sábado, 29 de abril de 2017

Debate entre Delfina Rossi y Javier Milei

En "El Arranque" - Radio Zónica (*)
(*) Debate económico entre Delfina Rossi () y Javier Milei (@jmilei), el 28/04/2017. "El Arraque" es un magazine político conducido por Maximiliano Lequi (@MaxiLequi) de lunes a viernes de 10 a 11:30hs por www.radiozonica.com.ar
Publicado en el Canal Youtube de Radio Zónica el 29 de Abril de 2017

La maquinaria de la libertad

Por Albert Esplugas (*)
El anarcocapitalismo utilitarista de David Friedman
Creo que aunque hay ciertas tareas importantes que por motivos especiales son difíciles de realizar bajo instituciones estrictamente de propiedad privada, estas dificultades son en teoría, y pueden serlo en la práctica, solubles. Yo sostengo que no hay ninguna función adecuada para el gobierno. En este sentido soy un anarquista. Todo lo que el gobierno hace puede ser clasificado en dos categorías: aquello que podemos suprimir hoy y aquello que esperamos poder suprimir mañana. La mayor parte de las funciones gubernamentales pertenecen al primer tipo. David Friedman, The Machinery of Freedom[1].
El economista David Friedman, profesor de derecho de la Universidad de Santa Clara e hijo del Nobel Milton Friedman, es uno de los máximos exponentes vivos del anarco-capitalismo, a la par que uno de sus teóricos más heterodoxos. No hay servicio, afirma, que el mercado no pueda proveer de manera más eficiente y justa que el Estado, desde la sanidad a los tribunales, pasando por la enseñanza, la gestión de las calles o la policía. Friedman se define como un conservador goldwateriano que simplemente lleva el principio de la libertad más lejos que el célebre político republicano. De hecho a veces gusta llamarse, en su peculiar jerga política, un “anarquista goldwateriano”[2]. Aborda el anarco-capitalismo desde una perspectiva fundamentalmente pragmática, lo que le distingue de otros autores como Murray Rothbard o Hans-Hermann Hoppe que ponen el acento en los derechos naturales del hombre.
Friedman rechaza el utilitarismo como patrón último para determinar lo que debe hacerse y lo que no, pero considera que los argumentos de esta clase son en general los más eficaces para defender la doctrina libertaria. La gente tiene ideas muy diversas acerca de lo que es justo, sin embargo la mayoría coincide en que la felicidad y la prosperidad son propósitos deseables. Arguye Friedman que si, por ejemplo, aboga por la derogación de las leyes antidrogas alegando que violan los derechos individuales de los adictos, sólo convencerá a otros liberales. Pero si explica que las leyes antidroga generan delincuencia debido al aumento de los precios y que la baja calidad de los estupefacientes, principal causa de mortalidad entre sus consumidores, es típica de los mercado ilegales, probablemente entonces pueda convencer incluso a personas que no crean que los adictos tengan derechos. El profesor Friedman apunta otra razón por la cual emplea a menudo argumentos utilitaristas, que es que su especialidad es la economía y no la filosofía moral. Por otro lado opina que la primera es una ciencia más desarrollada que la segunda: se sabe más sobre las consecuencias de determinadas instituciones que sobre lo que es la justicia.
El anarco-capitalismo, dice el teórico libertario, no requiere ningún “hombre nuevo” para materializarse. “Una utopía que sólo es factible en una sociedad de santos es una visión peligrosa, porque nunca hay suficientes santos”[3]. Su tesis es que la viabilidad del anarco-capitalismo no requiere más “santos” de los que hay ahora (antes al contrario, le basta con menos), y una vez instaurado sería un sistema estable que dudosamente evolucionaría hacia un régimen estatista. Friedman considera que bajo instituciones gubernamentales la ley es como un bien público (porque se aplica a todos aquellos ciudadanos que se encuentran en una misma jurisdicción, hayan o no votado la ley) y en consecuencia es una “mercancía” subproducida. En este contexto, la “mala” legislación (la que beneficia a determinados grupos en detrimento de los demás) tiene un componente menor de bien público y es por lo tanto más abundante que la “buena” legislación (la que beneficia a todos). Friedman ilustra este fenómeno explicando que en un escenario en el que uno puede obtener 1000 dólares o bien mediante la derogación de un ingente número de leyes que favorecen intereses especiales o bien mediante la aprobación de una sola ley que favorezca su interés especial particular, será más costosa para el afectado la primera opción, aunque beneficie a la sociedad entera[4]. De ahí el extraordinario afán por servirse del sistema democrático para conseguir privilegios y socavar el libre mercado, lo que acaba redundando en perjuicio de todos. En una sociedad sin Estado, por el contrario, la ley dejaría de tener carácter de bien público, pues cada individuo compraría y obtendría su propia legislación. No así la promoción del estatismo, porque las políticas públicas deben aplicarse indistintamente sobre los individuos de un territorio dado y para un particular resultaría más costoso reintroducir el gobierno (aunque vaya a beneficiar a todos) que recurrir al libre mercado para lograr lo que desea. En realidad Friedman piensa que es el Estado mínimo y no la sociedad anarco-capitalista la que merece el epíteto de utópico, puesto que la lógica de los intereses especiales siempre acabaría dilatando el reducido sector público inicial. De hecho la imposibilidad del Estado mínimo se habría observado en la evolución del propio sistema norteamericano, que presuntamente se hallaba constreñido por una constitución liberal y es hoy un engendro intervencionista de titánicas dimensiones.
Examinemos ahora con cierto detenimiento el interesante juicio del profesor Friedman sobre algunas cuestiones más concretas.

Policía, tribunales y leyes

Friedman considera que en una sociedad sin Estado los servicios de policía podrían ser proveídos por agencias privadas de protección, cuyas prestaciones irían desde la colocación de vallas defensivas y alarmas a patrullas de gendarmes y sustitutos electrónicos. La composición del servicio la determinarían los costes y la efectividad de las distintas alternativas. A diferencia del Estado, que tiene nulos incentivos para proteger a sus ciudadanos (más bien tiene incentivos para expoliarlos), las agencias de protección competirían en un mercado libre y se verían empujadas a suministrar el mejor servicio al menor precio posible. Las diferentes empresas extenderían contratos entre ellas especificando el tribunal privado que resolvería los conflictos mutuos.
Si un individuo de una agencia fuera acusado de cometer un delito contra un individuo de otra agencia, la opción de un enfrentamiento violento entre ambas agencias sería absolutamente antieconómica (por el coste de los daños, porque el riesgo de pugna subiría los precios y los consumidores se desplazarían a empresas menos conflictivas y baratas…). Teniendo en cuenta que las guerras son caras y que se trataría de empresas con ánimo de lucro, éstas evitarían las disputas recurriendo a tribunales estipulados de antemano. Los tribunales, que a su vez competirían para captar a las agencias, ofrecerían un surtido de leyes que se ajustaría a la demanda del mercado. Las agencias patrocinarían los tribunales más eficientes y con una oferta de leyes más atractiva para sus clientes. En la práctica es posible que muchas empresas de protección, con el propósito de ahorrar complejidad a sus usuarios, contratasen el mismo tribunal y muchas cortes adoptasen sistemas de leyes idénticos o casi iguales. Si resultara confuso tener numerosos sistemas legales distintos, los tribunales tendrían un fuerte incentivo para uniformar sus leyes, lo mismo que las compañías papeleras tienen incentivos para estandarizan el tamaño de las hojas[5].
De este tipo de instituciones, sin embargo, no se seguiría necesariamente una legislación liberal. La ley estaría sujeta a la demanda de los consumidores y en tanto que éstos reclamaran disposiciones antiliberales el mercado las proveería. Pero, a diferencia del contexto estatista, “la demanda del mercado es en dólares, no en votos”[6]. La protección contra las agresiones tendría lógicamente una gran demanda, pero habría poco mercado para la sanción de “delitos sin víctimas”, puesto que no dañan a nadie físicamente. Y si el coste de una medida prohibicionista es mayor para los afectados que su valor para los promotores (lo que sucederá casi siempre), los primeros estarán dispuestos a pagar más para prevenirla que los segundos para implementarla y en consecuencia la ley no sobrevivirá[7].
Según David Friedman un sistema anarco-capitalista con suficiente aceptación popular estaría razonablemente a salvo de amenazas interiores y sería mucho más pacífico que un escenario estatista. Las agencias se financiarían mediante pagos voluntarios y competirían en el mercado, por lo que en el instante en que alguna procediera, por ejemplo, de manera belicosa, el consumidor podría contratar otra empresa y aquélla se quedaría sin clientes y sin fondos para proseguir con su fechorías. Como señala Friedman, sería como si un mandatario declarara una guerra y al día siguiente la población de su país se hubiera reducido a tres generales, veintisiete corresponsales y él mismo[8].
¿Podría producirse una colusión entre las distintas agencias para someter a la ciudadanía? Ante todo, ese sería un peligro menos probable si la población estuviera armada. Dicho esto, cabe considerar que en la actualidad la policía y el ejército también podrían sublevarse y tomar el control de las instituciones, y sin embargo no lo hacen. Según Friedman habría que presumir que existen ciertas restricciones morales internas que se lo impiden y que podrían darse igualmente en una sociedad sin Estado. De hecho hay razones para pensar que bajo el anarco-capitalismo el ansia de poder sería menor, pues las agencias estarían administradas por empresarios eficientes dedicados a complacer al consumidor, no por políticos que se arrogan el derecho a dominar al pueblo. Asimismo es preciso tener en cuenta que quizás la colusión fuera factible si hubiera sólo tres agencias de protección en todo el territorio, pero no si hubiera diez mil, porque entonces los consumidores se desvincularían de las que actuaran como gobiernos y se adherirían a las que custodiaran sus derechos. Y atendiendo al tamaño económicamente óptimo que una empresa de protección podría tener, Friedman considera que la cifra de agencias estaría más cerca de diez mil que de tres[9].
El sistema de justicia actual proporciona un mejor servicio a los individuos con rentas altas. Aunque el mercado de protección no proveería igualdad, sí mejoraría la posición de los más pobres. Friedman estimó en los años 70, cuando el gasto del gobierno estadounidense en fuerzas de seguridad y tribunales era de unos 40 dólares per cápita anuales, que en una sociedad anarco-capitalista un servicio de la misma calidad quizás podría costar 20 dólares, precio asequible para virtualmente cualquier familia norteamericana, máxime si se suprimen los impuestos.

Aislacionismo militar

Friedman se plantea la cuestión de la política exterior prescindiendo de si la ejecutaría un gobierno limitado o instituciones privadas. Su tesis es que una país / sociedad no puede tener una política exterior genuinamente libertaria (en tanto que “política exterior” implica la existencia de otros Estados; en un mundo anarcocapitalista, sin fronteras territoriales, ese concepto carecería de sentido).
Se distinguen dos posicionamientos básicos: el intervencionista y el aislacionista.
Bajo una política intervencionista una nación mantiene numerosas alianzas y apoya regímenes varios considerados de interés para la seguridad nacional. No es válido decir que estas ingerencias en los asuntos internos de otros Estados son ilegítimas per se, ya que son los individuos y no los Estados los que en rigor no pueden ser interferidos o agredidos. Otorgar inmunidad a los segundos es quitársela a los primeros, puesto que es conceder al Estado la plena libertad (el derecho a no ser agredido) para violar la libertad de su pueblo. Pero la política intervencionista es sensible a otro argumento, que es que su aplicación casi inevitablemente conlleva el sostén de regímenes opresivos. Coligarse con el Shah de Irán, explica Friedman, no sólo implicó defender a su país de las agresiones externas, también implicó armar a su policía secreta. Y si se está apoyando, entrenando, equipando, subvencionando las fuerzas que el gobierno emplea para someter a su pueblo, se es parcialmente responsable de esta coerción.
Bajo una política aislacionista una nación apenas posee socios y sólo interviene cuando es agredida. En el contexto de la guerra fría, por ejemplo, eso suponía sustituir las alianzas por un buen número de misiles termonucleares. Si la Unión Soviética atacaba Estados Unidos, éste debía responder lanzando sus cohetes sobre suelo ruso, y entonces el resultado hubiera sido la aniquilación de millones de personas inocentes, simples víctimas del sistema comunista y tan responsables de las decisiones del gobierno Moscú como cualquier norteamericano. Lo que afirma Friedman es que una guerra de auto-defensa también conlleva una vasta pérdida de vidas civiles.
Así pues, no parece que ninguna de las dos grandes categorías se ajuste al principio de no-agresión liberal. Habría alguna otra alternativa según el profesor Friedman, aunque poco halagüeña. Por ejemplo el empleo de guerrillas en lugar de alianzas o misiles. Pero dice que históricamente las guerrillas, sin apoyo externo, han sido poco exitosas enfrentándose a ejércitos regulares. Además, es dudoso que en una guerra de guerrillas se respeten más los derechos individuales, a menos que éstas limiten severamente sus actuaciones (y sus posibilidades de vencer). Se apunta a menudo que aun sin ejército una sociedad anarco-capitalista, armada y hostil, sería difícil de conquistar por un Estado, ya que carecería de la estructura administrativa necesaria para controlar a la población. Pero, como apunta Friedman, habría un método simple para someterla: se advierte a una ciudad del territorio libre que si no paga un tributo será arrasada con proyectiles. Si la ciudad se niega a ceder, el agresor lanza las bombas, se registra en video la masacre y se envía la cinta a la próxima ciudad, que probablemente pagará.
Aparte de la mera rendición, por lo tanto, no parece haber una estricta postura libertaria que sea aceptable. El profesor Friedman arguye que en estas circunstancias lo más sensato y práctico es un posicionamiento fundamentalmente aislacionista. Distintos objetivos en conflicto en el seno de la Administración derivan a menudo en una política exterior mal diseñada. A modo de ejemplo Friedman menciona el caso de Estados Unidos, que entró en una guerra por intentar defender a China de Japón, durante los próximos treinta años estuvo defendiendo a Japón, Corea, Vietnam… de China, y luego descubrió que era precisamente China su verdadero aliado contra la Unión Soviética[10]. El aislacionismo generaría de este modo menos disputas e incentivaría a los otros países afines a ser militarmente autónomos.

Crítica al apriorismo de la no-agresión

Para David Friedman el principio libertario de la no-agresión se antoja simple y verdadero sólo porque se aplica de manera selectiva a casos poco complejos. En realidad la materia es mucho más problemática y las máximas tradicionales del tipo “no puede iniciarse nunca la coerción”, “el hombre tiene pleno derecho sobre su propiedad, con la condición de que no viole los respectivos derechos de los demás”, no sirven para fundamentar todo el cuerpo teórico liberal[11]. Friedman es consciente de que su defensa del libertarismo en términos utilitaristas puede ser criticada muy duramente desde posiciones iusnaturalistas, ya que parece implicar que uno debe rechazar la libertad si descubre que algún método coercitivo funciona mejor. Pero la cuestión es que los principios liberales apriorísticos, tomados literalmente, presentan algunas dificultades que según Friedman parecen insolubles y producen ciertas conclusiones que virtualmente ningún libertario estará dispuesto a aceptar. Así pues, a partir del concepto de los derechos naturales no sería posible (al menos en la actualidad) deducir íntegra y consistentemente el modelo de una sociedad libre.
Friedman razona su punto de vista planteando sugestivos interrogantes y situaciones. Se pregunta, por ejemplo, qué es lo que debe entenderse por “trasgresión de la propiedad”. Si alguien dispara un láser de mil megavatios contra su puerta sin duda estará violando sus derechos de propiedad, pero ¿qué sucede si reduce la intensidad del brillo, por ejemplo al nivel de una linterna? ¿Dónde fijar una frontera? Si alguien enciende una luz en su casa y un vecino la percibe desde la suya, con el ojo desnudo o a través de un telescopio, significará que algunos fotones se han introducido en la propiedad del segundo sin que éste lo haya consentido. ¿Trasgresión de derechos? Algo similar sucedería con la polución. Si uno tuviera derecho absoluto sobre su propiedad, podría alegar que sus vecinos deben contener la respiración, porque cualquier molécula de dióxido de carbono que exhalen y penetre en su propiedad sin su consentimiento será una violación de derechos. Una respuesta a estos problemas, apunta Friedman, es sostener que sólo son admisibles las trasgresiones significativas. ¿Pero qué es una trasgresión significativa? Y si para contestar debemos examinar las consecuencias de las acciones ya estaremos emitiendo un juicio utilitarista.
Igualmente, dice el profesor Friedman, surgen problemas cuando se contempla la probabilidad de determinados efectos en lugar de su “volumen”. Emplea aquí la siguiente analogía[12]: si uno juega a la ruleta rusa con un tercero se considerará una violación de derechos, pero ¿y si la recámara tuviera mil o un millón de cápsulas? Si también se considera una violación de derechos, ¿significa que nadie puede realizar ninguna acción si existe la posibilidad de que ésta dañe a otro individuo? ¿Es legítimo que vuelen los aviones si sabemos que éstos tiene una probabilidad de 1 entre X de estrellarse contra una población?
Según Friedman, desde el iusnaturalismo no podemos responder por qué un elefante no puede cruzar nuestra propiedad y en cambio sí puede hacerlo un satélite a miles de kilómetros de altura. La teoría lockeana de la adquisición de la tierra (nos apropiamos de la tierra cuando mezclamos nuestro trabajo con ella) tampoco sería útil para determinar por qué si despejamos un bosque no nos apropiamos sólo del valor añadido fruto de nuestro esfuerzo, sino de la tierra entera[13].
Pero habría otros problemas además de los relacionados con la acotación de los derechos de propiedad. También un sistema legal libertario suscita espinosos interrogantes. Raramente un juicio produce una certeza de culpabilidad. Si existe un 2% de posibilidades de que un condenado sea inocente y se violen, por tanto, sus derechos, ¿puede legitimarse la sentencia de culpabilidad desde principios iusnaturalistas? ¿Qué podemos decir a priori de la justeza de un determinado margen de error? Y en cuanto a la pena, ¿cómo derivar del principio de no-agresión el castigo o la indemnización adecuada?
Dejando de lado las situaciones que acaso entrañarían violaciones menores de derechos, Friedman indica que podemos imaginar otro tipo de escenarios comprometedores para los libertarios. Si en una propiedad privada en la que se prohíbe portar armas alguien saca un rifle y se dispone a disparar a la multitud, ¿debe uno abstenerse de quitar el arma al maníaco y emplearla para contenerle? Eso parece, si hay que ceñirse a los principios, pero es dudoso que encontremos muchos liberales dispuestos a ser consecuentes.
Friedman sugiere la posibilidad de sustituir la máxima tradicional de la no-agresión (“nunca iniciar la coerción”) por otra que nos remita al objetivo deseado: “minimizar la coerción”. De este modo, en el escenario anterior, un individuo podría transgredir los derechos del propietario quitándole el rifle al maníaco y salvar así numerosas vidas. El monto total de coerción sería mucho menor. Pero este precepto utilitarista tampoco satisface a Friedman, que no está dispuesto a aceptar algunas de las conclusiones que de él pueden derivarse. Por ejemplo, aunque minimizaría la coerción, se opone a que alguien robe un arma de 100 dólares para evitar que un asaltante le hurte 200. Otro problema sería que este criterio es fútil ante la disyuntiva entre un coste reducido de coerción y un coste enorme de cualquier otra cosa. Por ejemplo, si un asteroide estuviera a punto de colisionar contra la Tierra y la única manera de evitarlo fuera robando un artefacto perteneciente a otro individuo, la fórmula de la “minimización de la coerción” no nos autorizaría a sustraer el artefacto, porque una catástrofe natural no es ningún tipo de coerción, y entonces perecería toda la humanidad[14].
Una posible respuesta a todos estos planteamientos, señala Friedman, sería que el libertarismo es un principio absoluto, si bien las máximas simples tradicionales (no-agresión etc.) son en realidad aproximaciones a unas pautas más complejas y sutiles, y por tanto es lógico que en determinadas situaciones difíciles las aproximaciones no resulten adecuadas. El profesor Friedman dice simpatizar con este punto de vista, pero aclara que no es muy útil para enfrentarse a las cuestiones del mundo real, al menos hasta que alguien concrete cuáles son realmente estos principios.
Otra posible respuesta, con la que Friedman también simpatiza, es que hay distintos valores importantes que no pueden ser clasificados en una simple jerarquía. La libertad sería un valor, pero no el único.
Una tercera respuesta, característica de los iusnaturalistas, es que no hay ningún conflicto entre la libertad a priori y el utilitarismo, quizás porque existe una conexión profunda entre ambos. Las problemáticas planteadas anteriormente debieran interpretarse entonces como una combinación de errores sobre lo que es posible (por alguna razón esas situaciones no podrían ocurrir en el mundo real) y errores acerca de lo que verdaderamente implican los correctos principios liberales.
La conclusión de Friedman es que el libertarismo no es una colección de proposiciones simples e inequívocas, sino un intento de aplicar ciertas nociones económicas y éticas a una realidad muy compleja[15].

Notas



[1] Friedman, David, “The Machinery of Freedom, Guide to a Radical Capitalism”, 2º ed. La Salle, IL: Open Court, 1989, pág. 19.
[2] Íbid. Pág 13.
[3] Íbid. Pág. 148.
[4] Íbid. Pág 157.
[5] Friedman trata este tema y refuta algunas objeciones en “Law as a Private Good, A Response to Tyler Cowen on the Economics of Anarchy”,Economics and Philosphy, 1994
[6] Friedman, David, “The Machinery of Freedom, Guide to a Radical Capitalism”, 2º ed. La Salle, IL: Open Court, 1989, pág. 127
[7] Friedman habla en profundidad del análisis económico del derecho en su obra “Law’s Order: An Economic Account”, Princeton University Press, 2000; consultable en la red: También versa sobre la eficiencia de la ley su trabajo “Anarchy and Efficient Law”, en For and Against the State
[8] Friedman, David, “The Machinery of Freedom, Guide to a Radical Capitalism”, 2º ed. La Salle, IL: Open Court, 1989, pág. 123
[9] Íbid. Pág. 124
[10] Íbid. Pág. 214
[11] Los capítulos 41,42 y 43 de “The Machinery of Freedom”, en los que Friedman discute esta cuestión, se pueden consultar íntegros en su página web.
[12] Friedman, David, “The Machinery of Freedom, Guide to a Radical Capitalism”, 2º ed. La Salle, IL: Open Court, 1989, pág. 169.
[13] Friedman intenta articular una defensa del derecho de la propiedad desde una perspectiva algo distinta en “Comment on Brody”, Social Philosophy and Policy, 1983.
[14] Friedman, David, “The Machinery of Freedom, Guide to a Radical Capitalism”, 2º ed. La Salle, IL: Open Court, 1989, pág. 175.
[15] Íbid. Pág. 176. Más trabajos e información sobre David Friedman en su página web.
(*) Albert Esplugas. Lic. en Comunicación Audiovisual. Fundador del Instituto Juan de Mariana. Colaborador del Instituto Mises de Barcelona. Artículo publicado el 28 de Abril de 2017

Bifocalidad y Justicia

Por Enrique G. Avogadro (*) 
"Un hombre común se maravilla ante las cosas poco corrientes; un hombre sabio se maravilla ante las cosas corrientes". Confucio 
Si el pensador chino, que murió quinientos años antes de la era cristiana, hubiera llegado a conocer la Argentina, habría estado permanentemente maravillado porque aquí compartimos, desde siempre, una realidad virtual, en la cual nada de lo que vemos o hacemos es cierto, mientras ignoramos las normas elementales que permiten a los hombres vivir en comunidad. No me refiero a las leyes, de por sí bastante extrañas y contradictorias, sino al modo en que las aplicamos, según nuestro personal punto de vista, en general reñido con el de la sociedad en su conjunto; y, en la duda, optamos siempre por el que más conviene a nuestro relato, individual o colectivo. 
Para ejemplificar a qué me refiero, basta con pensar que las normas establecen que quienes son procesados por delitos pueden permanecer en libertad mientas se sustancia el juicio y se llega a una sentencia firme, pero se niega dicho privilegio a aquéllos que, estando libres, pueden poner en riesgo la investigación, adulterar las pruebas o, simplemente, fugarse. Y los mismos criterios se aplican a los mayores de setenta años, aún con condena firme, respecto a la prisión domiciliaria; esto último se justifica especialmente porque ninguna sociedad civilizada combate a los supuestos caníbales comiéndoselos.
En estos días, los argentinos observamos con enorme perplejidad que dos jueces federales, los Dres. Ercolini y Bonadío, con el consentimiento de los respectivos fiscales que actúan ante sus juzgados, han concedido a Cristina E. Fernández y a su hija, Florencia Kirchner, autorización para realizar un paseo pseudo cultural por la vieja Europa, con el obvio propósito de exponer su inventada persecución política ante audiencias amenas y receptivas, como son los famosos izquierdistas "revolucionarios de escritorio"; si bien el segundo la otorgó bajo una caución real, el monto fijado resulta una nimiedad al comparárselo con las incalculables fortunas que la familia ha robado de las arcas públicas.
Creo que el asombro llega a Brasil, donde el proceso de limpieza contra la corrupción ha alcanzado cotas impensables en América Latina hasta hace muy poco, ya que muchísimos dirigentes políticos, gobernadores, senadores, diputados, empresarios, etc., se encuentran en la cárcel y a nadie se le ocurriría siquiera pedir algo así.
La viuda patagónica, recordemos, se encuentra procesada, entre otras cosas, por organizar y encabezar una asociación ilícita (un delito no excarcelable), fundada con el propósito de cometer una enorme multiplicidad de estropicios, de los cuales hemos sido víctimas todos y cada uno de los habitantes de este país, expoliado hasta la extenuación durante las sucesivas gestiones que compartió desde hace veinticinco años con su marido muerto; si como muestra basta un botón, allí tenemos a la Provincia de Santa Cruz, aunque ésta tenga una superficie comparable a la de varios países sumados y tenga bajo su suelo una riqueza saudí.
El choque entre este suceso y la realidad de las prisiones superpobladas de individuos detenidos sin sentencia firme por la comisión de delitos menores, como hurtos o arrebatos, ha producido una generalizada indignación, reflejada en las redes sociales y en las plataformas de peticiones públicas; y es razonable que así sea, toda vez que Cristina Kirchner y su entorno han demostrado hasta el hartazgo que están dispuestos a alterar las pruebas -como hicieron con los libros de las sociedades hoteleras involucradas- y entorpecer así cualquier investigación.
Esos hechos, ya probados, bastarían con enviar a la cárcel a cualquier pequeño comerciante, pero nuestros particulares jueces, que cuentan con narices más caras que las de los mejores perfumistas, son inmensamente tolerantes y permisivos ante quienes han ejercido, durante tantos años y con enorme fiereza, un poder omnímodo; no vaya a ser que, en una súbita recaída social, vuelvan al poder y quieran cobrarse las penas ahora aplicadas.
En otro orden de cosas, lo mismo parece suceder con aquellas personas que, como Hebe de Bonafini, son aún capaces de generar conflictos en la calle; aún tenemos fresco el recuerdo de cuando se negó a comparecer en Comodoro Py y el Juez aceptó interrogarla en la cocina de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El Dr. Eduardo San Emeterio y quien esto escribe la denunciamos -y, con ella, a la locutora del acto y a los organismos de pseudo derechos humanos firmantes del documento allí leído- por sus dichos en la Plaza de Mayo el 24 de marzo pasado; a más de un mes de haberlas radicado, no hemos sido llamados todavía a ratificar las denuncias, primer paso de la causa penal.  
En el otro extremo de ese espectro se encuentran los casi dos mil presos militares, ancianos (el promedio de edad es 76 años), la mayoría sin condena firme y cumpliendo prisiones preventivas que exceden en lustros el máximo legal permitido (dos años, más uno debidamente justificado), que se siguen muriendo en las mazmorras estatales por falta de atención médica adecuada. Acusados por testigos que, cuarenta años después, dicen haber construido colectivamente la memoria y reconocerlos por la voz o por el olor, privados de todo derecho a un juicio justo y víctimas de procesos judiciales amañados, cuatrocientos ya fallecieron (cincuenta lo han hecho desde el 15 de diciembre de 2015) y, naturalmente, el ritmo se incrementará con el mero transcurso del tiempo.
Cuando, muy esporádicamente por cierto, algún tribunal federal les concede el beneficio de la prisión domiciliaria -ayer fue el caso de un preso de 87 años, gravemente enfermo- la mayor parte de las veces no se hace efectivo porque otro tribunal la niega, y la saga continúa. Es que, rápidamente, se alzan los infames pasquines y las radios y canales de televisión que multiplican la vocinglera gritería de esos mismos organismos de pseudo derechos humanos que rechazan la democracia como sistema de vida y piden, a voz en cuello, el derrocamiento del Gobierno.
Nadie se pregunta, tratándose de los "genocidas", por qué se los mantiene en la cárcel, cuando no pueden alterar las pruebas del proceso ni corren riesgo de fuga. Es que a éstos, la sociedad los ha elegido como únicos receptores de la culpa general de haber llamado a las puertas de los cuarteles para parar el desmadre en que se había convertido el régimen peronista en 1974 y 1975, que amenazaba con despedazar el país.
Ya nadie recuerda -ni quiere hacerlo- cuántos civiles, en especial radicales, actuaron como funcionarios, ministros e intendentes del proceso militar, ni cuántos empresarios, obreros, comerciantes y estudiantes aplaudieron a rabiar a los generales golpistas. Es más cómodo transferir esa responsabilidad a unos pocos y lavar así los pecados colectivos, por más que, cuando la tragedia se produjo, esos pocos fueran extremadamente jóvenes y estuvieran en los grados más bajos del escalafón jerárquico; hasta el lamentable Gral. Milani entra en esta categoría, aunque deba permanecer en la cárcel hasta que sea condenado por ladrón.
Hace un año y medio, Mauricio Macri prometió terminar con lo que él mismo llamó el "curro" de los derechos humanos. Los argentinos, tan golpeados por la gigantesca crisis económica que nos dejó el kirchnerismo, necesitamos saber quién se llevó los más de US$ 2.500 millones en extrañísimas indemnizaciones, cuyos destinatarios el Gobierno aún se niega a revelar.
Argentina se está reinsertando en el mundo, y una prueba de ello será su próxima integración a las grandes mesas de discusión del comercio mundial, en especial en el área del Pacífico, así como la importancia que nuestro país está recuperando en la región, reconocida a través de los viajes presidenciales a China y la visita de grandes personalidades mundiales, como Angela Merkel. Evidentemente, mucho ha cambiado ya y, después de octubre, ese cambio se acelerará, cuando la esperable victoria electoral del Gobierno derrumbe la falsa prudencia de los inversores, sobre todo de nosotros mismos.
Pero debemos recordar que, para que esas esperanzas se transformen en realidades concretas, debemos tener una Justicia independiente, seria, confiable y rápida; con ella, todo será posible pero, sin ella, nada lo será.
Bs.As., 29 Abr 17
 
(*) Enrique Guillermo Avogadro. Abogado
E.mail: 
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Fuente: Comunicación personal del autor

lunes, 24 de abril de 2017

Para bajar la inflación hay que reducir el déficit fiscal

Por IDESA (*)
Por la aceleración de los precios, el Banco Central adoptó una estrategia de contracción monetaria. Esto implica tasas de interés más altas y atraso cambiario lo que retarda la recuperación de la producción. Las críticas no deberían orientarse hacia el Banco Central sino al resto de las áreas que toman decisiones de gasto público no coherentes con la meta de inflación adoptada. Para bajar la inflación se requiere más austeridad e innovación en la gestión del Estado.
La meta de inflación adoptada por el gobierno nacional para el año 2017 se ubica entre el 12% y el 17% anual. Sin embargo, el crecimiento de los precios en el primer trimestre del año fue del 2,1% promedio mensual lo que implica una proyección de inflación anual del orden del 28%. Ante una brecha tan amplia entre la inflación observada y el objetivo planeado, el Banco Central decidió elevar la tasa de interés de referencia.
La estrategia generó encendidas polémicas. Con fundamento, se endilga que esto aletargará la esperada recuperación en la actividad productiva. La explicación es que provoca un encarecimiento del crédito y movimientos especulativos que hacen que el valor del dólar se mantenga relativamente estable, lo que ante una elevada inflación genera atraso cambiario. La mayoría de los sectores productivos se verán afectados negativamente, en especial, los exportadores y las industrias y servicios que compiten con las importaciones.
Para evaluar las posibilidades que el Banco Central tiene de alcanzar la meta inflacionaria resulta pertinente trazar algunos paralelos con el pasado reciente. Según datos del Ministerio de Hacienda se observa que: 
  • Entre los años 2009 y 2013 la inflación fue del 23% anual y el déficit fiscal alcanzó en promedio al 3% anual.
  • Entre los años 2014 y 2016 la inflación fue del 36% anual y el déficit fiscal alcanzó en promedio al 6% anual.
  • Para el año 2017 la meta de inflación es de entre el 12% y 17% anual pero en el primer bimestre el déficit fiscal se ubicó por encima del 6% del PBI.
Estos datos sugieren una cierta correlación entre la magnitud del déficit fiscal y la tasa de inflación. Ciertamente que no se trata de una proporcionalidad directa ya que la inflación depende de muchos factores, además del fiscal. Pero los órdenes de magnitud señalan una visible contradicción entre el tamaño y la tendencia del déficit fiscal y el objetivo de que la inflación no supere el 17% anual. En otras palabras, se adoptó una meta de inflación que exige una reducción de gasto público mucho más rápida y profunda que la que se viene aplicando.
Se argumenta que la gradualidad en el ordenamiento de las cuentas públicas busca evitar los costos sociales de un ajuste fiscal más rápido. Sin embargo, posponer decisiones que apunten a dar racionalidad al sector público también genera costos sociales. Ante un gasto público que no baja, el Banco Central se ve forzado a adoptar una estrategia monetaria que –vía encarecimiento del crédito y atraso cambiario– aletarga la recuperación. ¿Es socialmente menos costoso demorar la reactivación de la producción que tomar medidas para reducir el gasto público?
Hay ejemplos en los que la gradualidad, tomada por decisión propia o porque lo obliga la Justicia o la oposición, implica profundizar costos sociales. Son los casos de seguir asignando una enorme masa de recursos a subsidiar las tarifas de los servicios públicos de la región metropolitana. Quienes viven en el interior no acceden a esos subsidios y además soportan las consecuencias de las políticas monetarias contractivas que el exceso de gasto público obliga. En el mismo sentido, hay costos sociales en seguir demorando la reforma del sistema previsional, en no desmantelar estructuras burocráticas heredadas en el sector público nacional cuyas funciones se superponen con las provincias y los municipios, y en seguir manteniendo un sistema tributario altamente distorsivo e inequitativo.

La polémica por la política monetaria contractiva no debería apuntar al Banco Central sino a las decisiones de gasto público que se toman en el resto del sector público. Sin una dinámica más propensa a la austeridad, a la innovación y a la calidad en la gestión del Estado, no solo que no se podrá bajar la inflación, sino que no hay posibilidad de iniciar el ansiado ciclo de crecimiento económico con inclusión social. 
(*) IDESA. Informe N°700 del 16 de Abril de 2017

Irónicamente, los carapintada ganaron esa batalla porque habían perdido la guerra

Por Claudia Peiró (*)
30 años del primer alzamiento carapintada
(Entrevista al politólogo Dr. Eugenio Kvaternik)
Después del levantamiento de Semana Santa, "Alfonsín aparece forzado a hacer en contra de su voluntad  lo que siempre había querido hacer", es decir, limitar el número de procesados por violaciones a los derechos humanos y por la lucha armada. Esto lo escribió Eugenio Kvaternik en el prólogo del libro de Pablo AnzaldiLos años 70 a fondo. Cargar la responsabilidad de la represión ilegal en los altos mandos, como proponía Alfonsín, le parece más justo que lo que llama "la teología" que "nos han dejado como legado" el kirchnerismo y los organismos de derechos humanos, "en la que hay un demonio que nunca fue ángel, la contrainsurgencia, y un ángel que nunca fue demonio: la insurgencia".
En esta entrevista con Infobae, Kvaternik se muestra escéptico sobre la posibilidad de una solución que refleje de modo más acertado una responsabilidad que fue "desigual pero compartida". Cree que sólo queda seguir diciendo la verdad. Es lo que intenta en esta charla, en la cual fustiga la hipocresía y el cinismo de los dos partidos históricos, el radicalismo –que no acompañó a Alfonsín como debía en este tema- y el peronismo, pero también del PRO.
El alzamiento carapintada fue una consecuencia directa de ese espíritu, de políticos que cuando podían apoyar una solución razonable al tema de las secuelas de la violencia de los 70, "se negaron a hacerlo" y cuando quisieron hacerlo "llegaron tarde".
—¿Qué caracterización hace usted del levantamiento carapintada?
— Yo me acuerdo de una imagen que utilizó el politólogo norteamericano Samuel Huntington cuando analizaba estos levantamientos post transición democrática. Él decía que había sido como cuando, sobre el final de la guerra, los alemanes derrotan a los Aliados en la batalla de las Ardenas, en Bélgica, pero la guerra ya la habían perdido. Utilizando esa metáfora, este levantamiento se puede entender así: irónicamente, los carapintadas ganaron esa batalla porque habían perdido la guerra. Y Kirchner se benefició, y no tuvo ningún alzamiento militar, precisamente por ese motivo. Después de Semana Santa, los militares no podían hacer nada más con actos de fuerza desde el Ejército. Y es por eso que algunos de ellos, los principales protagonistas, como Aldo Rico y otros, se dedican a la política, porque tienen claro que vía revuelta armada los militares habían perdido.
— ¿No fue un intento de golpe de Estado?
— No, no. El levantamiento fue una consecuencia del fracaso de la Ley de Punto Final que el gobierno había enviado al Congreso a fines del año 86 y cuyo objetivo había sido acotar el número de los jefes y oficiales imputados por excesos en la guerra antisubversiva. La idea de Raúl Alfonsín era que con esa ley el número de jefes y oficiales juzgados fuese, grosso modo, de aproximadamente cuarenta. Pero la Justicia torpedeó el proyecto, prolongó el plazo y en lugar de 40 encausados como estimaban Alfonsín y sus asesores, elevó el número a 400 y así desencadenó el levantamiento carapintada.
— Usted distingue al alfonsinismo de Alfonsín, ¿por qué?
— Porque Alfonsín procesó a las dos cúpulas, a la militar y a la insurgente, mientras que el alfonsinismo reivindicó solamente el juicio a los militares y se llamó a silencio, con honrosas excepciones, sobre el caso de la guerrilla. Fíjese que los carapintada hablaban muy bien de Alfonsín, no así del alfonsinismo. En rigor de verdad, la semilla de la política de derechos humanos del kirchnerismo está en parte en la actitud del alfonsinismo, pero también del peronismo. La ética de la convicción vergonzante, de una parte del alfonsinismo, a la que se acopló el peronismo que creía a la vez en la ética de la responsabilidad y en la ética de la convicción, es decir en ninguna, abrió la puerta a la ética de la convicción perversa del kirchnerismo.
— Usted señala en algunos peronistas una actitud algo oportunista porque el peronismo tendría buenos vínculos con los carapintadas…
— Cuando surgió el alzamiento carapintada algunos políticos peronistas de la provincia de Buenos Aires como Luis Macaya, que después fue vicegobernador, se acoplaron a los carapintada. Pero antes del levantamiento, en el 84, cuando Alfonsín procesa a las Juntas y a las cúpulas, tanto el radicalismo como el peronismo se oponen. Ambos partidos mayoritarios, cambian luego de actitud en el 86 porque votan la Ley de Punto Final y en el 87 la Obediencia Debida. Mi argumentación sería: lo hacen en el 86 a desgano y forzados en el 87. Si lo hubiesen hecho convencidos en el 84 cuando Alfonsín procesó a las Juntas y a las cúpulas guerrilleras no hubiera habido Ley de Punto Final en el 86, ni levantamiento de Semana Santa ni otras secuelas posteriores. O sea, hicieron lo que tendrían que haber hecho en el 84 en el 87, muy poco y muy tarde. Gorbachov decía que la vida castiga al que llega tarde. Y antes que él, San Agustín dijo que el pusilánime es alguien que cuando pudo no quiso y que cuando quiere no puede. En síntesis, ninguno de los dos partidos mayoritarios asumió el problema de las secuelas de la guerra antisubversiva como una cuestión de Estado, como sí lo hicieron las fuerzas políticas en Uruguay. Ambos se negaron a hacerlo cuando podían y llegaron tarde cuando querían.
— Usted rescata el enfoque que le quiso dar Alfonsín como más ecuánime o más justo para saldar ese período.
— También rescato los indultos de Carlos Menem. Alfonsín, al acotar el número de procesados con su teoría de los tres niveles de responsabilidad -los que dieron las órdenes, los que cumplieron con la obediencia debida y los que se excedieron en el cumplimiento-, actuó de acuerdo a lo que Max Weber llamaba las dos éticas, la de la convicción y la de la responsabilidad. La primera requería sancionar a quienes de uno y otro bando fueron los responsables de la violencia. Y la ética de la responsabilidad, porque quiso acotar el número de encausados. Menem, en cambio, es más un hombre de Estado, decide únicamente por una ética de la responsabilidad. O sea, atento sólo a las consecuencias. En el caso de Menem a esta lógica va adosado un criterio, creo yo, como el que se aplicó en algunos de los países de la Europa post comunista respecto de la violación de los derechos individuales bajo el comunismo: que como es prácticamente imposible castigar a todos, no se debe castigar a ninguno. O sea, no se trata de una ética consecuencialista sino de una estrategia que se ajusta a la fuerza de las cosas.
—Ahora bien, esos indultos les quitaron a los militares una bandera, una reivindicación aglutinante, y ello, sumado a la eliminación del servicio militar obligatorio, ¿no explica en parte las razones por las cuales cuando Kirchner llega al gobierno una década después no enfrenta ninguna resistencia?
—Eso es una parte muy importante pero no me parece todo. Es todo un proceso. Pero desde el punto de vista, no sé cómo llamarlo, filosófico o de espíritu de época, el problema está en que en la sociedad argentina los partidos políticos no asumen el tema de las secuelas de la guerra antisubversiva como lo hicieron los partidos uruguayos como una cuestión de Estado. Al no asumirlo de esa forma, terminó echándole la responsabilidad a todos los militares y desencadenaron un proceso que terminó en el kirchnerismo.
— Otra diferencia con Uruguay y también con Chile es que en esos países las fuerzas de izquierda, no sólo la izquierda armada, han asumido su responsabilidad en la escalada de la violencia. Acá no solo no lo hacen sino que al contrario…
— No, de hecho, en la última conmemoración del 24 de Marzo los grupos de derechos humanos reivindicaron la lucha armada. El problema es que no sólo no asumen su responsabilidad sino que también niegan el derecho del Estado a reprimir. La subversión no puede ser reprimida. Lanusse no podía reprimir a pesar de que instauró un tribunal civil para que los insurgentes fuesen enjuiciados de acuerdo al debido proceso. Tampoco tenía derecho a hacerlo porque fue un gobierno militar. Cuando viene Perón, con su legitimidad apabullante, tampoco tiene derecho a reprimir. Cuando Isabel, que es un gobierno legal, reprime a través del Operativo Independencia al ERP con el apoyo de buena parte de la sociedad civil tucumana y los dirigentes sindicales, tampoco tiene derecho a hacerlo. Lo único que se puede hacer con los insurgentes es amnistiarlos como hizo Cámpora. Insisto, no importa la naturaleza del gobierno, ninguno, militar, civil, peronista o no peronista, tenía derecho a hacerlo. No podía haber fusilados, ni presos, porque por definición un insurgente detenido, es un preso político. Por ende lo único que se puede hacer es lo que hizo Campora: amnistiarlo. Y si vuelve a tomar las armas, mejor.
En las guerras externas, entre dos Estados, cualquiera de los dos puede ser el agresor. En cambio, la particularidad de los conflictos entre insurgentes y contra insurgentes es que el agresor siempre es el insurgente y el Estado responde a esa agresión. La tradición liberal de la guerra justa, cuyo mayor exponente es el profesor de Harvard Michael Walzer, la única guerra justa es la guerra que repele la agresión. Entonces, el Estado argentino actuó justamente, con medios injustos, es cierto, pero actuó justamente. Ahora hemos invertido el paradigma, el Estado no tenía derecho a reprimir. De acuerdo a la teoría de la guerra justa, la agresión es injusta por definición y legítima la respuesta. Acá es exactamente al revés, nada es justo: no es justo lo que hizo Lanusse por procedimientos legales, no es justo lo que hizo Perón basado en su legitimidad, no es justo el Operativo Independencia. Lo único justo es la amnistía de Cámpora. El insurgente puede hacer de todo pero lo único que se puede hacer con él es no reprimirlo sino liberarlo porque cuando está preso no es un insurgente sino un preso político.
— El cuestionamiento es a la modalidad que adquirió esa respuesta.
— No, ahí discrepo. Es cierto que las desapariciones fueron una barbaridad pero ¿usted cree realmente que si en vez de haber habido desaparecidos hubiera habido fusilados por las leyes de la guerra, con tribunales militares sumarísimos, los grupos de derechos humanos lo hubiesen aceptado? ¿Qué hubiesen aceptado los grupos de derechos humanos? Salvo honrosas excepciones, porque nadie dice qué tendrían que haber hecho, cómo tendrían que haber reprimido los militares. Tampoco aceptaron la Cámara Penal Federal de Lanusse –un tribunal civil- que los juzgó por derecha y la rebautizaron "Cámara del terror".
— Bueno, le negaban legitimidad a Lanusse por ser un gobierno de facto. De todos modos cuando viene la apertura y gana el peronismo, lo que era parte de su objetivo, no cesó la lucha armada.
— No, por eso. Lo que digo es que el acto del 24 de Marzo y la reivindicación de la insurgencia, de la violencia de la década del 70, es una especie de repetición simbólica de la amnistía de Cámpora. En vez del "uno, varios, muchos Vietnam" del Che, es "una, varias, muchas amnistías" de las señoras Bonafini y Carlotto. Yo estuve en contra del golpe militar, no de la represión, pero sí de las desapariciones porque los militares decían que libraban una guerra, pero en realidad es un oxímoron porque es una guerra en la cual no hay caídos en combate sino que hay desaparecidos.
— Tampoco la guerrilla dice la verdad sobre sus objetivos. El otro día uno de sus referentes dijo en televisión que siempre había sido un demócrata. No se habla de lo que hubiese pasado si tomaban el poder.
— Una dictadura, como la cubana. Del conjunto de libros de los 70, el mejor creo es el de Héctor Leis, Un testamento de los años 70. Leis fue un jefe de los Montoneros. Él dijo "nosotros pensamos en eliminar a 250 mil personas y poner presas a 250 mil". Según esto, los Montoneros iban a matar a varias decenas de miles de personas más que los militares. También lo dijo Tzvetan Todorov, que acaba de morir, después de visitar aquí el Museo de la Memoria. Se preguntó qué hubiesen hecho los Montoneros y el ERP de haber tomado el poder. Si miramos otras dictaduras, dice, como la camboyana que mató a dos millones de personas. Pero si hubiese conocido el libro de Leis se habría dado cuenta de que no tenía necesidad de ir a Camboya sino que le bastaba la declaración de Montoneros para encontrar un paralelo.
— Una consecuencia del modo en que se ha resuelto esto es el vínculo de la sociedad argentina con sus militares. Las Fuerzas Armadas están totalmente deslegitimadas, aun para la función que deberían tener en tiempos "normales".
— Creo que el problema es que la sociedad argentina no asume que es una sociedad violenta. Porque esto empezó con golpes militares, con la violencia entre peronistas y antiperonistas, con el exilio interno del peronismo, después el exilio de Perón y siguió en los 70. Hoy es como si el único factor de violencia hubiese sido la represión del Proceso. La represión del Proceso es el colofón. La sociedad argentina lo que hace es buscar un chivo emisario y no asumir sus propias responsabilidades. El chivo emisario es una inducción sabia porque está en la Biblia, que es un libro sabio. Pero me parece que el chivo emisario está mal elegido. Porque además, no nos olvidemos de que los mismos que lo votaron a Alfonsín, básicamente por la derrota de Malvinas, son los que en la época del Proceso festejaban el Mundial, cuando los Estados Unidos y otras naciones del mundo criticaban a la Junta argentina por las violaciones a los derechos humanos, ellos tenían en los coches las obleas que decían "Los argentinos somos derechos y humanos". O sea, eran derechos y humanos y dejaron de ser derechos y humanos después de Malvinas.
— Muchos de los que hoy hablan de memoria, verdad y justicia, negaban lo que pasaba durante la dictadura.
— La Argentina tiene una parte de su dirigencia política, también la Iglesia, que es una de las grandes responsables de la violencia de los 70 -los Montoneros son todos de extracción católica-, que actúa todavía hoy como si no tuviese ninguna responsabilidad. La violencia fue una forma de hacer política en la Argentina de la cual los argentinos no se hacen responsables, le echan la culpa solamente a las Fuerzas Armadas.
— ¿Será por eso que en cualquier discusión, en cualquier conflicto, reaparecen términos que evocan esa violencia? Se apela a términos irreconciliables, blanco o negro, a comparaciones con la dictadura… ¿No son otras consecuencias de no haber saldado en términos correctos esa etapa?
— Claramente, por eso yo insisto, porque nadie hizo un acto de contrición ni de un lado ni del otro y la dirigencia política… Hablamos de los peronistas pero los radicales le dieron al Proceso intendentes, altos funcionarios, embajadores. Aquí parece que nadie tuvo nada que ver.
— ¿No cree que es un error, por parte de los militares que hoy están presos, que no tienen mucho que perder, el no decir "sí, hicimos esto, podemos aportar estos datos"?
— Creo que sí. Yo creo que los militares cometieron gravísimos errores, además de los crímenes. Que las madres guerrilleras tuvieran al hijo y después mataran a la madre, es una barbaridad. Pero no tengo muy claro quién tiene las listas, no sé cuántos saben realmente. Algunos sabrán…
— No creo que haya una lista centralizada. Pero los que están enjuiciados tal vez podrían reconocer, porque de todas formas los van a condenar.
— Pero en ese caso lo que se debería imponer es una política que no existe, una política de acortamiento de penas por brindar información, y eso no existe. Vuelvo al tema de que no se puede reprimir. Cuando el Congreso vota la amnistía de Cámpora (1973) el doctor Tróccoli que era el jefe de la bancada radical propuso que al mismo tiempo que se daba la amnistía a los guerrilleros se indemnizara a los policías y a otros servidores del orden público caídos víctimas de la insurgencia. Y la Cámara se niega.
— Igual que ahora.
— Se viene repitiendo desde hace 40 años. Y es el antecedente directo de lo que pasó con los conscriptos muertos en el ataque al cuartel de Formosa. Teóricamente, iban a indemnizar a las familias, pero hasta ahora no se ha implementado. Y sí se indemnizó a los guerrilleros que cayeron en esa acción porque el oxímoron no es sólo de los militares, es también de los grupos de derechos humanos. Dicen lo mismo: no hay caídos en combate, hay desaparecidos. En el Museo de la Memoria no figuran como combatientes sino como desaparecidos. Fernando Abal Medina, por ejemplo, que murió en William Morris, en un enfrentamiento con la policía, figura como desaparecido.
— ¿Qué opinión le merece el debate sobre el número de desaparecidos?
— Como el Indec de Moreno, tenemos el Indec de la insurgencia.
— Ahora quieren fijar por ley esa cifra, lo que implicaría una obturación de cualquier investigación histórica, periodística…
— Es una ley que instituye el comisariato político de la memoria. Ya no podemos pensar, no podemos decir la verdad. No podemos decir que fueron 7 mil, 9 mil, 8 mil o 7.500 como dice Graciela Fernández Meijide, que dice muy bien que no puede haber dos números…
— Puede haber una estimación, pero no dos números tan disímiles.
— Con esto se institucionaliza coercitivamente la mentira como verdad. Es lo mismo que el Indec de Moreno: la inflación era un 20, un 30 por ciento, y él decía que era un 8. Los desaparecidos son 7 mil, no, según el Indec de la insurgencia, son 30 mil.
— Supongamos que usted tuviera que asesorar a un político…
— No, no, lo último.
— Bueno, al Estado argentino, acerca de cómo tener un cierre de esta etapa que sea lo más justo posible. ¿Qué sugeriría?
— Cierres justos hemos tenido, pero la sociedad argentina no los aceptó. Cierres justos fueron el de Alfonsín o el de Menem, la sociedad argentina no los aceptó. Entonces ¿de qué cierre justo podemos estar hablando? Ahora ya no… Esto se podría haber resuelto hace 20 años. Hubo dos resoluciones, la de Alfonsín y la de Menem. La sociedad argentina no aceptó eso, ya está. Yo no tengo propuesta. En ese sentido, soy muy pesimista, aunque algo podemos hacer. Lo que podemos hacer es decir la verdad, yo con eso me contento. Como dicen los Evangelios, que son libros sabios, "la verdad os hará libres". Sólo la verdad nos ayudará a recuperar la memoria perdida en doce años de lavado de cerebro kirchnerista.
— En la década de los 80 ó 90 el debate sobre los 70 estaba limitado a algunos círculos, hoy está masificado pero con una visión mucho más distorsionada que la que se podía tener en los 80. La masificación fue inversamente proporcional a la verosimilitud de lo que se cuenta.
— Es más a mi favor. En mi trabajo cito a Tocqueville que dice que los estados democráticos son muy dogmáticos. Tienen verdades de las cuales no se bajan. Argentina asumió esta verdad dogmática de que los militares fueron los únicos responsables de todo lo que pasó, nadie más, y se adoptan los 30 mil. Y a ese dogma democrático le dan fuelle los grupos de derechos humanos. Aunque yo no lo veía como una cosa tan masificada, pensé que pasaba más por grupos de élite, periodistas, intelectuales, universitarios, etcétera… Pero digo, Argentina no aceptó lo que hicieron los chilenos, ni lo que hicieron los uruguayos, ni lo que hizo Alfonsín, tampoco lo que hizo Menem. ¿Entonces qué se puede hacer ahora? Miremos lo que pasó en la celebración del 24 de Marzo: la única persona del oficialismo que se animó a levantar la voz y fue (el ministro de Cultura, Pablo) Avelluto. Nadie del radicalismo, ni de la Coalición Cívica, ni del PRO, ni la doctora Carrió, que vive haciendo declaraciones, nadie abrió la boca para condenar esto que fue una reivindicación explícita de la violencia. El presidente no dijo nada, sus ministros no dijeron nada, los jefes de los distintos bloques de Cambiemos tampoco. El que calla, otorga. Si los políticos, que están en la sociedad democrática para resolver los conflictos, no dicen nada… Es como si no tuviesen historia, como si fueran vestales impolutas.
— ¿Por qué cree que pasa eso?

— Es la mezcla de hipocresía y de cinismo que caracteriza a la sociedad argentina. De la cual la hipocresía es la expresión del partido radical y el cinismo, del peronismo. Y el PRO es un híbrido, es una mezcla de los dos, lamentablemente.
(*) Claudia Peiró. Periodista. Entrevista realizada al Dr. Eugenio Kvaternik y publicada en Infobae el 16 de Abril de 2017.