?
Si mañana, como se presume, las clases comienzan normalmente en la mayor parte del país, algo que no ocurre desde hace años, obviamente Macri se habrá apuntado un nuevo triunfo, en especial frente a los sectores de menores recursos, que dependen de la asistencia de sus hijos a la escuela para que éstos en muchos casos se alimenten y para poder concurrir a sus trabajos, algo imposible si los chicos deben quedarse en sus casas.  
Pero hay un punto importante que el Presidente debe tener muy presente cuando decida el tenor de su discurso: la sociedad, salvo por la inflación, no percibe la magnitud de la crisis en que estamos inmersos, a mi juicio mucho más grave que la que nos asoló en 2001; justifico esta afirmación: cuando los problemas que trajo aparejados el tardío fin de la convertibilidad (desempleo, cierre de empresas, etc.), que se habían originado antes de la llegada de la Alianza, explotaron en las manos de Fernando de la Rúa, la infraestructura en materia energética e industrial estaba intacta y, en gran parte, ociosa; esa fue, precisamente, la plataforma sobre la cual Duhalde y Lavagna pudieron iniciar la reconstrucción del país que recibió Kirchner en 2003, mientras que hoy, en la práctica, esa infraestructura (energía, comunicaciones, redes viales, puertos, establecimientos fabriles, etc.) se ha transformado en inexistente u obsoleta.
La magnitud de esa falta de percepción social en lo que a la real situación económica se refiere, de no ser corregida rápidamente, se transformará en un gigantesco obstáculo para las incómodas pero inevitables medidas que Macri deberá adoptar para paliarla; si la gente no se da cuenta de lo mal que está el Estado y el país todo, resultará casi imposible pedirle los sacrificios necesarios, ya que resistirá cualquier ajuste tarifario o de personal -principal rubro en el gasto público-, es decir, todo cuanto será necesarios hacer para sobrevivir, y continuará con la imbécil postura de defensa de los ñoquis.
Obviamente, cuando escribí "Un mundo raro" el domingo pasado, no sabía que un ex Presidente prácticamente acusaría a otra ex Presidente de matar a un tercer ex Presidente (nada menos que su marido); la magnitud de ese hecho, que nuevamente nos convirtió en el hazmerreír de toda la prensa mundial, hubiera debido ser el mayor botón de muestra del extraño país que somos.
Está en nosotros, y en la Justicia, cambiar nuestro trágico sino. Dios quiera que sepamos hacerlo. 
Bs.As., 28 Feb 16
(*) Enrique Guillermo Avogadro. Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
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Twitter: @egavogadro

Fuente: Comunicación personal del autor

Dedicarse a gobernar.

Por Alberto Medina Méndez (*)
Algunos se sienten más cómodos haciendo proselitismo. Ciertos cuestionables códigos comunicacionales contemporáneos no hacen más que confirmarlo. Habrá que avisarles que desde ahora mandan los resultados y el marketing no puede ser la única herramienta disponible.

Las técnicas más habituales, utilizadas para seducir al electorado apuntan a dar siempre buenas noticias, hablar en positivo y evitar la confrontación como instrumento de rutina. Sin embargo, algunos no han registrado que una campaña, por definición, tiene principio y también final. Existe un momento para las propuestas, para las promesas, pero eso no puede ser eternizado como método, al menos no con probabilidades de éxito.

Cuando se acercan los comicios la sociedad espera saber que se hará, precisa escuchar cómo se lograrán erradicar problemas o mitigarlos y solucionar cuestiones de la vida mundana. Pero luego se tiene que pasar a la acción. Superado el recuento de votos que expresa las preferencias sociales, se acaban los alegatos y empieza la era de la gestión concreta.

Vivir en la fantasía eterna de una campaña ilimitada es desconocer lo elemental. Es que algunos gurúes creen que son "todo terreno" y que pueden prolongar sus recomendaciones hasta el infinito, sin asumir con honestidad intelectual las limitaciones que tiene cada disciplina.

A los políticos se los selecciona por determinados atributos. En ese contexto, la gente opta por unos y descarta otros. A veces, inclusive, solo intenta impedir que alguien continúe en el poder. No lo hace como en un juego de azar, en el que unos ganan y otros pierden. La meta es poner en funciones a aquellas personas que deberán luego demostrar sus talentos.

Existe una etapa para vender sueños y otra para implementar realidades. Pero esta simple percepción contrasta hoy con lo que se visualiza a diario. Algunos se conducen como si aun no se hubiera sufragado y entonces pretenden seguir sumando voluntades a mansalva.

Un estilo elegante, discursos prolijamente diseñados y pormenorizadamente estudiados, cierta moderación y buena onda son siempre bienvenidos, pero nada de eso es suficiente. Todo lo periférico es efímero. Lo que realmente importa es lo que ocurre en el núcleo, en el centro de la escena.

Los grandes estadistas no eran necesariamente buenos oradores, ni gente refinada, ni siquiera tenían sobrados conocimientos acerca de cómo conquistar mayorías de un modo eficiente. Eran muy intuitivos, pero no pasaron a la historia por esas cualidades secundarias, sino por su capacidad de generar hechos, de producir gestas extraordinarias y por dejar una huella con un legado con mayúsculas para las próximas generaciones.

No es que ambas cosas sean incompatibles. Se puede ser políticamente correcto y a la vez exitoso en el ejercicio del poder. Es posible lograr una sana combinación de esos elementos. Pero no hay que caer en la trampa de creer que lo primero es un requisito para conseguir lo más trascendente.

Todo pasa por decidir dónde depositar las energías. El tiempo es un recurso agotable, que por lo tanto no tiene reposición y es vital comprenderlo para no cometer errores groseros. Cuando se decide darle prioridad a ciertas formas y eso se convierte en el corazón de la estrategia, implícitamente se le quita fuerzas a la necesidad de enfocarse en la labor cotidiana.

Esa dinámica tan efectista, que se concentra en conseguir aprobación ciudadana para dar cada paso, es un gran condicionante e invita a cometer múltiples equivocaciones. Es saludable mantener un apoyo cívico considerable. Lograr consensos para avanzar con algunas medidas es deseable, pero en ciertas circunstancias es imperioso tomar determinaciones más osadas, que probablemente no sean muy populares, pero que sin ellas el objetivo último no se conseguirá como se espera.

Las posibilidades perdidas son ocasiones desperdiciadas. Lamentablemente no se puede volver el reloj atrás. Pero no menos cierto es que a veces, se presentan segundas oportunidades y es entonces cuando se debe reflexionar para no repetir desaciertos en forma secuencial e indefinida.

El plazo de la campaña se ha agotado. Ya fue. Es solo parte de la historia. Tuvo un inicio y una culminación. Ahora viene algo bien diferente, con características especiales. La gente espera ver mucha actividad y en el sentido apropiado. Observa en silencio, casi pasivamente, cada uno de los movimientos de quienes tienen responsabilidades en la toma de decisiones.

Los que fueron elegidos tienen ahora que responder a la confianza de los votantes. La sociedad espera efectividad. No los juzgará solo por sus modos personales, ni por sus gestos. Eso solo será parte del anecdotario que jugará a favor, si todo resulta bien, y en contra si todo termina mal.

Es primordial, que se abandone la idea de la propaganda como único recurso. Si hacen las cosas adecuadamente y consiguen lo prometido,  al menos parcialmente, el acompañamiento electoral estará presente inexorablemente. Si sus planes no se cumplen, si las expectativas no se ven reflejadas, no habrá ardid táctico que les evite futuras derrotas.

Es tiempo de poner las cosas en su lugar. Hay que transmitir certezas, pasos cortos pero posibles, ser creíbles explicando las dificultades en detalle y archivar esta dinámica, absolutamente extemporánea, de seguir en la tarea de recolectar votos. Ahora se debe asumir la realidad, enfrentar los desafíos y "ponerse los pantalones largos" para dedicarse a gobernar.

(*) Alberto Medina Méndez. Periodista y analista político.
albertomedinamendez@gmail.com
www.existeotrocamino.com
Facebook: www.facebook.com/albertoemilianomedinamendez

Fuente: Comunicación personal del autor

jueves, 25 de febrero de 2016

¿Quo vadis, política cambiaria?

Por Aldo Abram (*)
No cabe duda que la salida del cepo fue exitosa. La mayoría esperábamos que el valor real del dólar (no el ficticio oficial) subiera en un inicio para luego volver a bajar. Sin embargo, el nuevo sistema inició su camino con tendencia descendente. La gente no salió corriendo a las casas de cambio, mostrando la mayor credibilidad que tenían las nuevas autoridades. Esto es bueno porque, cuanto mayor es la confianza, mayor es la propensión a consumir e invertir.
El nuevo gobierno anunció un sistema de flotación sucia, cuyo sentido es evitar los movimientos abruptos que generan incertidumbre, afectando negativamente la economía. La mejor forma de gestionar este esquema es con las reservas internacionales, comprando dólares cuando el tipo de cambio baja rápido y, luego, vendiéndolos cuando está en fuerte alza, lo que incluso puede permitirle hacer una ganancia al BCRA.
El problema fue que la anterior gestión dejó muy pocas reservas disponibles; por lo que, antes de salir del cepo, el Banco Central, precavido, subió las tasas de interés para tentar a los inversores a quedarse en moneda local, en vez de pasarse a activos extranjeros. Lamentablemente, se permitió una apreciación excesiva del peso, llevándolo a menos de $13 por dólar, lo que era insostenible, ya que para mantener altos rendimientos hay que absorber crédito de la economía, desfinanciándola. Por suerte, luego el BCRA empezó a bajar las tasas; aunque lo hizo con demasiada precaución, en vez de proveer rápido liquidez evitando que el peso se apreciara tanto,
Otro tema polémico es la inflación; ya que hoy muchos economistas se “horrorizan” por el alza de precios. Sin embargo, a la salida del cepo, la mayoría de nuestra profesión (me incluyo) predecían, para diciembre y enero, tasas mucho más altas de lo que fueron en realidad, Así que deberíamos reconocer que tan mal no lo hizo el Banco Central.
No obstante, ahora estamos pagando los costos, por un lado de la apreciación inicial excesiva e insostenible del peso; pero, también, de una estrategia cambiaria oficial que dista de ser la anunciada “flotación sucia”. Desde inicios de año, la suba del dólar supera el 13% y, si tenemos en cuenta que la moneda estadounidense ha estado perdiendo valor, se puede concluir que la depreciación del peso ha sido más fuerte aún.
Es cierto que, en diciembre, hay una suba estacional de la demanda de moneda por parte del público para pagar las vacaciones, alimentada por el aguinaldo, que durante el primer trimestre se gasta y genera un exceso de oferta de pesos que presiona sobre el tipo de cambio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los argentinos tenemos culturalmente una gran desconfianza en el peso y, la abrupta alza del dólar, profundizó la caída de la preferencia por su atesoramiento, potenciando su depreciación y gestando un círculo cambiario vicioso. Si esta pérdida de valor no se revierte, se traducirá en no menos de 5 puntos porcentuales de mayor inflación en los próximos meses, poniendo en riesgo la meta de inflación oficial con un techo de 25% para 2016.
Baste ver cómo cambiaron los consejos de inversión. Hace un mes o más, la mayoría sugería los plazos fijos en pesos. Ahora, habiéndose “quemado con leche”, proponen ser conservadores ahorrando en alternativas en dólares. Esto es malo, no sólo para las presiones inflacionarias, sino porque ahorrar en los bancos financia la economía local y, hacerlo en moneda extranjera, no.
Por todo esto, era conveniente moderar el alza cambiaria y, aunque a mi juicio algo tarde, el BCRA acaba de hacerlo la semana pasada. Recientemente tomó US$ 5.000 millones de un grupo de bancos, dando como aval los títulos públicos que tenía en cartera. Por lo tanto, tiene reservas como para regular las subas, vendiendo ahora y recomprandolas cuando se empiecen a liquidar los dólares de la cosecha en el segundo trimestre y estacionalmente suba la preferencia por atesorar de la gente, a partir de mayo, pero mayormente en junio y hasta inicios de julio. Esto tiene la ventaja de que retira pesos del mercado, pero no desfinancia la economía, como sucede si se absorbe crédito. Cuando se venden reservas, hay un ingreso de capitales del exterior que compensa la baja de financiamiento por quitar base monetaria. Esto es muy importante para una economía que necesita reactivarse y un gobierno que demanda crédito interno para financiar el enorme déficit fiscal que heredó.
Es cierto que lo importante es la inflación, pero esta deviene de la depreciación del peso. Por su gran liquidez, el mercado cambiario es el primero que refleja dicha pérdida de valor y, recién en unos meses, se observa plenamente en los restantes precios. Es cierto que hay que mirar otros indicadores, porque a veces lo que varía es el dólar y no hay que confundirlo con un movimiento del valor de nuestra moneda. También, el precio del peso depende de la demanda y, por ello, hay que cuidarla; lo que implica mantener la confianza de los argentinos en que no se desvalorizará, que es lo que se está perdiendo ahora. Recordemos la vieja máxima, parte ya de la cultura local: “El dólar no baja, sólo se agacha para volver a saltar”. Por lo tanto, mejor no alentar fantasmas y demostrar permanentemente que se prioriza defender el valor de la moneda argentina.
(*) Aldo Abram. Director Ejecutivo de Libertad y Progreso. Artículo publicado en Ámbito Financiero el 22 de Febrero de 2016

Un modelo de reforma del Sistema de Salud en la Argentina

Por Eduardo Filgueira Lima (*)
La salud como bien es de interés público No en el sentido de la filosofía utilitarista sino en el sentido que es útil: útil para el conjunto social, porque una población más sana es a su vez más productiva y útil a cada uno de los ciudadanos, porque la innovación tecnológica ha incorporado costos imposibles de afrontar individualmente.
Por ello se sigue la lógica de dilución del riesgo con el concepto de seguro.
Si analizamos desde cierta perspectiva podríamos decir que enfrentamos como todo dilema económico, “recursos escasos frente a demandas infinitas”. Pero si uno analiza la composición del gasto sanitario vemos con sorpresa que casi el 45% del mismo lo pone la gente de su bolsillo[1]. (En realidad todo el dinero que se dice “social” lo ponen los ciudadanos)1
Y lo que quiero expresar es que los recursos terminan por no ser tan escasos (si nos comparamos con otros países de la región Argentina es el país de mayor gasto cápita/habitante/año) y sin embargo nuestros resultados sanitarios dejan mucho que desear.
Demás está decir que las consecuencias las pagan en mayor medida – tanto en los resultados, como en la correlación gasto directo/ingresos – los más vulnerables: los que menos tienen, que precisamente frente a quienes el discurso político se edulcora cuando dice que responde a aquellos a quienes quiere proteger y se inflama en la manifestación de “derechos”, que luego incumple.
Todos sabemos que el sistema de aseguramiento tiene dos componentes: los seguros sociales y los seguros privados (también conocidos como seguros de medicina pre-paga). Pero un 35% de la población en nuestro país carece de cobertura. Se dirá que en nuestro país “…todo el mundo finalmente termina por ser atendido,..” Pero ello no quiere decir que todo el mundo esté asegurado. De hecho los servicios público-estatales brindan asistencia a todo aquel la requiere, pero no en las condiciones de un seguro, que implica ser comprendido en un padrón, tener la cobertura explícita de la asistencia a recibir y establecer los medios de financiamiento que correspondan.
En los servicios público-estatales no sucede ni lo uno, ni lo otro: no existe un padrón de beneficiarios, no existe cobertura explícita y la prestación queda sujeta a la prescripción (ya sea conducente y correcta o no) y el financiamiento en cualquier medida y forma  queda atado a la provisión de recursos por parte del estado, lo que constituye una verdadera forma de subsidio a la oferta y sus decisiones.
A su vez de esta forma el estado en vez de cumplir con el principio de subsidiariedad, asume gastos innecesarios.
Simplificando nuestro sistema de salud sabemos tiene tres subsistemas: el público-estatal, el de los seguros sociales y el de los seguros pre-pagos.
El primero es un sistema de integración vertical en el que el que financia está vinculado, en general no por un contrato, sino por una relación de dependencia con los prestadores de servicios. No existe separación de procesos de financiamiento y provisión.
La misma circunstancia alcanza a varios de los otros subsistemas y cada uno quiere ser financiador y a su vez proveedor de servicios, para sus afiliados y para otros eventuales. Se trata de una cuestión de mercado inducida por las actuales circunstancias del sistema.
Y lo anterior se refiere precisamente a que nuestro Estado gasta mucho pero no precisamente donde debe: percibe de todos ingentes recursos (por diferentes vías impositivas, incluyendo el más perverso: la inflación)  y su gasto (hoy mayor al 45% del PBI e incluso con un déficit del 7%) no parece ser – por lo menos en salud – el que se puede pensar necesario, ya que como sabemos representa el 10% del PBI y casi la mitad es gasto directo.
Es decir si comparamos gasto/resultados: somos el país de América Latina cuyo gasto/cápita en salud es el mayor y cuyos resultados están lejos de serlo.
Ya en este punto todos sabemos que el gasto/resultados es una ecuación dependiente de dos variables centrales, que son: su organización y las acciones básicas de mayor costo/beneficio (a nivel poblacional) como podrían ser por ejemplo las de Atención Primaria de la Salud. De ambas carecemos.
Nos referimos en cuanto a reformas a la organización del sistema de salud, cuya fragmentación (existen más de 900 cajas financiadoras) incorpora grandes costos de transacción y subsidios cruzados. (Sin mencionar otras cuestiones de gravedad como son la segmentación, el desfinanciamiento –que lo es para el modelo actual–, la distorsión geográfica, tecnológica y de capacidad resolutiva, y las ineficiencias que su organización le imprime.
La asistencia de la salud se encuentra a cargo de las provincias. Sin embargo estas solo tienen incumbencia real sobre “su” sistema público-estatal. No sobre los incluidos en el padrón de beneficiarios de seguros de orden nacional (PAMI, Obras Sociales, Empresas de Medicina Pre-paga, etc.) y muy poca capacidad de intervención sobre los servicios de prestación privados. Muchas veces el estado no puede controlar y lograr eficiencia en sus propios servicios hospitalarios.
Nuestro sistema se ha organizado por un permanente subsidio a la oferta tanto en el ámbito que denominamos público, como en el privado. Y así vemos una impresionante y distorsiva superposición de recursos profesionales, tecnológicos, etc. y como siempre la oferta condiciona la demanda[2], esta queda rezagada en la resolución de sus verdaderas necesidades, (salvo el supuesto de mejor información y resolución en función de preferencias).
A lo largo de los últimos 70 años en nuestro país se han introducido (pocos) procesos que intentaron mejorar en el sistema de salud, en particular aquellas deudas que todavía tenemos pendientes, tema que he analizado en otro escrito.[3]
La primera pregunta que debiéramos hacernos es: ¿por qué fueron pocas? Y la segunda: ¿por qué fracasaron?
Y respecto de la primera podría resumir que:
  1. La demanda social es baja y la oferta está cómoda siendo subsidiada
  2. El costo político de las reformas es alto y los beneficios los verá siempre un sucesor (cuando en nuestro país la constante es la visión del corto plazo)
Y respecto de la segunda (también en un acotado resumen):
  1. La vocación centralista del Estado Nacional ha abortado todo intento que considero “independentista”, las propuestas fueron centralizadas y
  2. Existen muchos intereses que no ven con buenos ojos perder el control de la administración de sus cajas
Pero si hoy estamos aquí no es para analizar el pasado (aunque siempre es bueno aprender de él para no cometer los mismos errores), sino para pensar en alguna propuesta que aunque no pretenda ser lo mejor, permita pensar que es viable.
Sobre la situación actual: en un breviario diríamos: “alto gasto y mediocres resultados”.
Entonces a sabiendas que las instituciones no cambian, mejoran, ni se reforman, de un día para otro, ni por un decreto, ni por mero voluntarismo es que asumiendo las dificultades pensamos en una reforma gradual, pautada y basada en la creación de cajas de aseguramiento provinciales.
  1. Existen más de 15 millones de personas (el 37,5% de la población total de nuestro país), que “deben” recurrir al hospital público (la composición incluye no solo a los que son pobres porque no tienen nada, sino también a los que teniendo trabajo se encuentran precarizados por condiciones de informalidad, como también a otros que por cuestiones geográficas solo pueden recurrir al hospital público por ser el único efector con el que cuentan): y esto no debería ser un problema, pero cuando lo analizamos en profundidad vemos que se trata de establecimientos pobres, para “gente pobre”, altamente burocratizados y sin incentivos por lo que funcionan coexistiendo el esforzado y vocacional trabajo de unos, con las conductas oportunistas de otros tantos. Esta población se encuentra cautiva, como excluida de buenos servicios de asistencia y la oferta también sabe que esa cautividad es su propio argumento de subsistencia, como a su vez es un incentivo negativo para su mejora (estoy hablando en términos generales y en referencia a lo que sucede en la mayor parte del país, en donde existen otros – escasos – ejemplos valorables). Esta población no está “asegurada” en el sentido de aseguramiento explícito, aunque es común escuchar que “finalmente se termina atendiendo a todos,..” (como si ello fuera una garantía, cuando en realidad se atiende lo que se puede y como se puede,..)
  2. Cerca de 24 millones se encuentran cubiertos por los seguros sociales (incluyendo las Obras Sociales Nacionales o Sindicales, el PAMI, las Obras Sociales Provinciales y otras), que si se encuentran inscriptos en un padrón y también se encuentra explícito en la mayor parte de los casos el tipo y alcance de la cobertura. Que ello se cumpla o no es otra cuestión. El problema aquí es múltiple y variado: por un lado en la mayoría de estas instituciones financiadoras la contratación de los servicios se hace “tercerizada” a través de un gerenciador – para evitar negociar con las organizaciones corporativas profesionales – lo que de por si implica poca trasparencia y además permite al gerenciador poner innumerables barreras al acceso en la atención, por otro lado muchas han debido encarar diversas estrategias de supervivencia dada la normativa de opción de cambio (en las OSN) que permite el  cambio y limita la cautividad de la población. Muchas tienen sus propias instituciones prestadoras y con ello no solo limitan el gasto, sino a su vez venden servicios a otras menos solventes. El PAMI es casi un capítulo aparte, con un presupuesto de más de $ 40.000 millones, para una población de 4,5 millones de afiliados y 6.000 contratos de prestación de servicios – a lo largo y ancho del país – imposibles de controlar en la calidad y pertinencia de sus acciones de asistencia. El resultado final es que esta población si bien se encuentra asegurada: se sabe “a quien”, “que” (aunque esto encuentre graves limitaciones según expresé), como se “financia”, como se “gestiona” y como se otorga la “prestación” – es decir: cumple con las condiciones básicas de un seguro, también se encuentran serias limitaciones en el acceso y en muchos casos graves fallas en la calidad, de la que carecen muchos establecimientos asistenciales aún siendo privados.
  3. Finalmente encontramos una población cercana a los 4,5 millones de personas de las que la mitad (aproximadamente 2,1 millones) contratan su seguro privado en condiciones de total libertad y recurriendo a al desembolso de la prima en forma voluntaria, libre y de con sus propios recursos. Mientras la otra mitad (2,4 millones) provienen de acuerdos de la seguridad social – las Obras Sociales Nacionales – que efectúan acuerdos con estos seguros, para su grupo de población de mayores ingresos, para mantener cierto atractivo y adherencia de sus afiliados. Esta población que – en un país de medianos ingresos – y alto gasto solo representa en conjunto solo el 10% del total poblacional es en general la que recibe mejores prestaciones. Aunque la normativa actual (Ley Nº 26.682, reglamentada por Decreto Nº 1993/11) en realidad pone al descubierto las ineficiencias del sector público incentivando los traspasos (que la población busca aún afrontando los costos) aunque resulten gravosos tanto para los afiliados que optan por tener “algo antes que nada” y para los presupuestos de las empresas aseguradoras al no prever ninguna limitación e interviniendo mediante regulaciones en lo que deberían ser “contratos entre privados”. La ley debe ser modificada y permitir que las primas se establezcan por los acuerdos de preferencias de los asegurados y posibilidades de los financiadores. La ley vigente complica y dificulta el mejor funcionamiento de estos seguros. El estado quiere regularlo todo,. Pero no siempre beneficia y en este caso perjudica a este subsistema y sus beneficiarios. Estos pacientes a su vez exigen un trato diferenciado por lo que pagan con su esfuerzo.  
El resultado final es la atomización del sistema con altos costos de transacción, (que supone costos de oportunidad), costos agregados por la intermediación de las gerenciadoras, limitaciones en el acceso y magros resultados sanitarios.
Todos sabemos que nos debemos una reforma.
Si a su tiempo cada provincia asume la creación de una caja de aseguramiento, puede unificar en una sola caja todo el padrón de beneficiarios con domicilio real en la provincia.
Dos grupos podremos identificar dentro de este padrón de beneficiarios-habitantes: 1) los que tienen cobertura por alguno de los sistemas de seguros sociales o medicina pre-paga y 2) los que no tienen nada.
Debería llegarse a un punto en el que la caja de aseguramiento provincial cobrara a los financiadores que se incluyen en su padrón a los del primer grupo y cobrara al estado solamente por los del segundo grupo es decir: aquellos que carecen de cobertura.
El estado vería así reducido considerablemente su gasto. (Por supuesto que deberá enfrentar además otras reformas internas de un subsistema con múltiples deudas internas)
Como las cajas de seguro son un recurso apetecible para la política deberían estar constituidas por un directorio en el que estén representados los diferentes actores, pero el estado en minoría.
Y un aspecto fundamental para evitar el subsidio a la oferta: liberar la demanda cautiva, mediante vouchers, u otros recursos –como una tarjeta magnética– que la tecnología nos facilita en la actualidad. La caja del seguro provincial pagaría a quien prestó el servicio.
Porque la pregunta obligada es: ¿Por qué la gente sin cobertura debe inevitablemente atenderse en hospitales públicos,..con todo lo que ello supone?
Por otra parte este sistema pondrá al descubierto el exceso de gasto existente por el permanente subsidio a la oferta, ya que para mantener su clientela y ser elegidos por los pacientes, los hospitales públicos y las empresas de servicios de prestación privada deberán competir. En salud se ha dado el fenómeno de pretender (y se ha logrado) ser monopólicos y en ese sentido han procedido tantos los seguros sociales, como los prestadores de servicios.
La competencia mejorará las prestaciones ya que liberará a la gente en su elección. Y la gente no es tonta, porque aunque del tema sepa poco, percibe lo que le es mejor para resolver sus necesidades.

Referencias:



[1] El gasto de bolsillo (o “directo”) estimado fue pare le año 2012 del 45% y se proyecta en alza.
[2] Ley de Say: “…el simple hecho de la formación de un producto abre, desde ese preciso instante, un mercado a otros productos,…” (1803)
[3] Filgueira Lima, C. E. “El sistema de salud en la Argentina y los fracasos en sus intentos de reforma” (2011)

(*) Eduardo Filgueira Lima. Director del CEPyS. (Fracción de trabajo realizado para la Fundación Libertad y Progreso) 25 de Febrero de 2015

Fuente: Comunicación personal del autor.

Cargas sociales representan 43% de los salarios

Por IDESA (*)
Con un alto impacto fiscal, se dispuso reducir la incidencia del impuesto a las ganancias. La decisión se tomó en el marco de un contrasentido entre la declamación por una mayor participación del Estado e igualdad social junto con un enconado rechazo a pagar impuestos, especialmente, el impuesto a las ganancias. Una alternativa más progresista a la de insistir con el impuesto a las ganancias es reducir las cargas sociales y el gasto público. 
Cumpliendo con una promesa de campaña el gobierno dispuso actualizar los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias. Supone una reparación frente a las distorsiones generadas en los últimos años cuando se elevó espuriamente la presión del impuesto a las ganancias utilizando la inflación. El mecanismo utilizado fue ajustar arbitrariamente los parámetros con los que se calcula el impuesto violando la regla constitucional de que sólo el Congreso es quien regula los impuestos.
Aun asumiendo un costo fiscal importante, no se logró disipar todas las criticas. Todavía se cuestiona que no se actualizó la tabla de alícuotas, haciendo que algunos contribuyentes alcanzados por el impuesto tributen con la alícuota más alta.
Para una adecuada evaluación del tema es necesario considerar que los salarios, además del impuesto a las ganancias, también son gravados por aportes y contribuciones a la seguridad social. A fin de tener una idea de la incidencia de cada una de estas imposiciones, luego de la actualización, cabe realizar el siguiente ejercicio:
  • Un salario de $12.000 paga 17% de aporte personal, 26% de contribución patronal y no es alcanzado por el impuesto a las ganancias.
  • Un salario de $36.000 paga 17% de aporte personal, 26% de contribución patronal y 3% de impuesto a las ganancias.
  • Un salario de $60.000 paga 14% de aporte personal, 26% de contribución patronal y 14% de impuesto a las ganancias.
Estos datos muestran que el impuesto a las ganancias tiene impacto progresivo, en el sentido de que grava proporcionalmente más a medida que se incrementa el nivel de las remuneraciones, pero limitado. Por el contrario, las cargas sociales (aportes personales más contribuciones patronales) son más regresivas, ya que inciden con similar intensidad independientemente del nivel de las remuneraciones, y afectan de manera mucho más intensa a los salarios. Que las cargas sociales representen casi la mitad de los salarios mientras que el impuesto a las ganancias incida de manera marginal tiene asociado impactos muy regresivos sobre la distribución del ingreso.
El argumento de que las cargas sociales no son impuestos sino salario diferido ha perdido sustento. Tuvo alguna consistencia con el diseño original de la seguridad social, pero la tendencia a igualar las prestaciones contributivas con las no contributivas (moratorias previsionales, Asignación Universal por Hijo, planes de empleo) y las deficiencias de calidad de servicios que sufren muchas obras sociales y PAMI, hizo que las cargas sociales pasen a operar como impuestos. En la medida que son imposiciones sin contraprestaciones diferenciales resulta éticamente injustificable que personas a quienes apenas les alcanza su salario para vivir estén obligadas a pagar contribuciones sociales con alícuotas similares a los trabadores de mayores remuneraciones.
El camino para incentivar el empleo privado formal y reconstruir la cultura del trabajo no es reducir el impuesto a las ganancias sino las cargas sociales con un sentido de progresividad. Esto requiere establecer un mínimo no imponible a las contribuciones sociales, tal como lo tiene el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, estableciendo que las cargas sociales se apliquen sobre la parte de la remuneración que supere el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Otra alternativa, no excluyente, es establecer que en los primeros años de relación laboral de cada persona no se apliquen cargas sociales de manera de facilitar la inserción laboral de los jóvenes al mundo del trabajo formal.

Es una hipocresía declamar defender el Estado y la igualdad social y simultáneamente cuestionar el impuesto a las ganancias. Más del 90% de los ocupados en la Argentina tiene remuneraciones inferiores a los $30.000. Es decir, sólo una “elite” queda alcanzada por el impuesto a las ganancias. Mucho más progresista es reducir cargas sociales y gasto público ya que si la reducción del impuesto a las ganancias se traduce en mayor impuesto inflacionario serán los pobres los que más aportarán para sostener el Estado.   
(*) IDESA. Informe Nacional N° 640 del 21 de Febrero de 2016
   

El empleo estatal no es empleo genuino

Por Christian Joanidis (*)

Existe el mito popular de que el Estado tiene que darle trabajo a la gente: nada más alejado de la realidad que eso. El empleo estatal no es empleo genuino desde ningún punto de vista. Podrá ser un paliativo, podrá ser mejor que nada, incluso una solución transitoria, pero en la práctica todos quieren ser planta permanente.
Desde el punto de vista económico, el empleo estatal es el equivalente al del ama de casa en una familia. ¿Quién puede negar que el ama de casa contribuye al hogar? Nadie. El problema es que si en un hogar con seis personas tres estudian, dos se ocupan de la casa y uno sale a trabajar, las consecuencias son evidentes: la restricción presupuestaria se hará sentir. Todos hacen algo, todos contribuyen, no son vagos, pero lo cierto es que el aporte genuino viene del único que trabaja puertas afuera. Lo mismo sucede con el empleo estatal: no genera ingresos para nadie y se convierte indirectamente en un gasto para todos aquellos que no estamos en la función pública.
Esto significa que tiene que haber un equilibrio entre empleo público y empleo privado, porque llega un punto en que no importa qué tan útil pueda ser el aporte de las personas que trabajan en el Estado, lo cierto es que debemos generar lo que los argentinos necesitamos para vivir: y eso nunca vendrá del aparto estatal. El Estado no produce, sólo gasta. Esto no significa que tenga que desaparecer, pero tampoco puede crecer desmesuradamente y abarcarlo todo.
Es necesario un Estado presente, pero es obtuso entender que la presencia se hace más fuerte a medida que aumenta la cantidad de funcionarios. Hoy la tecnología hace más eficiente el control y las nuevas técnicas de gestión permiten hacer muchas cosas con muy pocos recursos. Pero el Estado parece marchar en la dirección opuesta: aumenta su tamaño, aumenta su gasto y no incrementa sus contraprestaciones.
Mi percepción es que los sindicatos y los trabajadores estatales se empeñan demasiado en defender su puesto de trabajo, no terminan de ver que allí afuera hay muchas oportunidades. Encarar una defensa tan a ultranza es en definitiva subestimar a las personas, asumiendo que si pierden su cómodo empleo estatal, no tendrán la posibilidad de hacer nada más: trabajo estatal o muerte. Nada podría ser más falso, porque con la capacitación adecuada cualquiera que pierda su empleo en el sector público podría insertarse en el mercado laboral.
Hoy, sin mayores inversiones, reorganizando la forma en que se trabaja, eliminando tareas que son obsoletas o innecesarias, seguramente se pueda reducir en un 30% la plantilla de trabajadores estatales. Los gremios se escandalizarían con sólo leer esto, porque en lugar de luchar por la dignidad de las personas piensan en sus propios intereses. Perder el empleo puede ser duro, pero no es el fin, puede incluso ser el principio de todo, es cuestión de perspectivas. Incluso para muchas personas dejar su trabajo en el Estado puede ser la mejor decisión, pero no se atreven, tienen miedo de lo que vendrá luego.
Estar en una oficina haciendo una tarea que se sabe que no beneficia a nadie no es trabajo, no es dignidad. Cobrar un sueldo por hacer casi nada, simplemente porque no hay nada para hacer, no es trabajo, no es dignidad. No hablo de ñoquis, hablo de quienes hoy están en el Estado con la mejor de las voluntades: pero sólo con eso no basta.
Y aquí vamos entrando en el otro motivo por el cual el empleo estatal no es la solución a nada. José Ingenieros escribió: “Ciudadanos de una patria son los capaces de vivir por su esfuerzo, sin la cebada oficial”. Si en la Argentina no somos capaces de generar empleo genuino para todos y por lo tanto los volcamos al Estado como una forma de subsanar esa falencia, entonces no estamos construyendo ciudadanos de una patria. O como me gusta decir a mí, no estamos construyendo dignidad.
El trabajo no es sólo un medio de vida, eso es sólo la parte menos relevante. El sueldo a fin de mes no es el motivo por el que se trabaja, lo hacemos porque como seres humanos que necesitamos un sentido, necesitamos aportar a nuestra sociedad de alguna forma. Con nuestro trabajo somos parte de algo y pertenecemos. Construimos nuestro país, nuestra sociedad, pero también construimos nuestra dignidad.
Un empleo en donde no se hace nada, un empleo en donde sabemos que nuestra tarea cotidiana es obsoleta no es un trabajo que construye dignidad. Esto muchas veces no lo ven los sindicatos, que se ocupan demasiado del puesto de trabajo y poco de la dignidad del trabajador. Por evitar despidos terminan condenando a las personas a tareas innecesarias: y todos nos damos cuenta cuando lo que hacemos es inservible.
El trabajo estatal no es una solución para nada. No es una solución para la economía, porque el trabajo estatal no genera, no produce. No es una solución para la dignidad de las personas, porque muchas veces se dedican recursos a hacer trabajos innecesarios u obsoletos. Por el contrario, cuantos más empleados estatales, más gasto para el Estado y por lo tanto, más impuestos para todos.
Hoy el Gobierno está revisando muchos contratos en el Estado. Era necesario. Uno de los principales reclamos del electorado fue la gran cantidad de empleados estatales que ingresó durante el kirchnerismo. Finalmente se está lidiando con eso. Sólo esperemos que esto sea un movimiento genuino y que cuando por una puerta salen unos, por la otra no entren otros.
(*) Christian Joanidis. Artículo publicado en Infobae el 24 de Febrero de 2016