viernes, 27 de enero de 2017

El default del PAMI y la "injusticia" social

Editorial de La Nación (*)
La obra social de los jubilados, como tantas áreas y empresas del Estado, fue sometida a un largo vaciamiento, producto de años de populismo y corrupción
El titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Carlos Regazzoni, anunció que el PAMI disminuirá el porcentaje de cobertura total de medicamentos a los afiliados que tengan un auto de hasta cierta antigüedad, cuenten con medicina prepaga, muestren alguna otra evidencia de capacidad económica como poseer más de un inmueble, una aeronave o una embarcación, o que cobren el equivalente a más de 1,5 haberes previsionales mínimos. Lo ha justificado en lo que entiende como justicia social, al tiempo que denunció fraudes en perjuicio de la institución, dos problemas claramente distintos. El primero habla de su intención de inspirarse en una sana virtud; el segundo es la confesión de un serio y añejo problema de control.
El concepto de justicia social tiene tantas definiciones como definidores. En algún sentido, no hay justicia que no sea social. Pero normalmente se echa mano de esa idea simplemente para justificar que se prive a alguien del fruto de su propio esfuerzo para dárselo a otro. Esa función es la que cumplen los impuestos, pero, justamente porque afectan el derecho de propiedad, la Constitución fija que sea el Congreso, y dadas ciertas condiciones, el que deba aprobarlos.
Las medidas que se proponen tendrían justificación si se tratara de repartir fondos públicos, que, como todos los recursos económicos, son escasos y se asignan en función de decisiones políticas: planes sociales o gasto en educación o salud, dirigidos a quienes no pueden pagar por esos servicios, con la autorización del Congreso y el aval de la ley de presupuesto. Pero el PAMI es una empresa del Estado, una obra social.
No parecería sensato, para dar un ejemplo, negarle el tránsito por las rutas a quien tuviera un automóvil de buena calidad, a pesar de que pague la contribución para caminos cada vez que carga combustible. O, como ha comentado, con ironía pero con estricta razón, el economista Roberto Cachanosky: reducir esas prestaciones es como si a quien tiene un auto le vendieran la SUBE más cara. O si alguien posee un matafuegos en la casa, entonces, en caso de incendio, los bomberos deberían apagar sólo una parte del siniestro.
Tampoco se trata de castigar a los jubilados cuyos hijos les pagan una medicina prepaga porque ellos solos no la pueden afrontar o porque las prestaciones y los tiempos de atención en los hospitales públicos dejan mucho que desear.
Se trata de no romper el principio de igualdad ante la ley. Pero, además, el vínculo que el PAMI tiene con los afiliados está regido por principios contractuales, aun cuando no se trate de una contratación voluntaria. La fuerza obligatoria de un contrato no depende de la capacidad patrimonial de una de las partes ni permite que una de ellas resuelva unilateralmente deshacerse de obligaciones. Para colmo, el afiliado del PAMI no puede migrar a otro prestador y, por definición, se encuentra en una etapa de su vida en que no tiene ingresos provenientes de su trabajo. Es por todo esto un rehén del sistema. De allí que, aunque la medida se ponga en práctica, no por eso dejará de ser inmoral.
Como consecuencia de las críticas que provocó ese anuncio, Regazzoni aclaró que si una persona cuenta con bienes, pero necesariamente debe tomar numerosos medicamentos porque lo aquejan varias enfermedades y si ese gasto le demanda el 5% o más de sus ingresos, el PAMI seguirá acompañándolo con un subsidio del ciento por ciento para la compra de remedios. También se informó que las personas con VIH, que padecen cáncer, fueron trasplantadas o son insulinodependientes mantendrán la gratuidad de los medicamentos.
El PAMI, como muchísimas otras áreas y empresas del Estado, ha estado sometido a un largo vaciamiento, producto de años de populismo y corrupción. El gasto del Estado ha sido un profundo agujero negro del cual se han beneficiado muchísimos grupos y personas, cometiendo los más diversos delitos. Suena llamativo y decididamente injusto que se quiera hacer creer que ese desfalco lo haya producido un puñado de afiliados a esa obra social, entre los cuales están los que cobran, por ejemplo, más de una jubilación y media por mes, es decir, a partir de unos 8500 pesos.
Será que nos hemos acostumbrado a pensar en la falsa idea de gratuidad que nos parece normal saquear las cajas de jubilaciones, estatizar las cuentas de capitalización de los fondos de pensión y, en sentido contrario, jubilar alegremente, por lo general antes de alguna contienda electoral, a personas que no han hecho aportes a lo largo de toda su vida.
Por eso, también, más de uno puede confundirse y tomar como normal que una obra social deje intempestivamente de cumplir con sus obligaciones, por las cuales ha cobrado anticipadamente, argumentando para ello que no puede, que el sistema es deficitario, que hay razones de estricta justicia social o lo que sea que en el momento aduzca un funcionario.
¿Está bien que una obra social del Estado haga aquello que nadie permitiría a empresas privadas de medicina prepaga? Si resulta que el PAMI no puede cumplir regularmente obligaciones a su cargo porque está quebrado, hay muchas preguntas que necesitan respuesta. ¿Han detectado sus actuales autoridades a los responsables de esa quiebra? ¿Cuál es el plan de acción para sacar el organismo de esa gravísima situación? ¿Se trata de los efectos de una gestión negligente o de un saqueo fraudulento que debe investigar la Justicia?

La grave situación social y económica que atravesamos no justifica de ninguna manera la toma de decisiones arbitrarias que no tengan el debido respaldo constitucional. Es hora de dejar de transitar por senderos alejados de las normas, que tan malos resultados nos han legado por habernos desentendido, en muchos casos, de nuestro compromiso personal con la cosa pública.
(*) Editorial de La Nación del 25 de Enero de 2017