jueves, 13 de octubre de 2016

El derecho al machismo electoral

Por Alejandro Sala (*)

Si bien el Poder Ejecutivo no lo ha incluido –al menos, hasta ahora− en su proyecto de reforma política, suena con insistencia la versión de que, cuando el tema sea tratado por el Congreso, se incluirá una cláusula que establezca la obligatoriedad de que las listas de candidatos a legisladores estén integradas por un 50 % de hombres y otro tanto de mujeres. Esto significa que si alguien quisiera votar una lista integrada mayoritaria o totalmente por miembros de un determinado sexo, no tendrá la libertad de hacerlo.
El sentido de esta norma es reparar la supuesta “postergación” que las mujeres sufren como consecuencia del machismo presuntamente vigente en la sociedad. Se supone, aparentemente, que el machismo es algo malo y que debe ser impedido. Por lo tanto, se establecería un régimen igualitario entre hombres y mujeres en las listas. El problema de esta normativa es que configura un ataque contra la libertad de votar lo que cada uno desee. Si alguien considerara que no quiere votar hombres porque considera que las mujeres son preferibles o, viceversa, si alguien se inclinara por no votar mujeres porque se siente mejor representado por los hombres, el impedimento de que elija lo que desee constituye un avasallamiento de la libertad.
El punto crítico radica en que existe una corriente de pensamiento –que forma parte del alud populista que nos abruma− que desacredita el derecho a ser machista si alguien lo desea. El núcleo del problema está situado allí. Parecería que está mal que alguien considere que prefiere hombres antes que mujeres para ocupar cargos políticos y se procura legislar en consecuencia con esa concepción intelectual. Pero, en rigor, nada hay de malo ni de cuestionable en que alguien considere que son preferibles los hombres (o, eventualmente, las mujeres, si alguien lo piensa así) para los cargos políticos. Por supuesto, cabe estar en desacuerdo con quien tiene esa posición. Pero una cosa es que sea legítimo el desacuerdo con esa línea de pensamiento y muy diferente es que en virtud de esa discrepancia se pretenda prohibir la expresión de quien opina diferente, que es lo que, en la práctica, está promoviendo la legislación que se quiere sancionar.
La esencia de la democracia es que cada ciudadano vote lo que quiere y que no haya limitaciones discriminatorias para competir en las elecciones. Entonces, si alguna corriente política determina que quiere tener única o mayoritariamente candidatos de un determinado sexo porque esos son los que mejor exponen sus ideas o programas, no hay derecho a impedírselo. Luego, los votantes elegirán lo que consideren preferible. Es bastante probable que si un partido presenta una lista demasiado desbalanceada en su composición por sexo, se pierda los votos de los ciudadanos del sexo que esté subrepresentado. Pero si un partido o corriente quiere asumir de manera deliberada esta hipotética desventaja competitiva, no hay por qué impedírselo. Puede suceder que, a pesar de esa supuesta deficiencia, ese partido obtenga un buen resultado en las elecciones. Y esto es lo que el pensamiento populista reinante no podría admitir.
El problema de fondo es que no se quiere legitimar el derecho a ser machista. Y esto constituye un avasallamiento. Si alguien desea ser machista y actuar en consecuencia, no se le puede prohibir ni impedir que lo haga y se atenga a las consecuencias.
El punto central de la igualdad entre hombres y mujeres está situado en la libertad para competir y para elegir. Sería injusto que las mujeres no se puedan presentar a cargos electivos en un plano de igualdad con los hombres o que se les impida votar. Luego, hombres y mujeres son absolutamente iguales en cuanto miembros de la especie humana y no hay por qué asegurarle a ninguno de los sexos ningún espacio en particular. Considerando que más de la mitad de los votantes son mujeres, si esas mujeres no se sienten representadas por hombres, nada les impide hacer valer su peso electoral para reclamar que algunas de ellas ocupen espacios políticos. Y si hay hombres machistas que les cierran los caminos, no hay obstáculo para que esas mujeres se organicen y utilicen su superioridad numérica para derrotar a los machistas en las urnas. Esa es la verdadera solución democrática del problema, suponiendo que efectivamente fuera un inconveniente.
El concepto al que hay que internalizar radica en que es legítimo ser machista. Mientras no se vulneren los derechos de las mujeres para elegir y competir, cualquiera tiene derecho a considerar que prefiere que los políticos sean hombres y, aunque a muchos pueda parecerles que se trata de una posición cuestionable, retrógrada o anticuada, no se puede negar a cualquier individuo la libertad de tener las opiniones que desee, incluidas las que, a juicio de muchos, sean cuestionables, retrógradas o anticuadas. En definitiva, quien lo desee, tiene todo el derecho del mundo a ser machista, en tanto por ese motivo no vulnere los derechos inherentes su condición de ciudadanas que tienen las mujeres. Luego, se debe permitir que la totalidad de los votantes se expresen libremente en las urnas.
(*) Analista Político y escritor. Autor de “El Espíritu de el Mercado” y “La Razón del Mercado”.