viernes, 2 de diciembre de 2016

La Ley de Emergencia Social profundizará la crisis

Por Javier Milei (*)
La semana pasada, en una nueva acción disparatada por parte del Honorable Congreso de la Nación Argentina, la Cámara de Senadores votó favorablemente por la Ley de Emergencia Social, la cual, entre otras cosas, propone crear un millón de puestos de trabajo desde el accionar del sector público. A esto se le suma el intento de volver a proponer la prohibición de los despidos y la doble indemnización.
El punto relevante es que, al menos desde la buena economía, el proyecto que intenta crear por ley un millón de puestos de trabajo tiene como contra-cara del mismo un aumento del gasto público. De este modo, el mayor gasto público implica mayores impuestos, los cuales reducen los ingresos de los individuos que generan riqueza en el sector privado. Por ende, los fondos que se destinan al pago de impuestos dejan de ser gastados en los bienes que los individuos hubieran preferido haber gastado, lo cual genera como resultado una caída en la producción y el empleo en dichos sectores.
A su vez, la forma en que se financia este nuevo gasto no es trivial. Uno alternativa podría ser financiarlo con emisión monetaria. En este caso, la consecuencia sería una mayor tasa de inflación y el cobro del impuesto inflacionario, lo cual, dada su alta regresividad termina golpeando sobre los ingresos de los sectores más vulnerables y junto a ello se contraería la producción y el empleo de los sectores ligados a los consumos populares.
Alternativamente, se podría colocar deuda (impuestos a las generaciones futuras). En este caso, si la deuda fuera tomada en el exterior, el ingreso de dólares traería aparejado una apreciación real de la moneda y con ello se destruiría la producción y el empleo en el sector transable de la economía.
Por otra parte, si el fondeo se hiciera en el mercado interno, ello haría subir la tasa de interés, lo cual traería dos efectos: (i) la mayor tasa de interés atraería fondos del exterior que apreciarían la moneda y castigarían al nivel de producción y empleo en el sector transable y (ii) a la caída en el producción y empleo del sector transable se le sumarían los mismos efectos sobre aquellos sectores que están con un déficit de caja y/o con altos niveles de apalancamiento.
Finalmente, el intento de prohibir los despidos y exigir la doble indemnización no hace mas que amplificar los problemas de empleo. Por un lado, la medida incrementa el número de despidos en los sectores que han perdido frente el cambio de precios relativos derivado de la salida del Cepo, ya que al subir los costos por los despidos que deberán hacer, los beneficios se contraen aún más, lo cual llevará a una mayor cantidad de despidos. Por otra parte, para el caso de las empresas beneficiadas por los nuevos precios relativos, la medida implica una elevación del costo salarial.
Esto es, dado que el salario se compone de dos elementos: (i) retribución efectiva y (ii) costo asociado a despedir un trabajador, y, considerando que el empresario pagará acorde al valor del producto marginal del trabajo, el salario que recibirá el trabajador será menguado por el efecto del nuevo costo. Al mismo tiempo, el empresario, en el intento de conseguir una mayor productividad de los trabajadores ello implicará menor cantidad de contrataciones. A su vez, el menor nivel de actividad en éste sector (que debía crear empleos) implica menores beneficios que no serán derramados sobre el resto de la economía, ya sea como: (i) demanda de bienes de consumo de los empresarios, (ii) una mayor reinversión o, (iii) mayores ahorros para financiar a otros sectores. Por lo tanto, el resultado de la elevación de salarios será un desempleo mucho mayor, donde las empresas más débiles cerrarán sus puertas y los trabajadores menos calificados serán despedidos.
En definitiva, tal como señalara Milton Friedman "uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas por sus intenciones, en lugar de sus resultados". El intento de crear un millón de empleos en el sector público terminará destruyendo un número igual o mayor de puestos en el sector privado, y dada la mayor productividad relativa de los privados, la productividad y el salario real de la economía caerán. Por otra parte, el intento de contener el desempleo prohibiendo los despidos e imponiendo la doble indemnización profundizará el nivel de desempleo.

En otras palabras, cada vez que el Estado interviene en la economía para resolver un problema, el remedio termina siendo peor que la enfermedad.
(*) Javier Milei. Economista. Artículo publicado en El Cronista el 1 de Diciembre de 2016