jueves, 8 de septiembre de 2016

Un Estado tan obeso como insostenible

Editorial de La Nación  (*)
Entre 2002 y 2015 el número de quienes viven del Estado pasó de 6 a 19,6 millones de personas, más del doble de los aportantes del sector privado
Sumando los niveles de gobierno nacional, provinciales y municipales, en el año 2002 el Estado ocupaba a 2.100.000 empleados. En ese mismo año el número de jubilados y pensionados a cargo del gobierno orillaba los 3 millones y la cantidad de personas que recibían subsidios o eran beneficiarios de planes sociales, sin incluir asignaciones familiares, alcanzaba alrededor de un millón. En total eran 6.100.000 personas las que mensualmente recibían una remuneración o transferencia del Estado. Frente a ellos había aproximadamente 7 millones de personas activas en el sector privado formal que realizaban sus aportes y pagaban sus impuestos. La balanza de 7 a 6,1 entre los que aportaban y recibían estaba razonablemente equilibrada. Podría haber sido aún más favorable, ya que en aquel entonces diversos estudios ya mostraban un exceso innecesario de empleados estatales.
Pero entre 2002 y 2015 se produjo un cambio desequilibrante de gran significación. El número de empleados públicos aumentó a 4.100.000. La cantidad de jubilados y pensionados a cargo del Estado se expandió a 7,5 millones después de dos generosas moratorias y de la estatización del sistema privado. Por otro lado, los planes sociales se multiplicaron y expandieron hasta abarcar algo más de 8 millones de beneficiarios. El total de personas a cargo del Estado pasó así a 19,6 millones de receptores de pagos mensuales. En el mismo período los aportantes privados formales sólo subieron a 8,5 millones. La balanza quedó así fuertemente desequilibrada: 8,5 millones aportan y 19,6 millones reciben. Una relación de este tipo no se observa en ningún país del mundo y no es sostenible dentro de los límites de una presión impositiva razonable que no destruya la economía.
El desborde estatal durante la gestión kirchnerista se puede evaluar también desde el ángulo del gasto público. De un nivel del 30% del PBI en 2002 se pasó al 47% en 2015. Fue un aumento en proporción al tamaño de la economía, que a su vez también creció. De acuerdo con información desarrollada por la reconocida Fundación Libertad y Progreso, de los 17,1 puntos de aumento del gasto en relación al PBI, el incremento del empleo público fue responsable de 5,5 puntos; el de jubilados y pensionados contribuyó con 3,4; los planes sociales, con 3,9, y los subsidios a la energía, el transporte y otras actividades, con 4,3.
La gestión kirchnerista intentó solventar este engrosamiento estatal aumentando impuestos. Elevó la presión impositiva desde un 27% del PBI hasta un 40%, haciéndola insoportable para trabajadores, exportadores y productores. A pesar de ello desapareció el superávit fiscal que se había alcanzado en 2004 y se generó un creciente déficit, que alcanzó a un 7% del PBI en 2015. Ésta fue la situación heredada por el presidente Macri.
La dificultad de reducir el gasto ha quedado demostrada en la enorme resistencia de la sociedad a los ajustes tarifarios, única alternativa para que el Estado reduzca los abultadísimos subsidios a los servicios públicos.
Macri está ante la necesidad de reducir el déficit para detener el rápido crecimiento de la deuda pública. Podría intentar una licuación gradual haciendo crecer la economía, pero esto requeriría tiempos muy prolongados como para evitar la impaciencia de los acreedores. Inevitablemente deberá actuar sobre los subsidios sociales y sobre la burocracia estatal. Esto exigirá contar con un programa bien elaborado de reforma del Estado y con políticas e instrumentos que faciliten la transferencia de empleo público hacia el sector privado. Entre ellos parece imprescindible una revisión de las regulaciones laborales, que tras el objetivo de proteger al trabajador han afectado severamente la competitividad, han desalentado la inversión y están afectando la demanda de empleo.