miércoles, 10 de febrero de 2016

La deuda con organismos del estado se multiplicó por 24

Por IDESA (*)
En otro paso por normalizar la economía, el gobierno presentó una propuesta formal para regularizar la deuda con los acreedores que rechazaron los canjes. Queda pendiente que sea aceptada por los tenedores de bonos y luego aprobada por el Congreso. Pero el desafío más importante y complejo es garantizar que las nuevas oportunidades que se abrirán con el financiamiento internacional sean utilizadas en infraestructura y no para cubrir sueldos y otros gastos corrientes. 
El país ha presentado formalmente una propuesta de pago a los acreedores externos del Estado nacional que no aceptaron los canjes de deuda de los años 2005 y 2010. Se trata de un paso muy importante en el proceso de normalización de las relaciones del país con la comunidad internacional. Si la propuesta fuera aceptada por los acreedores y luego convalidada por el Congreso, se darían las circunstancias para acceder al financiamiento internacional en condiciones más parecidas a las de los países vecinos.     
El desconocimiento de la deuda pública para con los tenedores de bonos que no se presentaron a los canjes, y en particular con los “fondos buitres”, fue un pilar del relato de independencia económica que profesaba el anterior gobierno. Asociado a ello, aparece el planteo de que hubo un intenso proceso de desendeudamiento.
¿Qué dice la información oficial en torno al monto y composición de la deuda pública? Según datos publicados por el Ministerio de Economía se observa que entre los años 2004 y 2015:
  • El total de la deuda pública del Estado nacional (sumando la que entró al canje y la que no entró) pasó de U$S 191 mil millones a U$S 251 mil millones.
  • La deuda con privados y organismos internacionales pasó de U$S 185 mil millones a U$S 105 mil millones.
  • La deuda con organismos públicos (Banco Central, ANSES, Banco Nación, PAMI) pasó de U$S 6 mil millones a U$S 146 mil millones.
De estos datos surgen dos aspectos salientes. Por un lado, que lejos de un proceso de desendeudamiento, el total de deuda pública experimentó un importante incremento del orden de los U$S 60 mil millones. Por el otro, que la reducción de la deuda con inversores privados no se explica porque se repagó sino porque se forzó a través de los canjes a aceptar quitas muy altas (de hasta 66%). Como estas condiciones no fueron aceptadas por todos los acreedores, se cortó el acceso a nuevo financiamiento. Ante esta situación, se apeló a contraer deuda con organismos públicos nacionales. Así, la deuda con los organismos del mismo sector público se multiplicó por 24.
Frecuentemente se minimiza la relevancia de la deuda que contrae el Tesoro Nacional con el Banco Central, ANSES, Banco Nación y PAMI, entre otros. Es cierto que la mayor parte de esta deuda está nominada en pesos y que por una decisión política es fácilmente renovable a su vencimiento, mientras que la deuda contraída con privados y organismos internacionales generalmente está nominada en dólares y tiene que ser pagada a su vencimiento. Pero que sea un acreedor menos exigente no implica que financiarse con organismos del sector público no tenga consecuencias muy negativas.
La deuda con los organismos oficiales no entra explícitamente en default, pero cuando es usada como alternativa ante el no acceso a fuentes más genuinas de financiamiento se cae en un default implícito. Absorber fondos del Banco Central lleva al desmadre de la inflación; de la ANSES, a la crisis del sistema previsional; de los bancos públicos, a no dar créditos a la producción; del PAMI, a cercenar cobertura sanitaria a los jubilados. Países vecinos prefirieron respetar el orden dentro del Estado y endeudarse a bajas tasas de interés aprovechando la abundancia de financiamiento internacional.

Con profesionalismo y racionalidad, se llegará a un acuerdo con los acreedores. El paso siguiente es conseguir el aval del Congreso. Allí radica el mayor desafío. Es vital que el consenso que se plasme en el Congreso al aprobar el acuerdo con los “fondos buitres” sea para restablecer el acceso al financiamiento internacional con el sólo objetivo de desarrollar infraestructura. Por el contrario, si el aval del Congreso emerge como una forma de conseguir créditos para cubrir los déficits fiscales de los tres niveles de gobierno se estará dando el primer paso para un nuevo default, es decir, repetir el fracaso.
(*) IDESA. Informe N° 638 del 7 de Febrero de 2016